*Para desahogar rezago legislativo*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que se analiza abrir un periodo extraordinario de sesiones para el mes de julio, a fin de desahogar el rezago legislativo.

El diputado pesedista admitió que hay muchas temas de importancia que se revisan para su desahogo en los próximos días, pero debido a la emergencia sanitaria se ha podido avanzar de manera lenta; por ello, se analiza seguir trabajando de manera extraordinaria en el receso legislativo que inicia después del 15 de julio.

Sotelo Martínez adelantó que mañana se reunirán con el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, a fin de conocer las reglas y prepararse para el regreso a la nueva normalidad después del 15 de julio.

Con respecto al dictamen de la llamada "ley de identidad de género ", el legislador afirmó que no fue mandada a la "congeladora" sino que se regresó a comisiones para seguir revisando el dictamen, y aseguró que existe toda la disposición de votar el asunto.

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*Entre ellos, el diputado federal Jorge Argüelles*

En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la Comisión de Quejas ordenó a servidoras y servidores públicos retirar publicaciones con promoción personalizada por covid-19, entre ellos el diputado federal por Morelos, Jorge Argüelles Víctorero.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió imponer medida cautelar a 63 servidoras y servidores públicos de distintos niveles, cargos y procedencia partidista en 15 estados, por la probable promoción personalizada derivada de la entrega de bienes y productos a la ciudadanía durante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus covid-19, además de realizar un exhorto a las personas que ejercen cargos públicos para que su conducta se ajuste en todo momento al marco constitucional.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, diversos órganos del INE certificaron y documentaron publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de servidoras y servidores públicos promocionando su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía en el marco de la pandemia.

Luego de las investigaciones preliminares, la autoridad electoral determinó iniciar, de oficio, procedimientos especiales sancionadores, debido a que tienen que ver con el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, lo que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales federal y locales.

Por votación unánime de las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del consejero Jaime Rivera, la comisión ordenó a 22 servidoras y servidores públicos que se abstengan de promoverse en actividades de entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria y su respectiva difusión o publicidad, ya que, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sus publicaciones contienen elementos de promoción personalizada; es decir, refieren su nombre y cargo, aparece su imagen y los mensajes publicados, en general, son realizados en primera persona.

De un análisis preliminar se consideró que estos hechos podrían constituir también una violación a los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir las funcionarias y funcionarios públicos, por lo que se determinó que, en un plazo no mayor a 24 horas, realicen las acciones necesarias y suficientes para eliminar las publicaciones tanto en redes sociales como en páginas de internet.

Entre las servidoras y servidores mencionados está Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado federal por Morelos.

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En un comunicado, el gobierno del estado dio a conocer que con la federación y el municipio de Atlatlahucan avanza en las negociaciones para la construcción de una rampa de frenado.

Al respecto se informó que en representación del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, su coordinador de Asesores, Mauricio Robles Cortés, y el encargado de despacho de la Subsecretaría de Gobierno, Mauricio Termignoni Apodaca, junto con el presidente municipal de Atlatlahucan, Calixto Urbano Lagunas, y su cabildo, recorrieron las siete parcelas que se verán afectadas para la construcción de la rampa de frenado cerca del kilómetro 56.5 de la carretera México-Cuautla.

En presencia del director general jurídico, Kenji Uchida García, y el encargado de despacho de la Dirección General de Gobierno, César Antonio Alarcón Cárdenas, se atendieron las dudas que surgieron por parte de los propietarios de las parcelas afectadas respecto de la contraprestación que se realizará por la expropiación de los predios.

Durante el recorrido también asistió el encargado del proyecto de la rampa por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); el residente general de Conservación Carretera, Erasto Jarillo Avilés, y el director de Obras Públicas del estado, René Castañeda Gómez, quienes explicaron a los siete parcelarios afectados los alcances técnicos del proyecto, el cómo se respetará el derecho de vía de los predios y algunas inquietudes respecto del mantenimiento que se darán en las nuevas vías de acceso.

