Con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el uso de los recursos públicos estará sujeto a una mayor vigilancia y fiscalización: Salazar Acosta.

Gracias a una política de disciplina financiera y manejo responsable del gasto público, el Gobierno de Morelos logró al cierre de 2025 ampliar el presupuesto de diversos organismos públicos, entre ellos el del Tribunal Superior de Justicia del estado.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, explicó que esta solvencia es resultado de una estrategia financiera sólida que ha permitido optimizar los recursos sin comprometer la estabilidad presupuestal de la entidad.

Subrayó que el compromiso de la gobernadora Margarita González Saravia no es gastar más, sino gastar mejor, mediante un esquema de control, vigilancia y fiscalización del gasto público, el cual se fortalecerá en 2026 con la reciente reforma que dará paso a la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Asimismo, el funcionario afirmó que el paquete económico aprobado para el próximo ejercicio fiscal es resultado de un trabajo conjunto y armónico con el Poder Legislativo, al reconocer la sensibilidad de los diputados para construir un presupuesto de ingresos equilibrado.

Destacó que la Ley de Ingresos refleja prioridades claras en rubros como bienestar, seguridad, salud y educación, y aseguró que los recursos serán aplicados de manera adecuada y en beneficio de la población morelense durante el próximo año.

Salazar Acosta enfatizó que con la reforma que dio origen a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, el ejercicio de los recursos públicos estará sujeto a una mayor vigilancia y fiscalización, lo que refuerza el compromiso del gobierno estatal con la transparencia, la austeridad y la disciplina financiera.

Al ser cuestionado sobre la continuidad del plan de austeridad para 2026, aseguró que está plenamente garantizado, al señalar que no se trata de gastar menos, sino de gastar correctamente. Añadió que este compromiso, impulsado por la gobernadora Margarita González Saravia, también se ha extendido a los órganos autónomos, particularmente ante solicitudes de ampliaciones presupuestales derivadas de situaciones extraordinarias.

Indicó que gracias a una política responsable de manejo financiero, el Ejecutivo estatal ha podido atender eventualidades, como las ampliaciones presupuestales al Tribunal Superior de Justicia y a otros entes, y exhortó a que estas prácticas se mantengan en el resto de las instituciones públicas.