Samsung Electronics, con sede en Seúl y liderada por Lee Jae-yong, está considerando trasladar sus operaciones en México a otro país del continente, según informó el medio La Razón.
La decisión dependerá del resultado de un litigio fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una presunta doble cobranza del IVA relacionada con importaciones temporales virtuales del programa IMMEX.
El monto en disputa asciende a varios cientos de miles de millones de pesos, equivalente a seis años de utilidades, incluyendo intereses superiores al 9%, multas y recargos.
El conflicto gira en torno al programa IMMEX, que permite a las empresas importar insumos sin pagar impuestos si se destinan a productos de exportación.
La controversia surge por la modalidad de importación virtual, que permite vender productos terminados en México sin pagar nuevamente el IVA.
El SAT argumenta que este esquema ha sido usado de forma indebida, generando presuntas evasiones fiscales de hasta 250 mil millones de pesos anuales, según la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la doble cobranza vulnera el principio de legalidad tributaria.
La discusión entre las ministras Batres y Esquivel fue intensa en abril, pero la Corte no resolvió el conflicto y lo dejó pendiente para el nuevo pleno de ministros.
Samsung México, dirigida por Thomas Yun, enfrenta la posibilidad de pagar más de 300 mil millones de pesos o cerrar sus operaciones.
La situación podría afectar también a empresas estadounidenses del sector automotriz y aeronáutico que operan en México bajo el mismo esquema fiscal.
"Si se elimina la modalidad de importación virtual, las firmas de EEUU asentadas en México tendrían que asumir ese mismo trato fiscal”, advirtieron fuentes cercanas a la negociación del T-MEC encabezada por Marcelo Ebrard.
De concretarse la salida de Samsung, México perdería empleos clave en tecnología, vería afectadas sus exportaciones de electrónicos y electrodomésticos, y podría generar un precedente que desincentive la inversión extranjera bajo IMMEX.
