El Congreso del estado tendría que emprender una reingeniería financiera en caso de aprobarse el llamado "Plan B" impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar condiciones laborales a sus más de 800 trabajadores, adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía.

El legislador explicó que una eventual reducción presupuestal, derivada de la iniciativa federal, obligaría al Poder Legislativo a revisar a fondo su estructura de gasto, sin afectar los derechos de la base trabajadora.

En este contexto, recordó que cada año los empleados del Congreso solicitan incrementos salariales que rondan los 200 millones de pesos, lo que complica aún más el escenario financiero si se concreta el ajuste presupuestal previsto en el proyecto.

“Seremos respetuosos de lo que se apruebe a nivel federal. Tendremos que adaptarnos y, en coordinación con el Ejecutivo, analizar una reingeniería financiera o mecanismos como el Instituto de Pensiones para garantizar los derechos laborales”, señaló.

Pimentel Mejía indicó que esta revisión ya se encuentra sobre la mesa de los órganos de gobierno, especialmente en medio de las negociaciones actuales sobre salarios y prestaciones de trabajadores basificados, supernumerarios, de confianza y personal de apoyo, así como jubilados y pensionados.

No obstante, aseguró que existen condiciones para realizar los ajustes necesarios, los cuales podrían incluir la reducción de personal de apoyo asignado a los 20 diputados locales, como parte de las medidas para equilibrar el gasto.