De acuerdo con la información recabada por La Unión de Morelos, el proyecto que se afina en el Congreso del Estado, producto de las mesas de trabajo entre abogados, legisladores y representantes de los tribunales, impactaría significativamente a los órganos del Poder Judicial.

El Tribunal Superior de Justicia, que se ha pronunciado en contra del proyecto, sería el primer afectado en virtud de que se le arrebataría la representación del Poder Judicial para cederla a un nuevo órgano judicial que se crearía en sustitución del Consejo de la Judicatura.

El número de magistrados numerarios se incrementaría de 13 a 16, porque los tres magistrados supernumerarios de la actual Sala Auxiliar pasarían a ser numerarios como el resto de sus homólogos.

Además, se prevé la creación de un Tribunal Constitucional (principal punto de divergencia) y adherir al Poder Judicial el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje bajo una nueva denominación: Tribunal de Trabajadores del Servicio Público del Estado de Morelos.

Al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes se pretende cambiarle el nombre a Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes y aumentar de uno a tres el número de magistrados.

Respecto al Tribunal Estatal Electoral, se propone modificar el periodo de los tres magistrados de cuatro a seis años en el cargo y aumentar de cuatro a ocho años un segundo periodo en caso de ratificación.

En torno al Tribunal Contencioso Administrativo, no se contempla modificaciones sustanciales aunque sería uno de los tribunales más beneficiados en caso de conseguirse la autonomía financiera del Poder Judicial, porque podría aspirar a mayor presupuesto y dejar de ser relegado como ha sucedido en los últimos años.

Cabe destacar que este año el TCA consiguió un aumento a su presupuesto de sólo 186 mil pesos, que es invertido en la renta de una oficina adicional donde se reubicó a parte del personal.

Asimismo, la reforma propone desaparecer el Consejo de la Judicatura y sustituirlo por el Consejo de Administración y Disciplina del Poder Judicial, que sería integrado por los representantes de seis tribunales (TSJ, TUJA, TCA, TECA, TEE y Tribunal Constitucional, en caso de crearse) y un representante de los jueces.

En este nuevo órgano, la presidencia sería rotativa cada año entre los presidentes de cada uno de los tribunales y desparecerían las representaciones actuales del Poder Legislativo y Ejecutivo, que actualmente ostentan Ernesto Pérez Soria y Antonio Tallabs Ortega, respectivamente.

De igual manera, la reforma contemplaría la homologación salarial de magistrados y trabajadores de todos los tribunales, en virtud de que actualmente el Tribunal Superior de Justicia es la institución que mejores salarios paga a su personal.

Los primeros disensos

El Tribunal Superior de Justicia confirmó su inconformidad con la reforma al Poder Judicial y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes se sumó a los desacuerdos por considerar que el proyecto no propone subsanar primero las necesidades materiales y presupuestales de las instituciones.

El magistrado Andrés Hipólito Prieto, representante del TSJ en la mesa de trabajo para la Reforma Integral del Poder Judicial, insistió en que la propuesta es buena pero no contempla, primero, atender las deficiencias materiales y humanas de los tribunales y del sistema de justicia oral, cuya última etapa de implementación entrará en vigor en 2012.

Incluso, destacó, como ejemplo, que desde hace más de 10 años no se ha creado la Sala del Segundo Circuito con sede en Jojutla por falta de presupuesto e infraestructura, lo cual representa no sólo un incumplimiento de la ley sino una deficiencia que afecta los justiciables.

Además, dijo que si bien coincide con la propuesta de desaparecer al Consejo de la Judicatura, no comparte la propuesta de crear un órgano integrado con los presidentes de los tribunales no sólo porque son distintas las esferas jurisdiccionales sino porque se correría el riesgo de que este nuevo órgano de administración y disciplina se constituiría en una instancia que rebasaría a los mismos plenos, que actualmente son la máxima autoridad de cada tribunal.

Otro punto controversial en este tema es que podría haber invasión de este órgano sobre las decisiones y competencias de cada tribunal –por ejemplo- respecto a las quejas, amonestaciones y sanciones de su personal.

Por otra parte, la presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Ana Virinia Pérez Güemes, se manifestó en desacuerdo con la reforma por lo que toca al tribunal que dirige.

En particular, consideró que no es justificable aumentar de uno a tres magistrados puesto que es poca la carga de trabajo en segunda instancia, pues ella resuelve de dos a tres recursos de casación al mes.

Dijo que en lugar de nombrar más magistrados, es mejor crear nuevas plazas de jueces especializados ya que los tres juzgadores del TUJA sí enfrentan sobrecarga de trabajo y pese a ello hacen lo posible para atender los procesos de adolescentes en tiempo y forma.

También disintió de la propuesta de que el TUJA, junto con el resto de los tribunales, integre el Consejo de Administración de Justicia y Disciplina –sustituto del Consejo de la Judicatura- porque consideró que no habría empate en los asuntos de cada tribunal.