Miriam “N”, psicóloga del DIF municipal de Capulhuac, denunció públicamente haber sido víctima de agresión física, verbal y sexual presuntamente a manos de la presidenta municipal Selene Hernández Herrera, del Partido del Trabajo (PT), así como de su hija Andrea Sástiga Hernández y la policía Ana Lucía Ríos Cano.
La trabajadora compartió un video en redes sociales donde, visiblemente golpeada, relató que el ataque ocurrió el pasado 2 de mayo dentro de las instalaciones del DIF, donde labora.
En su testimonio, Miriam expresó su temor por su seguridad y la de su familia, y responsabilizó directamente a la alcaldesa y sus allegadas por cualquier cosa que pudiera sucederles.
“Temo por la integridad de mi familia, de mis hijos y la mía. Este suceso lo doy a conocer para que no se quede impune lo que hizo con mi persona y que se sepa el abuso de autoridad que ejerce en su cargo, creyéndose intocable”, declaró en el mensaje.
Hasta el momento, ni la alcaldesa Selene Hernández ni el Ayuntamiento han emitido una postura oficial. Tampoco la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha confirmado si se ha iniciado una investigación formal.
En reacción a los hechos, ciudadanos de Capulhuac y Ocoyoacac se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir justicia y la destitución de la alcaldesa. La protesta se desarrolló de manera pacífica y con mensajes de apoyo a la trabajadora agredida.
El Comité local de Morena en Capulhuac emitió un comunicado rechazando todo tipo de violencia, incluyendo la sexual, digital y psicológica, e hizo un llamado a que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones correspondientes con apego a la ley.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Municipal del Partido del Trabajo (PT), al que pertenece la presidenta municipal, condenó los hechos denunciados y cuestionó la conducta de Hernández Herrera desde el inicio de su gestión, afirmando que se ha alejado de los valores del partido. También exigió una investigación a fondo y sanciones en caso de comprobarse los hechos.
Ambos partidos insistieron en el respeto al Estado de derecho y en dejar que las autoridades determinen las responsabilidades legales que correspondan.