Asimismo, se les informó sobre las distintas opciones con las que se cuenta para compensar a los ejidatarios, ya que adicionalmente se les pretende apoyar con alguno de los programas con los que cuenta la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro).

Lo anterior, es un paso más a la realización de tan importante obra, que busca salvaguardar la integridad de los conductores que día con día transitan por esa carretera.

Tras destacar que la rampa es un tema prioritario y coordinado entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, en presencia de elementos de la Guardia Nacional, de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y policía municipal, se delimitaron las áreas afectadas y se continuaron las pláticas con los ejidatarios.

En tanto, el director de Área de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Heriberto Galicia Rosales, refrendó el compromiso con el presidente del comisariado ejidal de Atlatlahucan, Pedro Ramírez López, y su suplente Héctor Vázquez Torres, para los proyectos de perforación y tecnificación del pozo Santa Cruz número dos; esta obra representa un apoyo generalizado para los 400 ejidatarios que conforman el núcleo ejidal e impulsan de manera importante la actividad agropecuaria en el municipio.

Con estas acciones, el gobierno del estado continúa trabajando por la seguridad de todos sus habitantes, realizando acciones coordinadas con la federación y todos sus municipios.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó al Poder Ejecutivo la suspensión contra el acuerdo emitido por el cabildo de Cuautla por el que se autorizó el reinicio de actividades; dicha resolución implica que el municipio deberá acatar las indicaciones sanitarias del Gobierno de Morelos, y mantener sólo las actividades esenciales.

Cabe señalar que la determinación de la SCJN derivó de la controversia constitucional 92/2020 que promovió el Poder Ejecutivo en contra del acuerdo de cabildo de Cuautla para terminar con el confinamiento.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó la tarde del martes que con este fallo el municipio de Cuautla deberá suspender actividades para la protección de los ciudadanos; indicó que además se espera que en próximas horas se emita el fallo en lo que corresponde al municipio de Cuernavaca.

 

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Diputados locales mandaron nuevamente a la "congeladora" el dictamen de la denominada "ley de identidad de género", por supuestas pifias en el dictamen.

Durante la votación del orden del día de la sesión ordinaria de esta mañana, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano realizó observaciones al dictamen enlistado en el inciso N de segunda lectura.

Argumentó que el proyecto de reforma al Código Familiar y Código Procesal Familiar es inconstitucional, toda vez que el único facultado para hacer adecuaciones en la materia es el Congreso de la Unión.

Lo anterior, a pesar del criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que decretó como un derecho el cambio de identidad a favor de personas transgénero, y la obligación de los congresos locales a legislar sobre el tema.

Sin embargo, al someter a votación el retiro del orden del día del asunto 10, legisladores avalaron la postura de Sánchez Arano, a más de un año de que el tema permaneció detenido en la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual.

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*Respecto a la suspensión solicitada por el Ejecutivo*

El consejero jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Rogelio Maldonado Bautista, señaló hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido resolución respecto a la controversia constitucional 93/2020 que promovió el gobierno del estado por la reanudación de actividades en la capital de Morelos.

Al respecto, el funcionario municipal indicó que se ha cumplido con la normatividad, tan es así que se ha evitado la instalación de comerciantes en el centro de Cuernavaca.

Dicha controversia se promovió en contra del cabildo de Cuernavaca y el Comité Municipal de Contingencia Covid-19 (CMCC-19), según detalló Maldonado Bautista, por lo que una vez que sea admitida y notificada harán valer su estrategia jurídica, añadió.

 

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*De controversia constitucional, por los que autorizan reanudar actividades*

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a dos recursos de controversia constitucional en contra de acuerdos de los cabildos de Cuernavaca y Cuautla por los que autorizan reanudar las actividades, a pesar de que el semáforo de contingencia por covid-19 marca rojo para Morelos.

Así lo informó hoy por la mañana Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico del gobierno del estado, quien destacó que el asunto es de urgente resolución.

