El domingo 8 de marzo fue un día de conmemoración en el cual, desde hace más de 100 años, se habla de igualdad de oportunidades, de liderazgo femenino y de la participación plena en la vida pública. Sin embargo, en nuestro país sigue siendo una jornada para exigir el derecho a tener una vida libre de violencia, además de exigir algo muy elemental: el derecho a vivir.
Vivimos en un país en donde salir a estudiar, trabajar o simplemente divertirse es riesgo latente. Incluso, aun estando dentro de nuestras casas, se corre el riesgo de que algún perpetrador entre no solo a robar, sino a violentarnos. Recientemente sucedió un hecho absolutamente lamentable que cimbró a la comunidad universitaria de Morelos. El asesinato de Kimberly Jocelin, una joven estudiante que asistía a la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) y cuya desaparición fue ignorada durante días hasta que las y los estudiantes hartos de la indolencia tanto de las autoridades universitarias como del gobierno, decidieron tomar las instalaciones y presionar para ser escuchadas/os.
Tristemente esto no es un hecho aislado. Es el rostro cotidiano de una tragedia que se repite con mucha frecuencia en nuestro país, donde las jóvenes desaparecen sin que se activen de inmediato los mecanismos necesarios para encontrarlas. En muchos casos, las primeras horas —cruciales para salvar una vida— se pierden entre trámites, cuestionamientos revictimizantes y burocracia. Durante este proceso, las familias viven horas de angustia mientras recorren calles, hospitales y fiscalías, convirtiéndose en investigadoras improvisadas ante la ausencia de respuestas.
La violencia que enfrentamos las mujeres no es un evento aislado ni de generación espontánea. Es un fenómeno que se alimenta de la impunidad, de la normalización del acoso, de la indiferencia social y del abandono institucional. Cada vez que una autoridad encargada de dar respuestas decide minimizar, obstaculizar las investigaciones, archivar un expediente sin justicia, envía mensajes peligrosos y devastadores: a los perpetradores les hace saber que habrá impunidad y a las mujeres que su vida no es importante.
Este 8 de marzo se exigió por medio de las movilizaciones que la lucha por la igualdad va de la mano con la exigencia de seguridad y justicia. Que no basta con discursos institucionales vacíos días después de los hechos, ni con campañas donde se diga que las mujeres somos lo mejor del mundo. Necesitamos acciones concretas, protocolos de búsqueda efectivos que se activen sin demora, autoridades capacitadas y sensibles, presupuestos suficientes, coordinación efectiva y, sobre todo, voluntad política para romper con la inercia de la impunidad.
También necesitamos hacer una reflexión profunda que nos lleve a una transformación cultural de fondo donde prioricemos una vida libre de violencia para todos y todas. Es necesario educar desde los primeros años en el respeto, en la empatía, en la resolución pacífica de conflictos y la cultura de paz. Construir comunidades que no miren hacia otro lado cuando una joven no regresa a casa, cuando un joven desaparece, cuando una familia pide ayuda.
No solo el 8 de marzo, sino todos los días, es necesario recordar que los derechos se conquistan a través de la acción, la organización y la persistencia. Que no debemos aceptar la injusticia como destino. Hoy es importante mantener la indignación para levantar la voz, no solo para honrar la memoria de quienes ya no están, sino para proteger a nuestras hijas, madres, hermanas, amigas, esposas, colaboradoras y mujeres diversas que hoy tratamos de aportar a la sociedad a través de nuestro trabajo, estudio y cuidados a otros miembros de la sociedad y soñamos con una vida libre de violencia. Es por ello que es muy importante la lucha que están haciendo los estudiantes de la UAEM, porque nos recuerdan que la juventud es el motor del cambio. Si los involucrados no pierden su objetivo de vista y actúan desde la búsqueda de la justicia de manera sensata, dejarán un precedente en el cual se demostrará que la sociedad no está dispuesta a quedarse cruzada de brazos ante la ausencia del Estado de Derecho.
Que este 8 de marzo no pase como una fecha más en el calendario ni como una simple conmemoración. Que sea un momento de reflexión para proponer acciones a diferentes niveles y exigirles a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades con eficiencia, sensibilidad y empatía.
Desde esta columna nos solidarizamos con las y los estudiantes de la UAEM y con la familia de Kimberly Jocelin, Karol y todas las mujeres de este país que están desaparecidas. El lunes 9 de marzo la gobernadora del Estado de Morelos presentó un plan de seguridad estatal y la rectora de la UAEM convocó a mesas de trabajo con los estudiantes. Esperamos que las autoridades tomen acciones concretas para que este caso y otros casos no queden impunes y que implementen acciones eficaces a todos niveles para brindar seguridad tanto a los estudiantes como a la ciudadanía, pero sobre todo certidumbre a todas las familias que han sufrido estas pérdidas.
