Ana Lilia Mata

Ana Lilia Mata

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifiestan en la avenida Plan de Ayala, a la altura de la plaza "Arcos Cristal", en donde efectúan un bloqueo a la circulación vehicular, al mediodía de este lunes.

Los inconformes piden a la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) lleve a cabo mesas de diálogo por el tema del recorte de presupuestos.

Al respecto, afirmaron que el recorte de presupuesto detuvo el proyecto de construcción de pozos en comunidades en rezago.

También pidieron a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) proporcione información del estatus de los programas federales, muchos de ellos detenidos.

La encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, confirmó que esta mañana, durante un cateo judicial, agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) se llevaron el expediente de una auditoría iniciada por una denuncia ciudadana.

Al respecto, señaló que con este hecho se vulneran los derechos del denunciante, quien queda expuesto ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de la cual inició el proceso de revisión por presuntos actos de corrupción.

López Rodríguez adelantó que procederán legalmente, pues de la mano con las diligencias para llevarse el expediente de la ESAF, la FECC sigue una denuncia en su contra por presunto ejercicio ilícito del servicio público, cuando está facultad como encargada de la ESAF a efectuar auditorías a las instituciones públicas y, en este caso, por una denuncia ciudadana.

En un comunicado, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) informó respecto al ingreso de agentes de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), la mañana del lunes.

Al respecto, detalló lo siguiente:

"A los representantes de los medios de comunicación se les informa que esta mañana, alrededor de las 8:50 am, agentes de la FECC ingresaron a las oficinas de la ESAF, ubicada en la calle Cecilio A. Robelo número seis de la colonia Chapultepec.

Por ahora se desconoce la información que se ha sustraído. En breve estaremos dando a conocer más información.

Gracias a todos por estar atentos al desarrollo de este suceso inédito en contra de la vida institucional de la ESAF".

El Congreso estatal debe garantizar operación autónoma y transparente de dicha instancia: Rojas Morgado.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, José Rodrigo Rojas Morgado, pidió a los diputados locales que los tomen en cuenta como profesionistas en el proceso de elección del nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).


En entrevista, afirmó que se trata de una obligación de los legisladores acompañarse de las asociaciones de profesionistas en la revisión de los perfiles de los aspirantes que se postularán para el cargo, con base en la convocatoria emitida el pasado dos de octubre por el Poder Legislativo.


"Las asociaciones de profesionistas, en este caso el Colegio de Profesionistas y la FECAP, a la que nosotros pertenecemos, estamos muy interesados a (sic) que se haga una buena selección,  que nos tomen en cuenta como una organización de profesionistas de la contaduría a elegir el mejor perfil en beneficio de nuestro estado", manifestó.


Rojas Morgado manifestó su confianza en que el  Congreso concretará dicho nombramiento de manera transparente y que quien resulte electo "sea un contador certificado, morelense, comprometido con el estado".
Para el presidente del Colegio de Contadores Públicos la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización también requiere de reformas importantes, que garanticen un órgano autónomo, con independencia para realizar un trabajo de manera transparente y apegado a derecho.


En este sentido, dijo, la ESAF debe estar acompañada de un mayor presupuesto  para que pueda fiscalizar todas las instituciones públicas alejada de cualquier compromiso político.
Cabe mencionar que desde diciembre del 2018, la ESAF no cuenta con un titular, tras la renuncia al cargo de Vicente Loredo Méndez, quien fue señalado por la actual legislatura de haber protegido al gobierno de Graco Ramírez.
Por otro lado, Rojas Morgado insistió en el  llamado que han hecho las asociaciones de profesionistas para que los diputados aprueben la "ley de extinción de dominio", armonizada con la legislación federal.
Explicó que el nuevo marco normativo permitirá combatir de fondo los hechos de corrupción en el estado.

 

  

Empresarios anuncian una propuesta al Congreso para usar el dinero en actividades específicas.

Empresarios plantearán la creación de un fideicomiso que administraría los recursos que se obtienen del programa de verificación vehicular, para impulsar proyectos sostenibles y sustentables en los 36 municipios.


El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), Antonio Sánchez Purón, explicó que contrario a la determinación tomada por el gobierno federal de desaparecer los fideicomisos, en Morelos aseguró que la iniciativa privada respalda los existentes y promoverá la creación de uno más que garantice el desarrollo y la preservación del medio ambiente en el estado.


Explicó que actualmente el estado aplica a criterio los recursos financieros que se obtienen del programa de verificación vehicular, cuando podrían estar dirigidos a la sustentabilidad de las comunidades de Morelos.


"(Con) la parte que se está generando después de sufragar los costos de operación de los verificentros tendría que generarse un fideicomiso que fuera dirigido a la sustentabilidad", explicó.


Señaló que la propuesta será presentada al Congreso del estado, en el marco de la discusión del Paquete Económico 2021, para que los legisladores la analicen y se puedan hacer modificaciones en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

 

 

para desactivar los conflictos por el malestar de empresarios.

El Congreso del estado podría entrar a la revisión de la Ley de Videovigilancia que está en vigor desde el pasado 13 de agosto y que fue impugnada por empresarios y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), por considerar que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.


Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, aseguró que la nueva legislación se trabajó para beneficio de los ciudadanos y se cuidó que no violentará los derechos humanos.

