Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico ante la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, Nueva York, evitando así un juicio.

Como parte del acuerdo con el gobierno federal, aceptará pagar una multa de 15 mil millones de dólares, que podría cubrirse con la confiscación de sus bienes.

Durante la audiencia de 45 minutos, el juez Bryan Cogan explicó a Zambada que al declararse culpable renunciaba a todos sus derechos legales, incluyendo la posibilidad de apelar en el futuro. “Sí, señor”, respondió el capo.

Zambada detalló ante el juez su historial delictivo: comenzó en el narcotráfico en 1979, sembrando marihuana, y entre 1980 y 1990 transportó aproximadamente una tonelada y media de cocaína a Estados Unidos.

Admitió que, como líder del Cártel de Sinaloa, dirigía la compra de cocaína en Colombia y su traslado a México y la frontera norte para su ingreso a Estados Unidos. También reconoció que su organización contaba con cientos de hombres armados para protección de él y otros jefes.

El capo reconoció que su red corrompió a policías, militares y políticos, y que ordenó asesinatos para favorecer sus operaciones, causando la muerte de criminales y civiles inocentes.

"Como jefe de mi red criminal corrompimos a policías, mandos militares y políticos para que nos dejaran operar libremente", declaró Zambada García.

Además, admitió que promovía el consumo de drogas tanto en México como en Estados Unidos. “Pido perdón a todos los que se han visto afectados por mis acciones”, concluyó.

Zambada, quien llegó con buena condición física y vestía el uniforme de reo, podría convertirse en testigo protegido tras su sentencia, programada para el 13 de enero de 2026.

El juez pidió recibir la guía de sentencia dos semanas antes de la audiencia. Esta guía, que el Departamento de Justicia entrega al juez, recomienda la pena adecuada para el acusado; en el caso de “El Mayo” Zambada, sugiere que no reciba la sentencia máxima de cadena perpetua, sino entre cinco y diez años si coopera como testigo protegido o cooperante. Aunque no obliga al juez, orienta la decisión final sobre la pena.

Más de 30 agentes de la DEA estuvieron presentes en la sala durante la audiencia, observando cada declaración del líder criminal.