Aun cuando la administración de Moreno Valle en Puebla, si acaso, permite un primer corte de caja, en función de los 100 días de gobierno (cumplidos en mayo pasado), se puede decir que en este lapso ha prevalecido la construcción de acuerdos para desactivar escenarios de erosión o enfrenamientos políticos, es decir, se creó una atmósfera político-social que ha privilegiado el diálogo y la negociación entre todos los actores políticos y sociales de la entidad. Y en sentido inverso de muchos estados donde se ha dado la alternancia política, como Oaxaca –por ejemplo-, no hay parálisis en las instituciones, no hay golpeteo entre los partidos políticos ni entre los poderes constituidos.

¿Una nueva concepción de ejercicio del poder y de gobernabilidad en el país?

Las condiciones que caracterizan a Puebla son multifactoriales -responden a su simetría multicultural-. Fortalecimiento del capital social (la familia, como núcleo de la sociedad, entre otros aspectos). Requerirá, en el mediano plazo, de un análisis más profundo, pero desde ahora se puede adelantar que esta nueva propuesta de poder y gobernabilidad está asociada a un plan de trabajo, que -como lo han externado los diferentes sectores poblanos- es producto de una evaluación y análisis para establecer una agenda de desarrollo social.

Como cualquier gobierno, siempre se aspirará a identificar errores o ineficiencias del sistema, incluyendo propuestas de mejora, o en su caso, eliminar las trabas administrativas. Debe de existir, también, un trabajo de análisis para establecer una agenda de desarrollo social. Identificación de áreas prioritarias, definición de objetivos y resultados a alcanzar, con una óptica de derechos humanos, equidad de género, y sustentabilidad ambiental, fortalecimiento de capacidades y de gestión sustentada en metas cumplidas.

Igualmente, diálogo con los partidos políticos y los diferentes sectores de la población para compartir una visión conjunta de la entidad, como punto de partida en la construcción de políticas públicas, planes y programas en los ámbitos económico, político, educativo, salud, ambiental y cultural. En síntesis: planificación.

Puebla llama la atención y está en la ruta para conformarse como un referente a escala nacional. Ante sí, como la federación, tiene retos, debilidades, fortalezas y un marco muy amplio de oportunidades. La alternancia del poder ha implicado una serie de factores que, como se percibe, pondrán a Puebla en otro paradigma. Los resultados gubernamentales se palpan, no se miden por un discurso mediático. Donde no existen obstáculos y se privilegia el acuerdo y el diálogo, hay civilidad política.

Buena calificación de Ficth Ratings a Moreno Valle

La Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), recientemente, avaló “el manejo responsable de la política financiera del gobernador Rafael Moreno Valle”, que ha puesto su esfuerzo para solucionar el adeudo que heredó de la anterior administración. En camino está una solución para este asunto, pero de entrada la calificadora Fitch Ratings –que toma en cuanta estándares de gobernabilidad y seguridad- le otorgó una alta “calidad crediticia”, en función de una política financiera El manejo de las finanzas del gobierno estatal se refleja en el control observado, desde que arrancó la actual administración, en el gasto corriente, y eso se traduce en un adecuado ahorro interno. Son organismos externos --de carácter internacional--, especializados en la calidad crediticia de cualquier entidad. El manejo de las finanzas del gobierno estatal se refleja en el control observado en el gasto corriente, que deriva de un adecuado ahorro interno. Los términos y condiciones financieras de la deuda directa son favorables.

Es la forma en que cualquier Estado se organiza y avanza, de acuerdo a un plan de obra. En Puebla se respira, entonces, una nueva concepción del poder y su ejercicio.

Alrededor del país.-

Asociación Nacional de Magistrados Electorales 2011.- Chihuahua es una entidad que a pesar de los embates de la criminalidad, da muestras constantes para dar continuidad a la actividad pública y social, ya sea desde la propia gestión de gobierno, o siendo una entidad anfitriona para diversos actos que dan impulso al movimiento social y político o, incluso, dando espacio –que no autorización-- para movimientos pacifistas que buscan, precisamente, lograr una justicia con paz y dignidad.

Y en la ciudad de Chihuahua se llevó a cabo, en días pasados, el encuentro en el que se dieron cita los integrantes de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales del país, encabezadas por su presidente, el magistrado Reynaldo Lazcano Hernández –quien es a la vez magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla-, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa. Este evento sin duda representa un acto que nos aproxima cada vez más al proceso electoral federal 2012, en el que habrán de renovarse la totalidad de cargos de elección popular, a saber: la Presidencia de la República, los 128 senadores, así como los 500 diputados que componen el Congreso de la Unión.

A reserva de hacer una revisión más específica de los resultados de dicho encuentro –por su aporte significativo a las elecciones en su conjunto--, baste con recodar que los magistrados electorales juegan un papel trascendental y definitivo en el ámbito jurisdiccional de las elecciones –ya sea nivel local o nivel federal, de conformidad con las atribuciones que las leyes y normas en material electoral les conceden.

Justamente, uno de los resultados fue la emisión de la “Declaración de Chihuahua”, mediante la cual los impartidotes de justicia en material electoral fijan, de cara a los diferentes procesos electorales venideros, su propia posición y compromiso ante los comicios, entre ellos: “Sumar esfuerzos para mantener la defensa del voto ciudadano; identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de la impartición de justicia electoral”.

De igual forma: “Interpretar el marco legal conforme a los principios constitucionales; intensificar el diálogo con las legislaturas estatales y el Congreso de la Unión; transparentar el ejercicio de la función electoral y hacer accesible el lenguaje de sus sentencias; contribuir a generar una ciudadanía informada que vigile la labor de los jueces electorales”. Finalmente, también se comprometieron a “garantizar y expandir la igualdad y equidad de todos los grupos sociales, con énfasis en género y respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

El encuentro contó también con la presencia de autoridades de gobierno, el magistrado José Miguel Salcido Romero, presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua; el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, entre otros.

Educación Superior.- Az, Revista de Educación y Cultura, dedica el número de junio al tema de “Educación Superior: perspectivas y experiencias”. En la misma, se anuncia una nueva sección (Alma Mater), coordinada por José Ramírez Salcedo. Reconociendo los retos y desafíos de las instituciones de educación superior, dicha publicación da voz a autoridades y especialistas, entre ellos: Rodolfo Tuirán, Gustavo López, José Trinidad Padilla López, Sealtiel Alatriste, José Enrique Sáez y el propio coordinador, Ramírez Salcedo.