El pasado 5 de mayo, familiares de una persona desaparecida que realizaban labores de búsqueda en Palmar de Bravo, Puebla, localizaron una fosa con restos humanos en los límites del rancho La Trinidad, informó María Luisa Núñez Barojas, representante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

Aunque el hallazgo fue reportado a las autoridades estatales alrededor de las tres de la tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron hasta casi las ocho de la noche y, debido a la hora, no pudieron realizar las diligencias correspondientes sino hasta el día siguiente. Finalmente, el 6 de mayo se llevó a cabo el levantamiento de los restos, que corresponderían a una persona.

Sin embargo, el secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, contradijo esta versión al asegurar que la fosa fue encontrada por el Ejército Mexicano y no por los familiares. Esta diferencia se suma a una serie de tensiones entre el gobierno estatal y el colectivo de madres buscadoras, alimentadas por declaraciones recientes del propio Aguilar, quien sugirió que el hijo de Núñez Barojas desapareció por presuntos vínculos delictivos.

Ante la crítica de organizaciones sociales y religiosas que consideraron estas declaraciones como una forma de revictimización, el funcionario ofreció disculpas, aunque insistió en que solo transmitió la información disponible. El gobernador Alejandro Armenta respaldó públicamente a Aguilar y aseguró que su labor al frente de Gobernación es “extraordinaria”.

Cuestionada por la falta de diálogo entre el gobernador y los familiares de desaparecidos, así como por el polémico nombramiento de Enrique Rivera Reyes como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Armenta, afirmando que tiene sensibilidad para atender este tipo de situaciones.

Tras las críticas, Armenta instruyó a su secretario de Gobernación a reunirse con las madres buscadoras y reiteró su disposición de colaborar con ellas.

La Red Nacional por la Paz, integrada por organizaciones católicas como la Conferencia Episcopal Mexicana y los Jesuitas de México, expresó preocupación por el tono del gobierno estatal hacia el colectivo, y ofreció actuar como mediadora si alguna de las partes así lo requiere.