Sin embargo, dijo que si existe la inconformidad de la iniciativa privada será revisada "y de ser necesario se harán las modificaciones correspondientes".


El legislador del Partido Encuentro Social Morelos (PESM) recordó que la ley de videovigilancia fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y que se revisó en la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso. "Desconozco los consensos que se dieron o cómo se dieron, pero insisto, si hay que revisarla lo haremos", añadió.


El jueves pasado los empresarios junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se pronunciaron en contra de la ley de videovigilancia y anunciaron que pugnarán porque no sea aplicable en Morelos. Incluso, anunciaron que trabajarían en una nueva propuesta que no vulnere los derechos de los ciudadanos.

 

Sábado, 10 Octubre 2020 05:13

Autos de Uber y Didi, manjar para ladrones

Los modelos que usan esas empresas está entre los más robados, revela Rueda Moncalián.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del estado, Rafael Rueda Moncalián, informó que los vehículos más robados son los que prestan servicio público de transporte por medio de las empresas Uber y Didi.


Indicó que los automóviles Versa, Aveo y Tsuru son los que más se roban, no sólo en Morelos sino en el país y los dos primeros modelos son los más utilizados por las  plataformas.
“Son marcas que alimentan el mercado de autopartes y se pueden modificar los registros para comercializarse”, explicó el empresario.


Aunque aclaró que no tiene un registro exacto del número de unidades de Uber o Didi que son robadas en el estado, sí refirió que son las marcas con el mayor número de reporte de robo, según datos de la  Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).


“Sabemos que ha aumentado el robo de autos usados para Uber y Didi, aunque no tenemos cifras o porcentajes pero sabemos por las denuncias que no han llegado al Consejo”, indicó.
Además el empresario informó que el robo de automóviles asegurados en el estado sumó mil cinco vehículos en lo que va del año, de los cuales sólo 411 se han  recuperado, mientras que en el 2019, en el mismo periodo se reportaron 968 vehículos robados y fueron recuperados 445, según la información que proporcionó OCRA.


En este sentido, señaló que el robo de vehículo registró un incremento del cuatro por ciento, en comparación con el mismo período del año pasado.

 

El presupuesto para el Congreso, de 433 millones 500 pesos.

El presupuesto 2021 contempla un crecimiento de apenas 1.12 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2020. El próximo año el Poder Ejecutivo sufrirá una reducción en sus ingresos de aproximadamente 400 millones de pesos, mientras que el Congreso del estado y el Poder Judicial mantendrán el mis presupuesto que ejercieron el año actual.


El pasado primero de octubre el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda, presentó la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos por un monto total de 27 mil 100 millones 326 mil pesos, 299 millones 272 mil pesos menos que el presente año.


En la propuesta se propone un presupuesto para el Poder Legislativo de 433 millones 500 mil pesos y para el Poder Judicial de 549 millones 39 mil pesos, igual que en el ejercicio fiscal vigente, mientras que el Poder Ejecutivo recibirá tres mil 477 millones 162 mil pesos, lo que representa una disminución cercana a los 400 millones de pesos, por lo que la Secretaría de Hacienda plantea un plan de austeridad en las distintas dependencias.


En el desglose del Presupuesto de Egresos se propone asignar mil 764 millones 527 mil pesos para los organismos públicos autónomos: para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) 282 millones 352 mil pesos, casi menos de la mitad de lo que solicitó; a  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 15 millones de pesos; a la UAEM, 677 millones 508 mil; y al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) 18 millones.


En tanto,  la Fiscalía General del Estado (FGE) tendría un presupuesto de 792 millones 659 mil pesos y  la Comisión Estatal de Seguridad (CES), mil 119 millones 605 mil pesos.
El Poder Ejecutivo plantea 20 millones de pesos para destinar al Fondo de Aportaciones Estatales Concursables, para el pago de laudos y sentencias en favor de los ayuntamientos cuyos cabildos están en riesgo de destitución.
La Oficina de la Gubernatura tendría un presupuesto de 141 millones de pesos.

 

 

Empresarios manifestaron su confianza en que el lanzamiento de la campaña "Morelos está cerca", anunciada ayer por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ayudará a generar un repunte en la afluencia turística y el desarrollo económico de la entidad.

En entrevista, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, dijo que ese tipo de estrategias ayudarán a mejorar la economía del estado, sobre todo cuando se prevé que la próxima semana Morelos entre a semáforo verde.

Sin embargo, el empresario refirió que no se debe bajar la guardia y por lo tanto la reanudación de la mayoría de las actividades debe darse con las medidas necesarias para evitar un repunte de casos de covid-19.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que existe la disposición de revisar con los empresarios la Ley de Videovigilancia que entró en vigor en agosto pasado, a fin de corregir cualquier normatividad que vulnere los derechos de los ciudadanos.

Ante las acciones legales que impulsaron empresarios en contra de la citada legislación, acompañados con la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHM), el diputado indicó que se revisó a fondo que no violentara los derechos; sin embargo, insistió en que existe la disposición de atender cualquier inconformidad.

En torno al análisis previo a la aprobación de dicha Ley de Videovigilancia, Sotelo Martínez anotó que fue un trabajo de la Comisión de Seguridad que presidía el diputado Marcos Zapotitla Becerro, y se desconoce el porqué no se llevaron a cabo mesas de trabajo.

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