Más de 133 mil personas están desaparecidas en México, y alrededor de 72 mil restos humanos permanecen sin identificar, según alertó el activista Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
La cifra refleja una crisis que no se detiene pese a los avances legislativos e institucionales de los últimos años.
En entrevista con EFE, Cortez destacó que desde la Ley General en Materia de Desaparición de 2017 se han creado 76 legislaciones estatales y 124 instituciones para atender el problema, un desarrollo que calificó como “paradójico” frente al aumento constante de los casos.
El “Informe Nacional de personas desaparecidas 2025” de la Red Lupa del IMDHD señala que las desapariciones oficiales superaron las 100 mil en mayo de 2022 y han seguido creciendo: 107 mil 327 en 2023, 114 mil 069 en 2024 y 128 mil 64 en 2025, con un incremento reciente de aproximadamente cinco mil denuncias en el último trimestre.
Cortez destacó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno mexicano, que debería funcionar como base de datos y herramienta de análisis de patrones, aún no cumple plenamente su función, lo que genera acciones dispersas y poco efectivas.
El activista señaló que 44% de los casos de desapariciones se concentran en cinco estados: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Además, destacó un aumento del 200% en las desapariciones de mujeres jóvenes en Tabasco durante el último año, un fenómeno sin respuestas claras de las autoridades.
Cortez también alertó que las reformas recientes, incluidas las impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, no abordan las causas profundas del problema. Por ejemplo, el Centro Nacional de Identificación Humana, creado en 2022, aún no opera.
Entre los factores que explican el crecimiento de los casos, Cortez mencionó la mayor visibilidad de los colectivos de búsqueda, el aumento de denuncias tras la ley de 2017 y la violencia generalizada en el país. Según el informe, 56% de las desapariciones registradas desde 2000 ocurrieron entre 2018 y 2025.
El experto subrayó que “el núcleo del problema” es que las desapariciones “no son una prioridad en la agenda política”, y advirtió que sin una planificación efectiva, la nueva ley de 2025 podría quedar en “acciones dispersas y discursos con buenas intenciones”.
