El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel global del 10 % a casi todos los países, luego de que la Suprema Corte determinara que el gobierno federal no tiene facultades en tiempos de paz para aplicar aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, norma que había sido utilizada como fundamento de su política comercial.

Tras el fallo, el mandatario informó que firmó una orden ejecutiva apoyada en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la cual permite establecer restricciones temporales a las importaciones de hasta 15 %.

El documento fue signado poco antes de las 18:00 horas (tiempo de México) y, según lo anunciado, la medida entrará en vigor casi de inmediato.

De acuerdo con el texto difundido por la Casa Blanca, quedarán exentas del nuevo arancel las mercancías de México y Canadá que cumplan con las disposiciones del T-MEC.

La Ley de Comercio de 1974 contempla que estos aranceles temporales pueden aplicarse hasta por 150 días para atender desequilibrios graves en la balanza de pagos, tras lo cual se requeriría la aprobación del Congreso para extenderlos.

En conferencia de prensa, Trump criticó la decisión del máximo tribunal y cuestionó a los magistrados que votaron en contra del uso de la IEEPA para imponer aranceles. También señaló que existen otras herramientas legales que, afirmó, son incluso más sólidas para aplicar gravámenes a los socios comerciales de Estados Unidos.

El fallo de la Corte impacta medidas como la tarifa base global del 10 % a importaciones extranjeras y los llamados aranceles “recíprocos”, además de los gravámenes adicionales del 25 % a México y Canadá, establecidos para presionar en el combate al tráfico de drogas como el fentanilo.

Asimismo, el presidente ordenó suspender la exención arancelaria para envíos “de minimis” de bajo valor, vigente desde hace casi un siglo, lo que podría afectar el comercio electrónico.

Entre otras decisiones, también se contempla el aumento de hasta 50 % en aranceles a Brasil y la India, como respuesta al proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a la compra de crudo ruso, respectivamente.