La revisión de estrategias en el combate a la extorsión y el robo de vehículos será realizada de manera minuciosa, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo.

El tema de seguridad ocupará un lugar prioritario en el análisis del Primer Informe de Gobierno, aseguró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

El legislador señaló que aunque el informe será revisado de manera íntegra por el Congreso, los aspectos de seguridad tendrán énfasis debido a su impacto directo en la vida cotidiana de los morelenses y al compromiso permanente del Ejecutivo estatal para atender este rubro.

En este sentido, recordó que la extorsión y el robo de vehículos se mantienen como los principales retos en materia de seguridad en Morelos, por lo que subrayó la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y obtener resultados concretos a corto plazo.

Sobre el combate a la extorsión, consideró que debe alinearse con la estrategia nacional impulsada por la Federación, mientras que el robo de automóviles exige acciones más contundentes, particularmente en las zonas donde su incidencia ha mostrado mayor impacto.

Precisó que la región oriente y la capital del estado concentran actualmente los índices más elevados en estos delitos, por lo que llamó a implementar medidas focalizadas que impidan su expansión hacia municipios conurbados.

Ante los señalamientos que han surgido sobre presuntos vínculos de algunos alcaldes con la delincuencia organizada, Sotelo Martínez sostuvo que será la Fiscalía quien determine responsabilidades conforme a derecho.

Precisó que el papel del Poder Legislativo es actuar dentro del marco legal, coadyuvando institucionalmente cuando sea necesario y garantizando en todo momento el respeto al principio de presunción de inocencia.

“El Congreso no es Fiscalía ni Ministerio Público, nuestra función no es investigar, sino escuchar a la ciudadanía y analizar el contexto social”, expresó, al reconocer que cuando existen señalamientos públicos contra servidores públicos la percepción social adquiere una dimensión distinta que no puede ignorarse.

Finalmente, destacó que de acuerdo con información proporcionada por la propia Fiscalía, se ha registrado un incremento en el número de denuncias ciudadanas durante la actual etapa institucional, situación que atribuyó a una mayor confianza de la población para acudir ante las autoridades.