Es necesario desahogar asuntos prioritarios en la administración de justicia, plantea el magistrado.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia ((TJ), Carlos Iván Arenas Ángeles propuso reactivar paulatinamente las labores en la institución para desahogar asuntos prioritarios en la administración de justicia.

Señaló que la contingencia sanitaria por el covid-19, evidenció la escasa modernización y digitalización del Poder Judicial de Morelos, que ante situaciones excepcionales como la actual debería estar preparado para realizar juicios en línea y desahogar los procesos en curso con el uso de tecnologías de la información.

Expresó que la experiencia de la cuarentena debe ser analizada y considerada para reflexionar sobre la urgencia de revitalizar la administración de justicia y dar a los operadores nuevas herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar su trabajo con eficiencia.

“Hoy más que nunca se pone en evidencia la falta de modernización del Tribunal Superior de Justicia, porque una formula eficaz en estos momentos serían los juicios en línea y la firma electrónica. Estamos llamados a reflexionar respecto a la urgente necesidad de implementar las herramientas tecnológicas en beneficio de la justicia”, dijo.

A unos días de fenecer el acuerdo por el cual el TSJ declaró la suspensión de labores hasta el 5 de mayo y ante la posibilidad de que el plazo se amplíe hasta el día 31 de ese mes -como lo ha determinado el gobierno de Morelos y otras instancias- consideró que el tribunal debe reanudar poco a poco sus actividades.

Lo anterior, con el fin de atender los juicios y procedimientos prioritarios o urgentes en materia penal, como el ejercicio de la acción penal con detenido; el ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que resuelva sobre la situación jurídica; solicitudes de orden de cateo; la calificación de detenciones; las vinculaciones a proceso; la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; los procedimientos abreviados; la apelación contra autos de plazo constitucional que afecte la libertad; la ejecución penal, entre otras medidas urgentes.

También consideró necesario atender urgentemente los temas relacionados con la materia familiar, como son las resoluciones sobre la guardia y la custodia, y  las medidas provisionales en donde esté en riesgo los menores y los incapaces.

Dijo que la reactivación progresiva de la actividad jurisdiccional podría iniciarse con el personal mínimo indispensable y con todas las medidas sanitarias de protección.

 

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Lunes, 27 Abril 2020 04:03

Exhiben nepotismo de Cuevas López

Mediante una carta al presidente de la república, trabajadores de confianza revelan nombres de personas allegadas a la presidenta del TSJ que tienen plaza.

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Martes, 21 Abril 2020 05:00

TSJ va contra Congreso y Poder Ejecutivo

Inicia controversia constitucional por el presupuesto que recibió en 2020.

El Poder Judicial del Estado de Morelos llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la asignación de recursos presupuestada en el Ley de Egresos estatal para este 2020 y acusó que los Poderes Ejecutivo y Legislativo modificaron el anteproyecto que presentó con base en la autonomía financiera que le otorga la Constitución local.

Al promover la controversia constitucional 42/2020, la representación del Poder Judicial solicitó a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

De acuerdo con el TSJ, en el anteproyecto, autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, se pidió un presupuesto superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, en la aprobación de la Ley de Egreso se asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, de los cuales  25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.

También el Poder Judicial demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En los argumentos jurídicos plasmados en la controversia constitucional, insistió en que el presupuesto asignado “evidencia el vicio constitucional de subordinar al Poder Judicial a través de la reducción de los recursos económicos que constitucionalmente le corresponden”.

 

 

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Dice que el exgobernador debe ser castigado por las múltiples irregularidades cometidas.

El empresario y fundador en Morelos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Raúl Iragorri Montoya, aseveró que la fiscalía  estatal protege al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien no ha sido castigado por las múltiples irregularidades cometidas en su gestión.

Sostuvo que hasta la fecha el exmandatario no ha respondido ante las anomalías cometidas en su administración, por la protección de quienes ahora están a cargo de las instancias de procuración e impartición de justicia.

Iragorri Montoya señaló a la fiscalía:  “debe su posición a Graco Ramírez, está defendiendo sus intereses, ocultando las pruebas que existen que son más que suficientes para meterlo a la cárcel”.

 De igual manera el también excandidato a la gubernatura sostuvo que hay omisión por parte del titular de la Fiscalía Anticorrupción: “Juan Salazar Núñez, que es otra emanación de las políticas sucias, corruptas, de Graco Ramírez. Lamentablemente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia está en las mismas circunstancias”.

