La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen de la iniciativa presidencial que establece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La ley busca unificar la tipificación y persecución del delito de extorsión en todo el país, que podrá ser denunciado de manera anónima y será perseguido de oficio, lo que permitirá a las autoridades iniciar investigaciones sin necesidad de denuncia formal.

El proyecto propone armonizar varios marcos legales federales, como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de proveer a los tres niveles de gobierno de herramientas legales uniformes para prevenir y combatir la extorsión.

También contempla medidas de protección y asistencia para víctimas, testigos y ofendidos.

La iniciativa establece penas de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quien obligue a otra persona a hacer algo, dejar de hacerlo o soportarlo sin derecho, con fines de beneficio o daño.

Las sanciones son más severas en casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean menores o migrantes, o si el agresor es un servidor público. 

Además, se endurecen las penas, sin posibilidad de salida anticipada ni reducción de condena, salvo en casos excepcionales cuando se colabore con la justicia. Se refuerza el uso del número 089 para denuncias anónimas, y el Ministerio Público deberá iniciar la investigación al tener conocimiento del delito.

Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión y diputado de Morena, señaló que la ley busca “establecer una política nacional integral contra la extorsión, combinando prevención, persecución penal, protección a las víctimas y recuperación de bienes”, considerando el impacto del delito en la seguridad pública y la economía.

El panista César Israel Damián Retes destacó que se deben ajustar detalles para que la ley combata de manera efectiva la extorsión que afecta a familias y comerciantes, especialmente por el cobro de piso.

Por su parte, Juan Ignacio Zavala, del PAN, expresó preocupación por la posibilidad de admitir pruebas obtenidas violando derechos humanos, aunque reconoció que el dictamen incorpora gran parte de las propuestas de su partido.

Alejandro Domínguez, diputado del PRI, se abstuvo al considerar que, aunque se revisaron las penalidades locales, falta un análisis estadístico sobre cuántas personas procesadas o sentenciadas por extorsión podrían beneficiarse de una reducción de sanciones según la reforma.

El dictamen se discutirá el próximo miércoles en el Pleno.