Operadores de Uber y Didi exponen inconformidades a autoridades de la CGMT en torno al impuesto del 1.5% contemplado en la iniciativa de Ley de Movilidad; llaman a diputados a no autorizar la norma sin consenso con el gremio.  

Trabajadores que prestan el servicio de transporte por medio de las aplicaciones reiteraron su rechazo a la iniciativa de Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial que envió el Ejecutivo al Congreso, y anunciaron que presentarán una contrapropuesta, “porque hay más afectaciones que beneficios”.

Roberto Rodríguez, vocero de un grupo que representa a cerca de 800 taxistas de aplicación, dijo que la aportación del 1.5% de cada viaje a un fondo estatal provocará un encarecimiento del servicio y la reducción en las ganancias de los trabajadores.

"No estamos de acuerdo en nada que engloba la ley, pero decidimos entrar a las mesas de diálogo para ver qué podemos rescatar, porque al final del día van a imponerlo", expresó Roberto Rodríguez en conferencia de prensa, luego de una reunión que sostuvieron ayer por la mañana con autoridades de la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

Aseguró que con este nuevo impuesto disminuirán sus ganancias y se podrían incrementar los precios de cada viaje, por lo que hizo un llamado a los diputados a no aprobar esta ley sin el consenso del gremio del transporte. Además, convocaron a los 15 mil conductores de aplicación que circulan en Morelos a sumarse a este movimiento.

Aunque aplaudieron el primer acercamiento con autoridades de Movilidad para conocer el anteproyecto, pidieron a los diputados tomar en cuenta tanto a los ciudadanos como a los operadores, porque -en su opinión- más que una regulación del servicio, hay fines de recaudación.

Roberto Rodríguez informó que este martes se llevó a cabo el primer acercamiento formal con autoridades estatales, donde por primera vez se presentó el anteproyecto de ley.

“Pretendían aprobarlo en fast track durante septiembre, sin consulta ciudadana. Gracias a la intervención de los transportistas se detuvo, lo que nos permitió integrarnos a las mesas de diálogo y trabajo”, explicó.

Rodríguez advirtió que el punto más preocupante es la llamada “aportación” del 1.5% por viaje, ya que ese costo terminaría siendo trasladado tanto al usuario como al conductor.
“Ellos la llaman aportación, pero en realidad es un impuesto. Al final del día encarecerá el servicio y reducirá las ganancias de los trabajadores”, enfatizó.

Los conductores reiteraron su disposición a continuar participando en las mesas de diálogo, pero advirtieron que no permitirán que se aprueben medidas que vulneren su economía ni la de los usuarios que diariamente utilizan este tipo de servicios.

En tanto, el diputado local Gerardo Abarca Peña, quien dialogó con los manifestantes, afirmó que la iniciativa de ley pretende “imponer” una aportación del 1.5% por viaje, lo que —dijo— representa un nuevo impuesto.

“Esta supuesta aportación voluntaria es en realidad un impuesto más. Entendemos que la reforma es necesaria, pero no debe afectar a los ciudadanos ni a quienes generan empleo”, expresó durante la mesa de trabajo celebrada con la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

Abarca subrayó que el Congreso del estado tiene la responsabilidad de analizar a fondo la propuesta para evitar errores, como el “impuesto ecológico”, que —recordó— fue uno de los factores que contribuyeron a la salida de la empresa Nissan del estado.
“No estamos en contra de la ley, pero sí de que se transgreda el bolsillo de los ciudadanos y de los trabajadores que prestan un servicio que el transporte público no ha podido resolver desde hace años”, señaló.