Magistrado visitador invita a acompañarlas de pruebas suficientes para poder proceder.
El magistrado visitador general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Bernardo Sierra Becerra, solicitó a los ciudadanos realizar denuncias de posibles irregularidades en los juzgados, pero acompañadas de pruebas suficientes para poder proceder.
Expresó que cualquier persona –justiciable o abogado– que sienta que hay algún perjuicio que estime o resienta en su contra tiene la facultad de presentar alguna queja, ya sea por escrito o en línea.
Explicó que una vez presentada la queja en la Visitaduría se cita a comparecer a servidor público involucrado para que responda a las acusaciones, siempre bajo el principio de presunción de inocencia, el respeto a sus derechos humanos, legítima defensa y debido proceso y, en su caso, deslindar responsabilidades.
Consideró importante presentar pruebas ante la autoridad; de lo contrario, la queja no tendrá éxito. “Quien se queja tiene que presentar pruebas porque si no presenta pruebas no nos da elementos para proceder”, refirió.
Sierra Becerra dijo que las quejas y su seguimiento permiten verificar el normal funcionamiento de los juzgados y hay plena disposición para que los justiciables, de los abogados, se acerquen a hacer sus denuncias para darles el tratamiento o la respuesta que proceda.
“Aquí ejercemos esa función de vigilancia sobre los órganos jurisdiccionales sobre el actuar y le estamos dando la atención a la ciudadanía que se acerque a nosotros, con toda confianza.
“Tenemos la oficina central en Obregón 209 o en el módulo en la Visitaduría de Leyva y realizamos visitas regularmente a los juzgados de la zona oriente y zona sur del Primer Distrito Judicial”, dijo.
Precisó que son varias las causas de responsabilidad para el servidor público y están previstas en la Ley Estatal de Responsabilidad Civil y en la propia Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia.
Por ejemplo, señaló que si no hay justificación para la omisión del dictado de sentencias esto podría ser susceptible de responsabilidad; sin embargo, insistió en que para ello sería necesario que la parte acusadora presente las pruebas.
De acuerdo con la gravedad de la conducta, podrían aplicarse sanciones que van desde el apercibimiento, la amonestación, la multa, la suspensión del cargo, hasta la destitución e inhabilitación del servidor público.
