La iniciativa de reforma pretende desclasificar como graves 10 delitos, entre ellos todos los delitos dolosos cometidos por los servidores públicos, e incluir siete delitos más como graves, cuya clasificación permitiría oficiosamente la imposición a los imputados de la presión preventiva como medida cautelar.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Cipriano Sotelo Salgado, insistió que una reforma de esta naturaleza es contraria al espíritu del sistema de juicios orales.

Sin embargo, destacó que lo peor es que se pretende nuevamente violentar la Constitución federal y convenir tratados internacionales, pues la reforma penal federal clasifica sólo tres delitos como graves (secuestro, violación y homicidio) y pondera el principio de presunción de inocencia.

“Nos parece que con esta propuesta de reforma se pretende dar al traste con todo el sistema de juicios orales, se viola la Constitución, los tratados internacionales, y se causa un daño irreversible a los imputados”, dijo al señalar que incluso, como está la clasificación de delitos graves en la legislación local, los imputados pueden recurrir al amparo y hasta demandar al estado.

Sotelo Salgado afirmó que existe fuerte presión de la Procuraduría General de Justicia no sólo para mantener sino para ampliar el catálogo de delitos graves, ante la incapacidad de los fiscales para reunir los elementos que demuestren la posible responsabilidad de los imputados.

“Nos consta que la procuraduría ha insistido en crear más delitos graves”, sostuvo el jurista, al señalar que desde el Poder Ejecutivo se ha frenado toda intención de contrarreforma para eliminar los vicios y errores en que incurrió la legislatura anterior.

Manifestó que la PGJ en lugar de tratar de alentar la ampliación del catálogo de delitos graves debe ceñirse al cumplimiento de la ley y preparar a sus operadores para que sean capaces de demostrar ante el juez la posible responsabilidad de los acusados.