Este domingo 25 de mayo se celebran elecciones legislativas y regionales en Venezuela, en un clima dominado por el desinterés ciudadano, la desconfianza en el sistema electoral y el temor a nuevas irregularidades, tras el cuestionado resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A pesar de que las actas con código QR, avaladas por observadores internacionales como el Centro Carter, señalaron una clara victoria del opositor Edmundo González Urrutia con 67% de los votos frente al 30.4% de Nicolás Maduro, el mandatario fue declarado ganador por el Poder Judicial, controlado por su gobierno. Desde entonces, la oposición y gran parte de la comunidad internacional consideran ilegítima su permanencia en el poder.
Ante este contexto, líderes opositores como González Urrutia y María Corina Machado han llamado a boicotear los comicios de este domingo. Machado, actualmente en la clandestinidad, calificó el proceso como una "farsa" y pidió a la ciudadanía no participar. La abstención se perfila como la tónica dominante: encuestas como la de la UCAB y Delphos proyectan una participación inferior al 30%.
En contraste, un pequeño sector opositor encabezado por Henrique Capriles ha decidido competir, argumentando que abandonar el proceso dejaría el camino libre al chavismo. Sin embargo, estos grupos enfrentan críticas y acusaciones de legitimar un sistema controlado por el oficialismo.
Las condiciones del proceso electoral han sido ampliamente cuestionadas. El Consejo Nacional Electoral eliminó los códigos QR de las actas de escrutinio, considerados clave para garantizar transparencia. Además, se reportan actos de intimidación en comunidades populares, donde funcionarios chavistas amenazan con retirar beneficios sociales si los ciudadanos no votan.
A la represión política se suma una grave crisis económica y social. Según cifras del FMI y organizaciones locales, la pobreza alcanza al 86% de la población, el salario mínimo equivale a un dólar al mes y la hiperinflación continúa golpeando a los hogares. La reciente cancelación de la licencia a Chevron para operar en Venezuela complica aún más las finanzas del Estado.
Analistas como Ignacio Ávalos y Roberto Briceño León coinciden en que la ciudadanía está más enfocada en sobrevivir que en votar, convencida de que su voluntad ya fue desconocida en julio pasado. En este ambiente, el chavismo se encamina a obtener una nueva victoria electoral, cuestionada desde antes de que se abran las urnas.
