La iniciativa de Paquete Económico 2026 del gobierno del estado es de un monto de 41 mil 362 millones de pesos.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, entregó al Congreso local el Paquete Económico del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2026, que contempla un monto global de más de 41 mil 362 millones de pesos, lo que representa un aumento del 8.3 por ciento. Se propone revisar la viabilidad de algunos impuestos que ya se cobran en otras entidades. Además, se da prioridad a seguridad, educación, salud y programas sociales.

El encargado de las finanzas acudió junto con su equipo de trabajo a la sede del Poder Legislativo, donde presentó el documento de iniciativa de egresos y de ingresos, así como anexos, y expresó la disposición de diálogo para atender cualquier duda de los legisladores sobre la propuesta.

El secretario detalló que el paquete contempla un monto económico total de 41 mil 362 millones 34 mil 203 pesos, es decir, un 8.3% respecto al ejercicio fiscal 2025.

Indicó que las asignaciones prioritarias son: tres mil 294 millones de pesos adicionales para secretarías, dependencias y programas prioritarios, lo que equivale a un crecimiento de 4% respecto al año anterior.

Los ejes centrales del presupuesto del Ejecutivo son: bienestar social, educación, seguridad, desarrollo económico sostenible y actualización responsable de contribuciones.

Indicó que “el paquete está orientado a satisfacer necesidades presupuestales sin comprometer la capacidad económica de la ciudadanía y la cobertura institucional del presupuesto”.

Explicó que se incluyen en su totalidad los anteproyectos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos. Precisó que se consideraron los porcentajes que la norma constitucional contempla.  

En entrevista, el secretario indicó que no se proyectaron aumentos de impuestos existentes, y se propone un análisis integral de cuatro contribuciones que recomiendan instancias federales, que existen en otros estados y se aplican con éxito: sobre enajenación de inmuebles, uso y goce de inmuebles (hospedajes), servicios profesionales y actividades empresariales. Anotó que no son “ocurrencias del Ejecutivo estatal”, sino que nacen de las recomendaciones de instancias federales. De aprobarse, aumentaría la recaudación, pues el propósito es subir de uno a dos puntos porcentuales de manera gradual.

Mencionó que estas proyecciones se ponen a consideración del Congreso local para que en coordinación y comunicación con el Ejecutivo se determinen las prioridades.

Expuso que se ha recomendado también el fortalecimiento de diez impuestos vigentes y se sugiere a legisladores el análisis de la “evolución progresiva que podrían tener algunos”, además de fortalecer las acciones de fiscalización y de auditoría.

“No es una política del Ejecutivo afectar a la ciudadanía ni generar nuevas contribuciones, más bien señalamos que derivado de las peticiones que tenemos (sobre todo de órganos autónomos), tenemos que lograr equilibrios y mostrar al Legislativo las posibles fuentes de financiamiento”, subrayó enfático el secretario. En otras palabras, si no hay ajuste en órganos autónomos y otros Poderes, se tendrían que obtener fondos de otros rubros, como serían las citadas contribuciones que no existían.