OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha pausado sus planes de reestructuración corporativa que pretendían otorgar más control a una nueva entidad con fines de lucro. En su lugar, ha propuesto que su organización sin fines de lucro retenga el control sobre los productos de inteligencia artificial, en respuesta a las preocupaciones expresadas por fiscales generales y grupos de defensa.

La decisión llega después de que activistas y autoridades cuestionaran que el cambio pudiera desviar recursos con fines benéficos hacia intereses comerciales. La propuesta inicial buscaba transferir la autoridad desde la organización original sin fines de lucro hacia una corporación de beneficio público, lo cual fue visto como una posible desviación de su misión fundacional de

“beneficiar a toda la humanidad”.

Ahora, OpenAI asegura que esa entidad benéfica mantendrá la mayoría accionaria y el poder de decisión sobre su filial comercial, que será convertida en una corporación de beneficio público, una estructura que combina objetivos sociales con operaciones lucrativas. Esta nueva configuración aún debe ser revisada por las fiscalías de California y Delaware.

El cambio ocurre en un contexto de creciente presión pública y legal. Elon Musk, cofundador y ahora demandante contra la empresa, alega que OpenAI ha abandonado su propósito original. Además, críticos como Robert Weissman, de la organización Public Citizen, sostienen que no hay garantías claras de que la entidad comercial respetará los límites marcados por su misión sin fines de lucro.

OpenAI, que fue fundada en 2015 como una organización sin fines de lucro, busca actualmente nuevas fuentes de financiamiento que podrían alcanzar los 30,000 millones de dólares. Estos fondos son clave para sostener su liderazgo en el desarrollo de inteligencia artificial. Según Bret Taylor, presidente del consejo de OpenAI, la decisión de mantener el control bajo la organización benéfica fue tomada tras escuchar a líderes cívicos y dialogar con las autoridades.

El nuevo plan será evaluado por las autoridades correspondientes para asegurar que cumple con los principios legales y benéficos establecidos, mientras la empresa continúa operando bajo un modelo que intenta equilibrar innovación tecnológica, sostenibilidad financiera y responsabilidad social.