La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por su posible participación en una red de lavado de dinero y contrabando de combustibles, conocida como huachicol fiscal.
La pesquisa involucra a altos funcionarios, militares y empresarios, y podría revelar un esquema de corrupción de gran escala en el aparato estatal mexicano.
Según documentos citados por la periodista Azucena Uresti, Vector aparece entre las 555 empresas investigadas por su papel en la importación y comercialización de combustibles ilegales.
La FGR señala que la institución financiera habría facilitado el lavado de aproximadamente 220 millones de pesos, generados por el grupo Potesta, mediante la venta de combustibles disfrazados como lubricantes o aceites para evadir impuestos.
Un informe de inteligencia fechado el 18 de julio del año pasado identifica 109 empresas prioritarias por su papel central en la operación. Vector Casa de Bolsa figura en dos pruebas clave usadas por la fiscalía para solicitar órdenes de aprehensión, reforzando su presunta participación en el blanqueo de recursos.
Hasta ahora, 14 personas han sido detenidas, incluyendo marinos en activo y retirados, agentes aduanales y empresarios. Destacan los hermanos Farías Laguna, un vicealmirante y un contraalmirante; uno permanece prófugo y el otro ya fue capturado.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero adelantó que se preparan unas 200 órdenes de aprehensión adicionales contra empresarios, marinos y otros funcionarios vinculados al desvío de recursos y evasión de impuestos.
La respuesta de las autoridades ha sido limitada. El exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no se ha pronunciado, y el caso ha generado cuestionamientos sobre el conocimiento y responsabilidad de funcionarios de la administración pasada, incluido el expresidente López Obrador, así como de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.
A nivel internacional, autoridades de Estados Unidos, incluyendo el Departamento del Tesoro y el senador Marco Rubio, han señalado a Vector y otras instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles como el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
La firma ya había sido incluida meses atrás en una lista de entidades sospechosas por colaborar con el crimen organizado.
La investigación ha sido marcada por episodios de violencia y muertes de funcionarios relacionados, incluyendo el asesinato de un delegado en Colima, una investigadora y un marino, además de otros decesos accidentales y suicidios.
La carpeta de investigación, que supera las 500 páginas, muestra la complejidad de la red y la dificultad de desentrañar todas sus ramificaciones.
Varios detenidos ya han sido vinculados a proceso, y se espera que en próximas etapas judiciales surjan nuevos nombres y detalles que podrían ampliar aún más el alcance de la investigación y sus impactos políticos y económicos en México.
