Ana Lilia Mata

Ana Lilia Mata

El Congreso del estado dio a conocer la lista de los aspirantes a ocupar el cargo de comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), como parte del procedimiento que inició la Junta Política y de Gobierno (JPyG) el pasado 17 de septiembre.

Las integrantes de la JPyG procederán a la revisión de los expedientes de cada uno de los 36 aspirantes.

En la lista destacan los nombres del ex magistrado Hertino Avilés Albavera, de la ex consejera electoral Xitlali Gómez Terán y de la ex comisionada del SEA, Penélope Picazo Hernández, así como del abogado Jaime Castera Moreno, entre otros.

La lista es la siguiente:

1 Miguel Ángel Osorio Aldama
2 Hertino Avilés Albavera
3 Ulises Patricio Abarca
5 Emilio Pliego Benítez
6 Esteban Muñoz Insausti
7 Guillermo Arizmendi García
8 Xitlali Gómez Terán
9 Juan Carlos Gordillo Cervantes
10 Aida Reina Hernández González
11 Ramón Rosales Juárez
12 Eduardo Rafael Aguilar Ochoa
14 Rodrigo Rojas Reyes
15 Jaime Castera Moreno
16 José Carlos Figueroa Hernández
17 Eva Penélope Picazo Hernández
18 Hipólito Reyes Guzmán
19 Juan Carlos Morales Figueroa
20 Luis Pineda Pastrana
21 Amando Gargallo Casique
22 Osiris Humberto Ojeda García
23 Leonora Valentina Jiménez Franco
24 Rolfi González Rodríguez
25 Emma Margarita Alemán Olvera
26 Claudia Marina Aponte Maysse
27 Pedro Zaragoza Herrera
28 Janet Nava Carcaño
29 Alejandro González Chévez
30 Hugo Omar Aranda Nava
31 Alejandro Corona Marquina
32 José Emilio Díaz Roca
33 Alberto Salgado Pérez
34 Arturo Valencia Zauzo
35 Obed Rodríguez Valle
36 Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz

Pide Impepac resguardar consejos municipales, distritales y urnas.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) solicitará al gobierno del estado la elaboración de un protocolo de seguridad, para resguardar el desarrollo del proceso electoral el día de los comicios en los 36 consejos municipales y 12 distritales así como en las urnas.


La consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, refirió que en los próximos días se firmará un convenio con el Poder Ejecutivo, a fin de que se garantice la seguridad que requieren los ciudadanos en las próximas elecciones.
Explicó que el convenio implica que la Comisión Estatal de Seguridad implemente un protocolo de seguridad para el resguardo de los 48 consejos municipales y distritales, además de la sede del Impepac, así como el resguardo de la papelería electoral desde su traslado a dichos consejos hasta las casillas el día de las elecciones, el próximo seis de junio.


Señaló que la seguridad se requiere en los 36 consejos municipales y 12 distritales, por la situación que enfrenta la entidad, aunque afirmó que no se tienen registrado "focos rojos" en la materia.
La consejera electoral manifestó su confianza en que el proceso electoral se desarrolle con tranquilidad, pues se tiene otro reto importante que es la emergencia sanitaria.

 

 

Su aprobación costaría al estado 250 millones de pesos anualmente: diputado.

El Congreso del estado acumula cerca de mil solicitudes de jubilación, cuya aprobación costaría al estado 250 millones de pesos anualmente, aseguró el diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.


El legislador refirió que se trata de un derecho que no se le puede negar a los trabajadores al servicio del gobierno del estado, sobre todo porque algunos casos han permanecido congelados por más de siete años.


Señaló que se pretende que en este mismo año se desahogue el rezago de mil expedientes y, finalmente, los trabajadores del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo puedan retirarse con la pensión que señale la ley.


"Son personas enfermas y en algunos casos los trabajadores ya murieron y (la pensión) se tendrá que entregar a sus familiares", explicó el diputado, quien admitió que desde el Congreso no se ha actuado de manera equitativa, pues han sido autorizadas "pensiones doradas" por la vía rápida y fuera de la ley, mientras que otros expedientes no avanzan.


No obstante, afirmó que el problema que más preocupa es el costo que implican las jubilaciones, pues tan sólo los mil expedientes que serán autorizados costarán al gobierno del estado 250 millones de pesos anuales.


