El Senado de la República aprobó este miércoles las reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y modificadas por las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos tras las audiencias públicas de esta semana.

La iniciativa fue aprobada en lo general con 76 votos a favor y 39 en contra, y en lo particular con 70 votos a favor y 39 en contra. Ahora, el proyecto se turna a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.

El senador morenista Javier Corral Jurado defendió la reforma, señalando que busca hacer más eficiente el juicio de amparo sin debilitar su carácter garantista y cerrar los vacíos legales que han permitido abusos procesales.

Durante el debate, se generó tensión por la inclusión de un artículo transitorio que establece que los juicios en trámite al momento de entrar en vigor la reforma se ajustarán a las nuevas reglas.

La oposición señaló que esto podría implicar retroactividad y afectar garantías constitucionales, mientras que el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que no se alteran derechos adquiridos y que la medida busca evitar el uso del amparo para retrasar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal.

La reforma también limita la suspensión del acto reclamado en ciertos casos, como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública, aunque mantiene la protección de derechos básicos como salario, alimentos, vivienda y mínimo vital.

Otros cambios incluyen la eliminación de requisitos sobre interés legítimo, daño “actual” y beneficio “directo”, y la incorporación de la posibilidad de afectación individual o colectiva. En materia fiscal, solo se podrá impugnar un crédito fiscal definitivo y se establecen mecanismos supervisados para garantizar el pago mientras dura el juicio.

Se amplió de 60 a 90 días el plazo para que los jueces dicten sentencia y de tres a cinco días el tiempo para presentar garantías, considerando a personas con menos recursos. Además, se mantuvo la posibilidad de sancionar a autoridades que incumplan con sentencias judiciales.

El dictamen recibió respaldo del PVEM y PT por evitar el uso indebido de amparos, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano lo calificaron de regresivo y señalaron riesgos para los derechos de los ciudadanos.