El funcionario estatal explicó que se espera la suspensión de un momento a otro y, de ser así, si hay descato por parte de ambas autoridades, serían procedentes sanciones; comentó que si llega este escenario, dichas sanciones podrían ir hasta la destitución.

Refirió que aún cuando el semáforo cambie a naranja, sigue vigente el sentido de la controversia pues se autorizó la apertura en condiciones no apegadas a lo que establece el Consejo General de Salud del país.

Por la tarde y durante la conferencia de prensa respecto a la situación de covid-19 en Morelos, Sotelo Salgado informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la suspensión en la controversia constitucional que promovió el gobierno estatal en contra del acuerdo del cabildo de Cuautla por el que autorizaron reanudar actividades, contrario al semáforo de contingencia de salud que en Morelos permanece en rojo.

El abogado del estado indicó que están a la espera de que se emita una resolución definitiva; mientras tanto, el máximo tribunal concedió la medida y por lo tanto se debe acatar de manera inmediata.

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El Ayuntamiento de Cuernavaca negó que se encuentre en quiebra y este martes, el consejero jurídico Rogelio Maldonado Bautista y el tesorero José Reynold Quiñones Salinas ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para aclarar tal situación; al respecto, señalaron que hay desinformación y manipulación política detrás de la supuesta quiebra del municipio capitalino.

En un comunicado, el ayuntamiento capitalino señaló lo siguiente:

"El Ayuntamiento de Cuernavaca no está en bancarrota, en quiebra ni en insolvencia, como lo quieren exhibir detractores del gobierno municipal; por el contrario, ostenta la calificación “estable” en sus finanzas, gracias al cumplimiento de los pagos de las deudas heredadas por administraciones anteriores desde 2009, por un total de 778 millones de pesos y a pagar en 2023 y 2025.

Así lo informaron en conferencia de prensa conjunta, el consejero jurídico Rogelio Maldonado Bautista y el tesorero José Reynold Quiñones Salinas.

El concepto anterior, explicaron, significó una erogación de 152 millones de pesos desde el uno de enero de 2019 a la fecha, además de enfrentar la eliminación por parte de la federación de 160 millones de pesos de “cobros adicionales” y la caída del 70 por ciento de la recaudación debido a la pandemia que del año pasado a este 2020 bajó de 128 a 39 millones de pesos; todo ello sin dejar de otorgar los servicios públicos municipales, detallaron.

Ante el cumplimiento de los pagos de las deudas con tres instituciones bancarias, por parte de la administración municipal 2019-2021, dos calificadoras financieras cambiaron de “positiva” a “estable” su designación, lo cual significa que la primera categoría implica “cumplimiento adecuado” y la segunda “confiabilidad” en el saneamiento de las finanzas municipales, informó el tesorero del ayuntamiento, José Reynold Quiñones, quien frente a los medios de comunicación desglosó las cifras de la situación financiera de la administración municipal.

“Por tanto son calumniosas y falsas las versiones de malos manejos y otras mentiras sobre la conducta del alcalde Villalobos”, recalcó Quiñones Salinas.

En tanto, el consejero jurídico, Rogelio Maldonado Bautista, aclaró que son totalmente infundadas las versiones de actores políticos, algunos medios de comunicación y bots de redes sociales, sobre la bancarrota de la actual administración municipal y su petición de “desaparición del ayuntamiento”.

Dijo que se trata de información tendenciosa y de intereses políticos, ya que “no hay un solo peso desviado por ningún funcionario público y mucho menos del alcalde, a quien esas versiones manipuladas y sin sustento le pretenden achacar la inventada insolvencia económica municipal. Se ha pretendido desinformar con un supuesto enriquecimiento ilícito, cuando son situaciones que no existen”, reiteró el consejero jurídico.

Agregó que los laudos y sentencias laborales heredadas por pasadas administraciones suman cerca de 500 expedientes, por un total de 200 doscientos millones de pesos, de los cuales 150 casos ya están sentenciados y el resto son carpetas laborales que corresponden a asuntos civiles y administrativos; pero ante la posibilidad de enfrentar embargos precautorios, son susceptibles de negociarse y dar solución a los demandantes ante los tribunales.

