El pasado 7 de junio de 2013, Said Vicente Valle y su hermana Laura Esmeralda, junto con otros amigos, acudieron a un centro nocturno ubicado en la avenida Plan de Ayala, en donde el joven tuvo una riña con los meseros y empleados de seguridad, los cuales lo golpearon; pero uno de ellos lo hirió de dos balazos en la pierna izquierda.

El día de los hechos, la hermana del ofendido señaló a Guillermo Zagal Pérez, empleado de seguridad, como el que le disparó a su hermano. Posteriormente, al rendir su declaración ante el agente del Ministerio Público adscrito al Hospital General “José G. Parres”, el ofendido dijo que quien le disparó era un hombre alto, fornido, que vestía playera roja y usaba barba de candado, características que corresponden al hombre que hoy está detenido.

Sin embargo, ayer, al rendir su declaración ante un Tribunal de Juicios Orales, el ofendido dijo haberse confundido y culpó al Ministerio Público de hacerle firmar una declaración que él no había realizado.

Lo anterior irritó al fiscal, quien, enojado, le insistía en un interrogatorio que estaba mintiendo.

“Yo dije que era un tipo de bigote y no uno de barba de candado, y ahora estoy seguro que él no fue”, insistía el declarante.

El fiscal le reviró: “Entonces, suponiendo, sin conceder, que la primera declaración usted la firmó por estar aturdido, ¿por qué entonces en la segunda vuelve a decir que quien le disparó usaba barba de candado?

“Yo no dije eso. Yo lo fui a ver a usted (al fiscal) para retirar mi acusación, y nomás me hizo dar vueltas”, contestó el testigo, que minutos después se convirtió en imputado.

El fiscal no podía disimular su enojo y volteaba a ver a su auxiliar, hasta que, con voz firme, dijo:

“Señores jueces: pido que ordenen la detención del testigo porque hay flagrancia del delito (de falsedad de declaraciones), pues podemos presumir que miente.”

Lo anterior tomó por sorpresa a los tres jueces, quienes se voltearon a ver, pues era un hecho que no tenían respuesta para tal petición, y por ello ordenaron un receso, que quiso ser aprovechado por el joven, quien se levantó de su asiento para salir de la sala, pero fue entonces cuando uno de los custodios le ordenó: “Quédese ahí. No se mueva”, pues los jueces ordenaron a los agentes tomar sus precauciones, ya que el declarante podía ser detenido.

En el receso, el padre del joven se paró de prisa y fue a reclamarle al abogado del imputado. “Ya ve, por ayudarlo, ahora a mi hijo lo quieren detener”, reclamó frente a todos los presentes en la audiencia.

El abogado Felipe de Jesús Rivas Alonso explicó que él nada podía hacer, pues representar legalmente a su hijo podría provocar que incurriera en el delito de prevaricato que, según el Código Penal del Estado, es definido como “Aquel delito en el cual incurren los funcionarios públicos, autoridades, jueces, entre otros, cuando faltan, ya sea, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan”.

Sin embargo, el litigante aconsejó a la familia que acudiera a la Fiscalía General del Estado (antes PGJ) a interponer una queja contra el fiscal.

Minutos después, los jueces regresaron y afirmaron que, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución General de la República, corresponde al Ministerio Público investigar los delitos, así que tenía que ser ese servidor público el que debía ordenar la detención, y no el órgano jurisdiccional.

“Ordenar su detención para nosotros sería como juzgar a priori, así que si desea detenerlo, ponemos a su disposición los policías custodios para que lo hagan”, señalaron los jueces y nuevamente salieron de la sala para que fuera ejecutada la orden.

“No hacerlo me traería responsabilidades porque ya tuve conocimiento de la comisión de un delito y como autoridad es mi deber actuar”, dijo el fiscal al momento que pidió detener al joven de 21 años.

La familia, por su parte, dijo que no tan sólo iría a la Fiscalía General, sino también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para poner una queja, pues, según ellos, el joven tiene derecho a desistirse de su acusación.

Lo cierto es que meses antes, los hermanos Said y Laura rindieron su declaración como prueba anticipada, y en ese momento se dijo que éstos habían sido amenazados y que su deseo era abandonar el país.

Un informe rendido por la otrora PGJE señala que Manuel Zagal se identificó en la riña como miembro del grupo criminal conocido como “Guerreros Unidos”, que opera principalmente en la zona sur de Morelos.

De acuerdo con jueces, defensores y fiscales que ayer presenciaron la detención, ésta es la primera ocasión desde que se implementó el sistema de juicios orales en Morelos (en 2009), que una persona es detenida en una sala de juicios orales por mentir a una autoridad, delito por el que el Código Penal prevé una pena de cinco a 12 años de prisión.