Cuernavaca, Morelos.- La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por la realización de una investigación a fondo para deslindar responsabilidades por casos de presunto abuso policiaco, como el del joven que murió tras haber sido detenido en Cuernavaca. La organización –que ha documentado al menos 40 casos en dos años-, sostuvo que el gobierno del estado debe cumplir con la aplicación de protocolos de actuación policial, en cualquier detención.
En conferencia de prensa, José Martínez Cruz, representante de la CIDH, destacó el caso del joven Edwin, que murió minutos después de haber sido detenido por elementos de la Policía Morelos (antes Mando Único) en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El activista también sostuvo que por las propias versiones oficiales se hace evidente que los policías no estaban en riesgo y por lo tanto no tenían motivos aparentes para someter y agredir al detenido, por lo que es imperante una necropsia y que se sigan todas las indagatorias correspondientes.
Advirtió que el gobierno del estado debe cumplir los protocolos de actuación de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en la detención de indiciados o imputados, así como para la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y la cadena de custodia.
Recordó que dichos protocolos ya son obligatorios por ley, desde abril del 2015. Comentó que ese ordenamiento establece que “para realizar la detención de cualquier indiciado o imputado, los elementos policiales deben reducir las posibilidades de cualquier afectación a los derechos humanos que cause detrimento al servicio y el uso de la fuerza en forma gradual, y en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones, la cual deberá ser legal, necesaria, proporcional, racional y oportuna para hacer cumplir la ley, apegándose en todo momento a la normativa y a los principios de actuación policial”.
Mencionó que conforme a la versión del propio comisionado de seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, el joven fue detenido presuntamente cuando portaba un aparato electrónico, junto con algunos paquetes, al parecer droga, y se comenzó a convulsionar.
Apuntó que el mismo documento indica claramente que “cuando el indiciado o imputado ofrezca resistencia, los elementos policiales emplearán la fuerza de forma racional, oportuna y proporcional, de acuerdo a los distintos niveles y circunstancias, y si no acata cualquiera de las técnicas de persuasión, se hará uso de la fuerza necesaria para realizar la detención. El uso de la fuerza y de los instrumentos de sometimiento sólo se usarán por parte de los policías cuando sean sujetos de una agresión real, actual o inminente y sin derecho, que ponga en riesgo su vida o integridad física o cuando se encuentre en tal desventaja numérica o de equipamiento, que represente un peligro inminente de muerte o lesiones graves”.
En el caso de referencia, comentó Martínez Cruz, era evidente –tan sólo por la proporción numérica- que los policías no estaban en riesgo, ni mucho menos su vida. Por el contrario, el joven (según la versión del comisionado, subrayó), estaba dando signos graves de una mala condición de salud y no fue atendido.
José Martínez Cruz indicó, que de igual forma, es necesario que se realice una investigación a fondo y que se deslinden responsabilidades, en el caso del grupo de turistas de la Ciudad de México, cuyo testimonio se ha dado a conocer en días recientes, y que refiere una serie de anomalías.
