Hasta el momento y con base en los resultados del padrón levantado en función de construcciones dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, son muchas las familias que quedaron a la intemperie y a quienes las instancias gubernamentales deberán apoyar para darles nuevo alojamiento, por lo que la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) propuso hacerlo en función de las miles de viviendas que se encuentran vacías en distintos municipios, indicó su vocero José Martínez Cruz

Recordó que en unidades habitacionales construidas a partir del año 2006 en lugares como Xochitepec, Jiutepec, Emiliano Zapata y Ciudad Ayala, por citar algunos, se habla de que tienen un mínimo porcentaje de ocupación y lo más prudente sería echar mano de lo que ya se tiene, a fin de superar esta contingencia.

Dijo que las instancias competentes en esa materia, que son las facultadas para desarrollar los procedimientos, estarían ofreciendo las condiciones y el método a seguir a fin de darle forma al caso. “No proponemos aspectos imposibles de desarrollar, serían instituciones gubernamentales las que pondrían en práctica estos apoyos bajo las normas oficiales”, aclaró.

Incluso, Martínez Cruz agrega que de aceptarse esta propuesta, debería ir acompañada de la entrega de equipamiento, a fin de hacer habitables esos espacios; es decir estufas, refrigeradores y los muebles indispensables en el hogar. Considera que lo más prudente es el lanzamiento de una convocatoria pública a la que se acojan los interesados. Agrega que los costos tendrían que ser transparentados para que no se den irregularidades.

Pero la CIDH igualmente estima que las reservas territoriales con las que cuenta el estado tendrían que ser usadas en parte para buscar solución al problema de la destrucción masiva de casas por el terremoto. Si las construcciones deshabitadas, que a juicio del mismo Infonavit suman más de dos mil, no son suficientes, pues se pudieran desarrollar proyectos en las reservas disponibles.

En conclusión, estimó Martínez Cruz, es de considerar que sí existen posibilidades reales de hacerle frente a este problema, sólo es cuestión de que se pongan de acuerdo los niveles de gobierno, estatal y federal para que se avance de forma importante y se apoye a muchos morelenses que se sienten en desgracia.