El Senado de la República aprobó dos leyes importantes para mejorar la seguridad pública en México: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Estas normas crean un sistema que conecta bases de datos públicas y privadas, permitiendo que las instituciones de seguridad tengan acceso a información clave para prevenir, investigar y combatir delitos.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobada con 88 votos a favor y 16 en contra en lo general, y con 77 votos a favor y 30 en contra en lo particular, sin aceptar cambios de la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Ley de Investigación e Inteligencia fue aprobada con 67 votos a favor y 29 en contra en lo general, y 66 a favor y 31 en contra en lo particular, rechazando las reservas de algunos senadores.
Estas leyes establecen cómo funcionará el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que coordinará a diferentes instituciones y autoridades para trabajar juntas en la prevención, investigación y persecución de delitos.
La investigación y la inteligencia estarán alineadas con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Un aspecto clave es la creación de la Plataforma Central de Inteligencia, administrada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta plataforma conectará los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública, así como bases de datos de organismos públicos y privados.
Entre la información que se integrará están datos vehiculares, biométricos, telefónicos, fiscales, de armas, registros de personas detenidas o sentenciadas, servicios financieros, salud, telecomunicaciones, y muchos más.
La ley obliga a que estos sistemas se vinculen y colaboren para que la información pueda consultarse de forma ordenada y segura. Para procesar estos datos se usarán herramientas tecnológicas avanzadas, incluyendo inteligencia artificial, con el fin de crear productos de inteligencia que apoyen operativos y acciones especiales para garantizar la seguridad.
Además, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública crea un organismo integrado por varios consejos y conferencias que coordinarán las políticas de seguridad a nivel nacional, estatal y municipal.
También establece que la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Defensa, será la principal institución de seguridad federal “con un enfoque y formación en doctrina policial civil”.
El nuevo sistema de información nacional permitirá a las autoridades policiales, ministeriales y penitenciarias compartir y actualizar datos diariamente, manteniendo la confidencialidad en aspectos sensibles como detenciones y personal de seguridad, aunque la información estadística para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía será pública.
Finalmente, el Consejo Nacional de Seguridad Pública tendrá la responsabilidad de aprobar cómo se distribuyen los fondos federales destinados a la seguridad, asegurando que los recursos se usen de manera eficiente y coordinada.
Estas leyes fueron enviadas para su publicación oficial y representan un paso importante para modernizar y mejorar la coordinación en la seguridad pública en México.
