La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el artículo 13 de Ley General de Víctimas, que prevé reparación del daño si el inculpado se sustrae de la justicia.

A propuesta del ministro Zaldívar, la primera sala resolvió el amparo en revisión 79/2017, en el que estableció la legalidad del artículo 13 de la Ley General de Víctimas, que estipula que si el o los presuntos responsables se sustraen de la justicia, se debe entregar a la víctima la suma que garantiza la reparación del daño.

Consideró que el artículo no prejuzga sobre la culpabilidad del inculpado, sino que se trata de una sanción por haber cometido un hecho ilícito como la sustracción de la justicia y puesto en riesgo la reparación del daño. Lo anterior justifica que se hagan efectivas las garantías y se entregue el monto a la víctima.

En el caso, el recurrente era procesado por el delito de daños –al haber invadido un carril de circulación e impactado otro coche-, y se encontraba en libertad provisional bajo caución, pero se sustrajo de la justicia.

En consecuencia, el juez aplicó el artículo 13 de la Ley General de Víctimas y ordenó que se diera el importe del certificado de depósito a la víctima. Inconforme, el representante del inculpado promovió un juicio de amparo en el que alegó que dicho artículo violaba su presunción de inocencia, ya que se le trataba como culpable antes de que hubiera una sentencia firme.

Contrario a lo alegado por el inculpado, en el proyecto del ministro Zaldívar se sostuvo que dicho artículo no prejuzga sobre la culpabilidad del afectado, sino que tiene por objeto proteger a las víctimas y su derecho a que se les repare el daño.

En efecto, si el imputado se sustrae de la acción de la justicia, se paraliza el procedimiento penal hasta que se encuentre al imputado y, por tanto, se dificulta considerablemente que se le pueda reparar el daño a la víctima.

Entonces, el que se haga efectiva la garantía no significa que el imputado sea culpable, sino que es consecuencia de un hecho ilícito que entorpece la impartición de justicia.