Después de casi dos meses, los estudiantes en paro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se encuentran en un proceso de diálogo con las autoridades de la máxima casa de estudios de nuestro Estado, llegando a varios acuerdos, aunque la liberación de las instalaciones del campus Chamilpa es algo que aún está pendiente. Si bien, las mayores consecuencias de este paro han sido las afectaciones derivadas de la toma de las instalaciones y el tiempo de retraso en el proceso educativo, es importante que reflexionemos en las causas de origen de este movimiento estudiantil. Esto nos ha dejado una serie de enseñanzas, y en mi opinión, lo más importante es que nos deben llevar a abrir los ojos y voltear a ver la situación actual en la que vivimos como sociedad y buscar solución a los problemas que existen en nuestras localidades, Estado y país, en conjunto con las autoridades. Independientemente del desarrollo del conflicto en la UAEM, que actualmente se ha orientado a resolver conflictos estructurales entre los estudiantes y la institución educativa, el problema de raíz que detonó el conflicto fue la intolerable situación de inseguridad en Cuernavaca, que se extiende en Morelos y en general en todo el país.

Robos, asaltos, secuestros, desapariciones, homicidios y violencia es lo que vivimos diariamente, durante décadas, sin ver una reducción de estos problemas. Muchos hemos sido víctimas directa o indirectamente, no solo de los actos criminales, sino de la negligencia de nuestras autoridades. Desgraciadamente, la inoperancia de la justicia nos lleva a una frustración como sociedad y terminamos ignorando los problemas en gran parte por salud mental. Dependiendo de nuestras posibilidades, tratamos de crear y mantenernos en una burbuja para minimizar el riesgo. Pero esto no arregla el problema ni nos exenta de sufrir estos problemas, ya que solo es cuestión de tiempo y mala suerte para que nos encontremos en uno de ellos. Si bien los comportamientos delictivos son parte de una desintegración del tejido social, la normalización e indiferencia ante esto es otro nivel de descomposición que muchas veces ignoramos.

El paro estudiantil ha sido un ejercicio poco asertivo y pobremente articulado, pero pone en evidencia algo que como sociedad debemos cambiar y que venimos arrastrando por generaciones. Somos una sociedad apática, fragmentada y polarizada. No encuentro otra manera de describirlo ni suavizarlo. Si buscamos el significado de la palabra apatía, encontraremos definiciones como “estado de indiferencia”, “sensible disminución de la actividad”, “carencia de estímulos para la acción”. Muchas veces, la causa de esta apatía se relaciona con una serie de situaciones de inestabilidad emocional, psicológica, económica, política, religiosa, o por el sometimiento y ruptura de la identidad colectiva, por darle más peso a nuestra individualidad. Procurar nuestra individualidad es necesario, pero debe llevarnos a contribuir con el bien común. Cuando cometemos o dejamos pasar abusos para obtener algún tipo de beneficio personal yendo en contra de la ley y la ética, estamos hablando de un acto de corrupción, que no se limita a nuestras autoridades sino a todos como sociedad.

En ese contexto me gustaría retomar la opinión de Luis Carlos Ugalde, quien fue consejero presidente del IFE en el periodo 2003-2007, y que mencionó en sus redes sociales en junio del 2023 lo siguiente:

“Hay algo peor en México que los políticos corruptos e irresponsables y eso es una sociedad apática […]. Tenemos una sociedad apática, lejana, y sobre todo, tenemos una juventud, los menores a 29 años, que son los más apáticos, conformistas, menos interesados en las cosas de la comunidad; ensimismados, pensando que lo que pasa afuera no les impacta […]. Nuestra juventud, y lo digo, aunque sea políticamente incorrecto, nuestra juventud votante de menos de 29 años no son el futuro de México”.

Por lo tanto, lo que están haciendo los estudiantes en paro de la UAEM y recientemente lo hecho por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en la CDMX, nos muestra que nuestra juventud aún puede combatir la apatía en nuestra sociedad; no deberíamos desalentarlos, sino orientarlos.

Por ejemplo, podemos recordar en 2012 el repudio que generó el entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, quien enfrentó el reproche por la represión en Atenco y su ideología autoritaria. Ese sector estudiantil fue capaz de catalizar el repudio popular al candidato del poder, a pesar de todos los intentos de descalificación que solo alimentaron su lucha. Los estudiantes de la Ibero y otras universidades, tanto privadas como públicas, tuvieron en su discurso una conexión que llevó a la creación del movimiento #YoSoy132. Sin embargo, después de más de una década, uno esperaría que, con éstos y otros antecedentes, la respuesta de nuestra sociedad fuera más exigente. Pero actualmente seguimos observando eventos indignantes como el reciente asesinato de dos vigilantes en las instalaciones de la barranca de Amanalco de la Universidad La Salle en Cuernavaca. Se esperaría que algo como eso generara la indignación de su comunidad y posiblemente buscar un vínculo con los estudiantes de la UAEM compartiendo un fin común, que es el manifestarse en contra de la inseguridad. Tristemente, la reacción de las universidades privadas no trascendió más allá de un comunicado por parte de la institución donde se dieron los asesinatos y de algunas notas en diferentes medios estatales.

Las quejas y reclamos sociales no deben limitarse a marchas, protestas o bloqueos. Si bien estos mecanismos son cada vez más frecuentes, también conllevan riesgos de violencia y pueden reproducir aquello que se busca denunciar. Su efecto suele ser más catártico que transformador, especialmente cuando las autoridades no responden con sensibilidad ni eficacia.

Es necesario asumir que existe una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. No podemos delegar completamente la solución de los problemas, pero tampoco asumir funciones que corresponden al Estado. Recuperar el Estado de derecho es, probablemente, uno de los mayores retos que enfrentamos como sociedad. Se trata de un proceso complejo que requiere acciones coordinadas, participación y soluciones construidas de manera justa y pacífica.