Rogelio Maldonado señaló que el criterio del cabildo de Cuernavaca, ante la baja de recursos, ha sido “privilegiar el interés y bien común de la mayoría de los cuernavacenses para que no dejen de recibir los servicios públicos, por encima del interés particular de solventar un laudo, hasta que se estabilice la actual situación financiera, por la que pasa el gobierno de Cuernavaca, al igual que muchos municipios, gobiernos y empresas del país”.

Por su parte, el tesorero señaló que el pleno del cabildo capitalino está al tanto del manejo de las finanzas del gobierno municipal, a través de la Comisión de Hacienda, integrada por cuatro regidores, quienes revisan los dictámenes de cortes de caja mensuales, los cuales pasan a votación del pleno del cuerpo edilicio.

Ante ello, abundó: “El alcalde nos ha indicado que hay puertas abiertas a cualquier autoridad externa que requiera información sobre las finanzas municipales”.

A pregunta expresa, Reynold Quiñones advirtió: “Cuernavaca no es una ciudad abandonada, no han disminuido ni dejado de prestarse los servicios públicos municipales; la nómina no se ha dejado de pagar a los trabajadores, sólo se tuvo que diferir esta quincena que está cubierta y hemos cumplido los pagos a bancos de las deudas contraídas en diez años por la contratación de créditos, deudas que provienen de administraciones pasadas”.

El tesorero explicó que los ingresos del ayuntamiento en forma de participaciones de la federación ascienden a entre el 40 y 45 por ciento del total, y que no bastan para su operación, mientras que los ingresos propios abarcan del 55 al 60 por ciento, los cuales, como ya se mencionó, cayeron en 70 por ciento pues “seguramente muchos contribuyentes ante los estragos de la pandemia, tuvieron que comprar alimentos o medicinas en lugar de pagar el predial”, citó como ejemplo.

En el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del tesorero y del consejero jurídico, se dijo por último que la controversia constitucional interpuesta el pasado 26 de junio por el gobierno del estado debido a un supuesto incumplimiento del municipio, se debe a que el decreto respectivo gira instrucciones respecto al proceso de reapertura comercial pero sólo a las dependencias del Poder Ejecutivo.

El ayuntamiento tiene 30 días para responder a dicha controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se atenderá y responderá en su momento, en espera de la respectiva resolución, ya que la política de la actual administración es cumplir con los requerimientos provenientes de las autoridades, cualesquiera que fueren, pues se actúa siempre conforme a derecho, coincidieron los funcionarios".

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En un comunicado, el Gobierno de Morelos condenó enérgicamente el atentado en contra de la vida del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Lo anterior, ante los lamentables hechos ocurridos la mañana de este viernes, en un "ataque cobarde en contra de un servidor público entregado y dedicado a construir la paz en el país".

Asimismo, señala que "hoy más que nunca, México y Morelos necesita unidad y coordinación entre todas las instituciones que combaten los delitos para asegurar la vigencia del estado de derecho".

También anota que "en Morelos no se permite que la delincuencia organizada intimide a las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las familias morelenses. No se bajará la guardia y se seguirá trabajando en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el combate al crimen organizado y se castigue a los culpables con todo el peso de la ley".

Finalmente, apunta que "es momento de enfrentar con eficacia y decisión a los grupos de la delincuencia organizada, por ello, a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz siempre se evalúa sobre el nivel de riesgo; se tomarán las medidas precautorias y, no se permitirá que la delincuencia organizada amedrente".

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Esta mañana, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martinez, participó en la tercera sesión ordinaria del Consejo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

Durante la reunión de trabajo se presentó el proyecto para la iniciativa de Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral para el Estado de Morelos, así como los proyectos presupuestales prioritarios para la implementación de la Reforma Laboral en la entidad.

En el encuentro tambien participaron las y los secretarios de Desarrollo Económico y del Trabajo, de Administración y de Hacienda, así como el jefe de la Oficina de la Gubernatura, además de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

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