Desde finales de febrero, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha reaccionado ante los grandes problemas que vivimos todos diariamente. Desgraciadamente la inseguridad y los homicidios son dos problemas añejos y ya normalizados en nuestra sociedad, para los cuales no hemos visto solución. Si bien la comunidad universitaria ha manifestado una gran indignación y se ha movilizado para protestar de manera masiva invitando a toda la sociedad morelense, la toma de las instalaciones universitarias se dio por la desaparición de dos de sus compañeras y el hallazgo de sus cuerpos sin vida.

El movimiento y paro estudiantil, el cual lleva 15 días en el campus Chamilpa de la UAEM, vive un proceso de tensión interna y una transición incipiente hacia la negociación, sin embargo, esto no le quita la legitimidad social que apunta principalmente a los feminicidios, que desgraciadamente no han tenido la atención debida, lo cual ha detonado la situación actual. Sin embargo, conforme el paro ha avanzado, el movimiento ha comenzado a mostrar signos claros de fragmentación interna. Distintos grupos estudiantiles han adoptado posturas divergentes respecto a la duración del paro, las formas de presión y la relación con la rectoría. Mientras algunos sectores mantienen una posición firme de continuidad hasta obtener garantías estructurales (particularmente en materia de seguridad y no represalias), otros han optado por reabrir instalaciones y retomar actividades académicas, incluso mediante acciones directas que han derivado en confrontaciones. Esta fractura implica que el conflicto ya no es únicamente vertical (estudiantes vs. autoridades), sino también horizontal (entre grupos estudiantiles), lo cual tiende a erosionar la cohesión del movimiento y reduce su capacidad de negociación al no haber un frente común.

En este contexto, la rectoría ha intentado reencauzar el conflicto hacia una vía institucional mediante la propuesta de una “carta de garantías”, orientada a disipar el temor a represalias académicas o administrativas. Si bien esto es relevante porque reconoce implícitamente uno de los principales obstáculos para el diálogo, el problema ha estado en las formas. La manera en que se ha dado la negociación sigue mostrando cierta pasividad y desinterés por parte de las autoridades, por ejemplo, al determinar los horarios en los cuales se deben llevar las mesas de trabajo y una vez que se lleven a cabo, o cosas más simples como quién firma los comunicados de la máxima casa de estudios de nuestro Estado, donde hasta hace poco comenzamos a ver la firma de la rectora y otras autoridades.

Desde una perspectiva de escenarios, se pueden vislumbrar tres trayectorias probables en el corto plazo (posiblemente en 1 a 3 semanas). El primer escenario es una desescalada negociada. Si la carta de garantías es aceptada y se instala una mesa de diálogo con representación amplia, el paro podría transformarse en un movimiento de presión con actividades parciales, permitiendo una reanudación gradual de clases. Este escenario requiere que los liderazgos estudiantiles logren recomponer una mínima unidad y que la rectoría ceda en puntos visibles, especialmente en medidas concretas de seguridad.

El segundo escenario es de desgaste progresivo. En este caso hipotético, la fragmentación interna se profundizaría, ya que más facultades podrían regresar a clases de manera unilateral y el paro perdería capacidad de articulación. No se trataría de una resolución del conflicto, sino de su dilución. Si el movimiento estudiantil no logra sostener cohesión organizativa frente a presiones académicas, administrativas y familiares, este escenario es muy probable. Incluso, habría que evaluar las festividades de Semana Santa en este esquema.

El tercer escenario es de escalamiento conflictivo. Si continúan las confrontaciones entre grupos o se percibe intervención externa (autoridades estatales o fuerzas de seguridad) el conflicto podría intensificarse, derivando en episodios de violencia más visibles. Este escenario implicaría un aumento significativo del costo político para la universidad y potencialmente para el gobierno estatal, además de un daño reputacional más amplio.

En términos de riesgo político, la UAEM se encuentra en una posición delicada. La combinación de un detonante asociado a violencia de género y una respuesta institucional percibida como insuficiente puede amplificar la visibilidad mediática del conflicto y atraer la atención de actores externos, incluyendo organizaciones civiles y autoridades gubernamentales. La rectoría enfrenta el riesgo de pérdida de legitimidad si no logra encauzar el diálogo, mientras que el gobierno estatal podría verse presionado a intervenir, lo cual históricamente tiende a agravar este tipo de conflictos. Ya hemos visto que el improvisado Plan Integral de Seguridad Universitaria deja ver que la inversión en infraestructura no resuelve problemas como la falta de elementos de seguridad privada o policiacos que puedan abatir el crimen ni dentro ni fuera de la universidad.

Desde la perspectiva universitaria, los riesgos son múltiples. En lo inmediato, existe afectación al calendario académico, posible retraso en procesos administrativos y tensiones en la comunidad docente. En un nivel más estructural, el mayor riesgo es la erosión de la confianza institucional. La percepción de inseguridad y de incapacidad de respuesta puede tener efectos duraderos en la matrícula, la atracción de talento y la estabilidad interna. Asimismo, la fragmentación estudiantil puede dejar secuelas en la vida universitaria, dificultando la gobernabilidad futura.

En síntesis, el paro en la UAEM se encuentra en una fase de inflexión. Su desenlace dependerá menos del detonante original —que ya consolidó su legitimidad— y más de la capacidad de los actores involucrados para gestionar la fragmentación interna y construir un canal de negociación creíble. La ventana para una salida ordenada aún existe, pero se está estrechando conforme aumentan las tensiones y el desgaste es inminente.