Una agente del Ministerio Público es acusada de emitir dictámenes para favorecer a infractores.

Cuautla.- La mañana de este miércoles se llevó a cabo una audiencia de auxilio judicial en un juzgado de la Ciudad Judicial de Cuautla, donde una víctima del delito de fraude pidió la judicialización de la carpeta de investigación entablada contra Marisol Montero, quien se desempeña como agente del Ministerio Público (MP) en la región de Yautepec.

El ofendido señala que existen numerosas denuncias en contra de la funcionaria pública porque presuntamente ha actuado en varios acuerdos, sin ser competente para ello, para favorecer a los imputados por el delito de fraude.

Debido al retraso en la investigación, la defensa del agraviado solicitó que el expediente fuera judicializado por los delitos de fraude procesal y delitos cometidos por servidores públicos. En dicha audiencia, el juez dejó sin efecto la no acción de la acción penal en contra de un defraudador favorecido por la agente del Ministerio Público.

El conflicto se deriva del fraude cometido por el imputado con un terreno que está ubicado en el municipio de Atlatlahucan, por el cual había sido prácticamente exonerado por Marisol, al decretar el no ejercicio de la acción penal, sin tener la facultad para ello.

Ante las evidencias presentadas, el juez ordenó al Ministerio Público ampliar las investigaciones contra la funcionaria para formular la imputación correspondiente.

A principios de septiembre pasado, representantes de varios ayuntamientos de los municipios de Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan y Tlalnepantla se reunieron en este último municipio con funcionarios de la Fiscalía General del Estado para exigir frenar los presuntos abusos y actos de corrupción que estaba cometiendo la agente del Ministerio Público, quien emitía dictámenes a favor de los presuntos delincuentes a cambio de dinero, los cuales estaban a punto de ocasionar conflictos sociales entre las comunidades.

La funcionaria también enfrenta denuncias por abuso de autoridad y secuestro de una familia, y dos menores de edad, durante un operativo ordenado por el exgobernador Graco Ramírez en contra de un transportista del municipio de Jonacatepec, según denunció el propio agraviado, Alfonso de la Torre García.