Raúl Iragorri expresó este viernes su apoyo al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, quien aspira a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Expresó que la inactividad por parte de quienes hoy encabezan la FGE y el TSJ ha causado desconfianza en la población.

“La idea es ayudar en la medida de lo posible para que el licenciado Arenas llegue a ser presidente del Tribunal y esto nos permita rescatar la credibilidad del pueblo en la justicia del Estado de Morelos”, añadió.

 

 

 

 

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Dan luz verde a reforma para crear Ley de Bienestar Social.

A partir de este miércoles, los diputados locales podrán sesionar de manera virtual para desahogar los temas pendientes.
El Pleno del Congreso del estado aprobó el acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, a fin de que los legisladores puedan sesionar sin estar presentes en el salón de Plenos.
El acuerdo establece que el objetivo de sesionar de manera virtual es para desahogar el rezago legislativo que se ha acumulado desde el año pasado.
Entre los temas pendientes a tratar en los próximos días se encuentra la ratificación del nombramiento por 20 años del magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Noberto Calderón Ocampo, en cumplimiento a una resolución de la justicia federal.
Además de dicha ejecutoria, se suman otras resoluciones en cumplimiento de los amparos promovidos por ex funcionarios que fueron beneficiados con  una "pensión dorada" por la LIII Legislatura.
En el acuerdo se aclaró que las sesiones virtuales se llevarán a cabo para prevenir contagios entre los trabajadores y los diputados locales.

El Congreso del estado aprobó la reforma constitucional para la creación de la ley de Bienestar social.
Bajo estrictas medidas sanitarias para prevenir algún contagio, los legisladores locales reanudaron la sesión ordinaria del 12 febrero pasado, a fin de desahogar la minuta enviada por el Congreso de la Unión.
El Congreso de Morelos se sumó a 11 estados más que en esta semana aprobaron la reforma constitucional, con lo que se garantizará la correcta aplicación y distribución de los programas sociales que creó el gobierno federal en apoyo a los grupos más vulnerables y en combate a la pobreza.
La reforma federal establece la creación de una ley general de bienestar, para garantizar a toda la población seguridad social, becas para los jóvenes que no estudian ni trabajan, pensión a los adultos mayores y apoyos a personas discapacitadas, entre otros temas.
Morelos, al igual que otros estados del país, deberá aportar una partida presupuestal para la entrega de los apoyos de bienestar, de acuerdo con lo establecido en la reforma constitucional y cuyas reglas de operación deberán establecerse en la nueva ley.
La minuta fue aprobada por unanimidad, ya que fue el punto por el que los legisladores accedieron a sesionar, a pesar de la contingencia por el coronavirus.

 

 

 

 

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Jueves, 26 Marzo 2020 05:04

Amplían denuncia contra Cuevas López

Aportan nuevas documentales a denuncia inicial.

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Anteponen TSJ y TJA controversias constitucionales contra el decreto que fija en 30 por ciento el porcentaje de las multas cobradas que irá al Poder Ejecutivo.

Los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Justicia Administrativa (TJA) promovieron controversias constitucionales contra las nuevas disposiciones fiscales que facultan a la Secretaría de Hacienda estatal a cobrar una “comisión” por gastos de ejecución de sanciones económicas impuestas a las personas físicas o morales por incumplimiento de órdenes judiciales o sentencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las controversias constitucionales 41/2020 y 43/2020 promovidas por los titulares del TSJ y TJA, María del Carmen Verónica Cuevas López y Manuel García Quintanar. Sin embargo, a ambos les negó la suspensión contra la aplicación de la norma impugnada.

Los tribunales inconformes reclamaron la invalidez del decreto 659, publicado el 20 de enero del 2020 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el que  se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos y de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

En particular, los tribunales manifestaron su inconformidad con la falta de motivación y fundamentación de la reforma al artículo 170 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, en la que se estableció el cobro de una “comisión” a los tribunales por la ejecución de multas.