"Es necesario una reforma. En algunos casos lo toman como una carga, pero la plaza (del trabajador que se va a jubilar) está cubierta y está pagada. En el momento es que se ocupa es donde se duplica el gasto, entonces tienen que prever en que se puedan congelar y no vuelvan a ocuparlas a través del sindicato para ayudar a un familiar o a un amigo", manifestó.

 

  

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado declaró procedente iniciar juicio de desafuero en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro, para que enfrente la denuncia en su contra por el presunto delito de violación, cometido en contra de una mujer.

La tarde de este lunes, por mayoría, los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias que integran la JPyG determinaron que existen elementos para iniciar el juicio de procedencia en contra del legislador, a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la denuncia en su contra.

El caso fue turnado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que inicie el juicio, órgano que analizará los elementos aportados por la FGE y por el legislador Marcos Zapotitla, con los que determinará si procede el desafuero.

Tras la entrega de la propuesta del paquete económico para el 2021, la diputada Alejandra Flores Espinoza indicó que es necesario que se lleven a cabo comparecencias con los secretarios de despacho del gobierno del estado y revisar sus necesidades, pero sobre todo sus resultados durante este año.

Adelantó que para aquellas dependencias que no hayan tenido avances se planteará un recorte financiero, y fortalecer otras áreas con mayores necesidades.

En el caso de seguridad pública, Flores Espinoza confirmó que el comisionado estatal José Antonio Ortiz Guarneros solicitó, durante su comparecencia el viernes pasado, un aumento presupuestal de 700 millones de pesos.

El diputado Marcos Zapotitla Becerro acudió este día ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar en su favor pruebas que demuestren que el supuesto delito de violación del que se le ha acusado fue fabricado.

Al respecto, el legislador dijo que tiene testimonios de familiares de la supuesta víctima que señalan que todo fue fabricado por la misma FGE.

Acompañado de ciudadanos que protestaron en contra del titular de la FGE, Zapotitla Becerro acusó que el fiscal general ha ofertado plazas a algunos legisladores para que avance el juicio de procedencia en su contra y pueda ser juzgado por el delito de violación.

 

*Rumbo a las elecciones del 2021*

Esta mañana, la dirigencia estatal del partido Renovación Política Morelense (RPM), a cargo de Leticia Salgado Peña, dio a conocer su estructura, rumbo a las elecciones del 2021.

Leticia Salgado afirmó que para la designación de candidatos éstos tendrán que tener características tales como valor, experiencia y conocimientos.

De igual modo, señaló que como partido les preocupa el tema de la seguridad, que es la principal demanda de la ciudadanía pero que será atendida ante la falta de resultados de las autoridades.

*Ante el Congreso local*

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso del estado una solicitud de refinanciamiento de la deuda pública, por un monto de seis mil 500 millones de pesos, que fue contratado en administraciones pasadas.

La secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz Merino, presentó la solicitud de autorización; al respecto, explicó que actualmente pagan 945 millones de pesos mensuales, tan sólo de intereses, por lo que el refinanciamiento permitiría mejorar las tasas de interés.

De igual modo, Tomasaz Merino señaló que no se trata de deuda pública sino de refinanciamiento.

Sobre el tema y en un comunicado, la Comisión de Hacienda del Congreso local detalló que recibió la iniciativa de decreto por la que el Poder Ejecutivo estatal solicitó, a través de la Secretaría de Hacienda, la autorización para contratar el refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública directa a largo plazo, que actualmente asciende a seis mil 592 millones 127 mil 804 de pesos, restando un plazo promedio ponderado de 13.9 años para su liquidación.

Al entregar la propuesta al secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, César Francisco Betancourt López, la titular de la Secretaría de Hacienda explicó que no se trata de la contratación de nueva deuda sino de una reestructura que permitirá al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo una mejora de las condiciones crediticias, con la disminución de la tasa de interés contratada originalmente y que de forma inmediata se traducirá en un ahorro de 140 millones de pesos anuales en el pago de intereses, es decir, alrededor de 550 millones de pesos en lo que resta de la actual administración y de otros 600 millones de pesos para la siguiente.

Empresarios piden la separación de Cultura y Turismo, así como de Desarrollo Económico y Trabajo

Con los cambios se pretende generar un equilibrio entre las fuerzas políticas en el Congreso local, señala diputada

logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.