Durante décadas, el debate energético nacional se ha limitado a una disyuntiva: importar o refinar gasolinas. Sin embargo, una tercera opción que implica sustituir con una fuente de energía alterna —la electrificación— emerge como una alternativa más viable en términos económicos, industriales y estratégicos, que puede ser aplicada al sector del transporte.

Desde la perspectiva del consumidor, la diferencia es contundente. Un automóvil eléctrico puede operar con costos hasta siete veces menores que uno de gasolina. Recorrer 100 kilómetros cuesta menos de 30 pesos usando electricidad, frente a unos 220 pesos usando combustibles. En un año, un taxista podría reducir su gasto energético de 100 mil pesos a apenas 13,500, es decir, menos del 15% del costo actual.

El contraste también se refleja a escala nacional. México consume alrededor de 700 mil barriles diarios de gasolina. Sustituir ese combustible por energía solar requeriría siete plantas similares a la de Puerto Peñasco, con una inversión total estimada en 105 mil millones de pesos. Esta cifra es menor de la tercera parte del costo de la refinería de Dos Bocas, cuyo presupuesto supera los 378 mil millones de pesos y apenas cubre una fracción del consumo nacional. En ese sentido, es importante mencionar que la generación de energía eléctrica también se hace en gran parte con quema de hidrocarburo, por lo que invertir en plantas de energía solar tendría un doble beneficio.

Aunque la adopción masiva de vehículos eléctricos enfrenta limitaciones de oferta, el mercado global crece con rapidez, con ventas cercanas a 14 millones de unidades anuales y una expansión de doble dígito. Este dinamismo abre la posibilidad de que México reconfigure su industria automotriz hacia tecnologías limpias y con mayor proyección internacional.

La electrificación del transporte permitiría romper ese ciclo: reduciría la demanda de gasolina, disminuiría la quema de combustóleo y facilitaría la transición hacia energías renovables como la solar y la eólica.

El dilema, sin embargo, no es solo técnico o económico, sino también geopolítico. La apuesta por el petróleo mantiene al país expuesto a la volatilidad de precios internacionales y a la dependencia de insumos externos. El uso de combustóleo —subproducto de la refinación— obliga a generar electricidad altamente contaminante, cerrando un círculo de ineficiencia energética. Además, la exclusión o inclusión de tecnología asiática está limitada por los acuerdos comerciales vigentes con EUA y Canadá.

No obstante, el principal obstáculo es estructural. México presenta una baja inversión en investigación y desarrollo, lo que limita su capacidad para integrar plenamente las cadenas de valor de la industria automotriz. Actualmente, menos de la mitad del valor agregado del sector se genera en el país.

Experiencias como la producción de autobuses eléctricos en la capital muestran que existe capacidad local para integrar componentes importados con manufactura nacional. Pero el futuro de esta industria dependerá en gran medida de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Si México mantiene ventajas arancelarias, podría avanzar hacia una integración regional de la electromovilidad con tecnología norteamericana. De lo contrario, se abriría la necesidad de buscar tecnología en Asia y diversificar sus ventas hacia nuevos mercados, invirtiendo más en la innovación industrial.

En este contexto, la diversificación energética y productiva se vuelve una herramienta clave para reducir presiones externas, tanto en la importación de combustibles como en la dependencia de proveedores tecnológicos. Apostar por una industria automotriz más diversa permitiría fortalecer el mercado interno y ampliar el alcance hacia países que hoy dependen del petróleo. Casos como el de Noruega demuestran que incluso economías petroleras pueden transitar hacia una electrificación casi total del transporte.

La disyuntiva para México ya no es únicamente entre importar o refinar combustibles, sino entre mantener un modelo energético del pasado o alinearse con las tendencias globales, los riesgos geopolíticos y los desafíos ambientales. La decisión definirá el rumbo económico y energético del país durante las próximas décadas.