“Las autoridades administrativas o jurisdiccionales que soliciten el auxilio de las autoridades fiscales para hacer efectivo el cobro de sanciones económicas o multas que no sean de carácter fiscal, deberán establecer relaciones de colaboración, mediante la suscripción de los convenios respectivos, en los que se establecerán los lineamientos para el ejercicio del procedimiento económico coactivo; y, en su caso, los porcentajes que correspondan a la autoridad fiscal por la administración, control, ejercicio y cobro coactivo de las mismas, no será menor al 30 por ciento del importe de cada multa o sanción”, dice la norma impugnada.

Los tribunales inconformes alegaron que el legislador morelense no estableció parámetros, disposiciones, reglamentación o lineamientos específicos para el cobro de la “comisión”, cuyo monto se fijó de manera unilateral.

Además de que ni el Código Fiscal de la Federación contempla gastos de ejecución, auxilio, administración, control, ejercicio y cobro de las multas o sanciones impuestas por las autoridades jurisdiccionales.

Otro argumento previsto en ambas demandas constitucionales fue que hubo invasión de competencias y vulneró la autonomía de integración presupuestal de ambos tribunales.

 

 

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Lunes, 23 Marzo 2020 05:14

Habrá guardias en juzgados familiares

Buscan garantizar el pago de pensiones alimenticias.

Los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mantendrán guardias durante el periodo que dure la contingencia por el coronavirus (Covid-19), con el propósito de garantizar el pago de las pensiones alimenticias a menores.

El TSJ informó que, con el fin de velar por el interés superior de los infantes y adolescentes, se establecieron guardias con personal “mínimo indispensable” en los 25 juzgados familiares ubicados en los distritos judiciales con sede en Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Jiutepec y Yautepec.

Detalló que el personal laborará  de lunes a viernes para garantizar el pago de las pensiones alimentarias, conforme al acuerdo del 17 de marzo  emitido por el Pleno del TSJ como parte de las acciones preventivas para prevenir la propagación  del covid-19, que  el pasado 11 de marzo fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como parte de las medidas preventivas a favor de los trabajadores de guardia y los justiciables que asisten a los tribunales familiares, en las instalaciones judiciales se implementaron filtros en todas las entradas, con acciones como el lavado de manos, la aplicación de gel antibacterial y la medición de la temperatura corporal, pues en caso de que una persona tenga una fiebre superior a los 38 grados no se le permitirá el ingreso.

Al igual que otras instituciones, en el Poder Judicial declaró inhábil el periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, con posibilidad de modificación con base en las determinaciones de las autoridades federales y estatales del sector salud.

En el caso de los trabajadores del TSJ, además de no permitirles la entrada, se le exhorta para que acudan inmediatamente a su  clínica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se realicen las revisiones médicas correspondientes.

 

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Viernes, 20 Marzo 2020 05:39

Combaten “ilegalidad” con ilegalidad

El contador público y abogado Roberto Coranguez Esquivel libra una batalla jurídica muy desigual, ya que tiene en su contra al fiscal anticorrupción Juan Jesús Salazar Nuñez y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia,  María del Carmen (Verónica) Cuevas López; y una animadversión personal del magistrado Manuel García Quintanar por haberle dicho que era un ignorante del Derecho.

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Miércoles, 18 Marzo 2020 05:14

El Poder Judicial suspende actividades

El TSJ Morelos establece rol de guardias en salas y juzgados para atender asuntos urgentes.

El Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Superior de Justicia de Morelos  (TSJ) suspenderán las actividades jurisdiccionales a partir de hoy, como parte de las medidas preventivas para evitar brotes de Coronavirus (Covid-19).

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que se suspenden las funciones jurisdiccionales en todo el país a partir de este miércoles 18 de marzo y hasta domingo 19 de abril de 2020.

La suspensión decretada implica que no correrán plazos procesales. Únicamente quedan exceptuados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes.

Detalló que estarán exentas de presentarse físicamente a la realización de las guardias quienes se encuentren en los grupos identificados como “vulnerables” al coronavirus como personas adultas mayores de 60 años, con diabetes o hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer e inmunodeficiencias, así como mujeres embarazadas o en lactancia.

El horario laboral presencial de los juzgados de distrito y colegiados será de 9:00 am a 3:00 pm y, en la medida de lo posible, deberá privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias.

Por la tarde, el Pleno del TSJ sesionó para tomar medidas preventivas y también optó por decretar la suspensión de labores a partir de este miércoles, y estableció un rol de guardias de las distintas salas y juzgados para atender asuntos urgentes.

 

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