La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que abre la posibilidad de excarcelar a personas que hayan cometido delitos desde 1999.

El proyecto fue respaldado por unanimidad en el Parlamento, presidido por Jorge Rodríguez. Durante la sesión, el titular del Legislativo felicitó a la comisión especial y a los diputados por la disposición mostrada para avanzar en la iniciativa.

La norma fue aprobada en segunda lectura, luego de que el debate se aplazara por diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno a un artículo que exige a los beneficiarios ponerse “a derecho”, es decir, presentarse ante las autoridades. En la primera sesión ya se habían aprobado por unanimidad otros seis artículos del texto.

El documento establece que quienes opten a la amnistía deberán acudir ante las autoridades competentes. En el caso de personas en el exilio, podrán ser representadas por un abogado de su confianza mientras se procesa la solicitud. Además, se prohíbe su detención durante el tiempo que dure el trámite.

La ley se aplicará a hechos vinculados con trece eventos señalados en el artículo 8, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002-2003, el referéndum revocatorio de 2004 y diversas protestas antigubernamentales registradas en 2007, 2013, 2017 y 2024.

Quedan excluidos de la amnistía los delitos de corrupción, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas y tráfico de estupefacientes.

El texto también contempla la creación de una comisión especial de seguimiento encargada de supervisar la aplicación de la ley, que ya fue remitida a la Presidencia para su firma y publicación en la gaceta oficial.

Durante el debate, Jorge Rodríguez se refirió además a la ley contra el odio, que prevé penas de hasta 20 años de prisión, y reconoció que hubo casos de mala aplicación. Indicó que el programa de convivencia y paz evalúa posibles reformas para corregir esos aspectos.

Tras la aprobación, la ONG Foro Penal señaló que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Su presidente, Alfredo Romero, afirmó que la norma es restrictiva porque excluye a personas perseguidas políticamente, incluidas algunas detenidas de forma arbitraria.

No obstante, también llamó a recibir el proyecto con optimismo y a mantener la presión por la liberación de todos los presos políticos.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como Zona 7 en Caracas, suspendieron la huelga de hambre que mantenían desde hace más de cinco días, alegando desgaste físico y falta de respuestas oficiales.

La iniciativa había sido anunciada a finales de enero por quien fue ‘número dos’ del presidente Nicolás Maduro, actualmente recluido en una cárcel en Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos a comienzos de 2026.