Foro Morelense de Abogados augura un proceso irregular, por parte del Congreso local, en la ocupación de seis vacantes.

El Foro Morelense de Abogados advirtió nuevamente de posibles irregularidades en la asignación de seis magistraturas en los tribunales de Justicia Administrativa (TJA) y Superior de Justicia (TSJ) y sostuvo incluso que dos de las vacantes ya tendrían “nombre y apellido”.

Luego de que la semana pasada comenzaron a correr los plazos para el registro de aspirantes, el presidente de la organización de litigantes, Pedro Martínez Bello, afirmó que, al igual que el proceso realizado a finales de 2023 para la asignación de diez magistraturas, existen sospechas de una nueva simulación del Poder Legislativo.

Consideró que las convocatorias para “concursar” las seis vacantes (cuatro en el TJA y dos en el TSJ) son un montaje para disfrazar los nombramientos y engañar a quienes desean competir por uno de los escaños judiciales.  

“En Morelos la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado designa magistrado a cualquiera que tenga cinco millones de pesos, es decir, si usted tiene cinco millones de pesos puede ser magistrado.
“Hay que decir que en Morelos no existen las oportunidades para los profesionales del derecho que tengan carrera judicial o conocimientos vastos, solo es necesario acudir con cualquiera de los 20 diputados corruptos y pagar la cantidad de cinco millones de pesos para que en automático, sin tener el perfil, ni los conocimientos te designen magistrado. Ese es el nivel de magistrados que se tiene hoy en Morelos, magistrados que obedecen a intereses político partidarios y económicos, pero no a la justicia ni a los justiciables”, comentó.

Martínez Bello afirmó que el problema que hoy enfrenta la administración de justicia es la opacidad y los intereses detrás de los nombramientos de los juzgadores de segunda instancia, que muchas veces recaen en personas que no cuentan con experiencia ni con trayectoria.

Sostuvo que el mejor remedio para prevenir estas irregularidades es cambiar el procedimiento de designación de los magistrados por un procedimiento abierto y transparente de evaluación, para garantizar que quienes lleguen a ocupar estos espacios cuenten con los conocimientos y preparación necesarios.

El litigante reclamó al Poder Judicial el desechamiento de varios juicios de amparo promovidos por abogados contra el proceso anterior de designación de diez magistraturas, pues  desafortunadamente los jueces de distrito han adoptado el criterio de que los diputados tienen la “facultad soberana” para realizar los nombramientos y con ello han cerrado –hasta ahora- la posibilidad de exigir la revisión del proceso, que estuvo plagado de irregularidades y cuestionamientos.