Sigue habiendo toda clase de señalamientos por altos salarios de los funcionarios públicos o quienes integran los Cabildos. Ingresos que alcanzan 100 mil pesos en regiones donde la pobreza y la marginación crecen todos los días, mientras los recursos públicos son utilizados en aspectos triviales, que nada tienen que ver con los gobernados.

No sólo eso, no obstante nuevas normas y reglas de transparencia a fin de evitar el derroche y mal uso del dinero, subsisten decenas de “empleados” que no devengan lo que ganan, porque están en nómina a partir de alguna recomendación o por pago de facturas electorales.

Y no siempre se trata de una acción avalada por los alcaldes, hay casos en los que los funcionarios o colaboradores hacen de las suyas, a espaldas de sus superiores

Más o menos eso viene dándose en el caso de Temixco. Aquí algunos miembros del cabildo se despachan con la cuchara grande, aprovechándose de la división de grupos al interior de la comuna.

La alcaldesa Irma Camacho busca afanosamente controlar algunas áreas que siguen estando fuera de su alcance y cuyos responsables sirven a intereses muy distintos a los de la administración. Bueno, se insiste en que todavía sobreviven algunos recomendados del ex presidente Miguel Ángel Colín Nava, que se enriqueció a costa de paralizar económicamente a la alcaldía.

Ella ha instruido orientar el poco dinero que entra para cubrir el pago de servicios fundamentales y laudos, para evitar que las instalaciones municipales se queden sin luz, teléfono o agua, porque los pendientes en esos rubros suman cantidades que advierten de cancelación de contratos.

Por lo menos la maestra muestra voluntad para ir desatorando aquello con mayor urgencia, aunque eso le sigue causando graves reclamos de una larga lista de proveedores y prestadores de servicios que con todo derecho demandan cubrir sus añejos adeudos.

Pero lo de Temixco se replica por lo menos en la mitad de los ayuntamientos en el estado, aunque en otras alcaldías, son los ediles los que abonan en el desorden y el gasto corriente abultado, aunque no quede para la inversión pública, que es un rubro olvidado y sólo se hace un esfuerzo por mantener los servicios públicos en condiciones deplorables.

Bueno, desde el Congreso local se comienza a advertir que en breve, más o menos, unos 28 de los 33 presidentes municipales de la entidad, entrarán en riesgo de destitución por no cumplir con ordenamientos de pago de parte de los tribunales.

Ya en el caso de algunos, como en Puente de Ixtla, se ha tenido que enfrentar el arraigo domiciliario, que parece una vacilada, pero que da fe del grado de dificultad con el que se manejan las finanzas municipales. Sobre el tema, Juan Juárez Rivas, abogado laboralista, considera incluso que eso del rescate financiero a los ayuntamientos no tiene ningún fundamento legal.

“Cada fin de año, los alcaldes envían al Congreso local su propuesta o Ley de Ingresos y Egresos del año siguiente y es un estimado de los fondos que requieren para ejercer en ese periodo. Se entiende que están conscientes de los compromisos a resolver y es su problema si no cuidan y programan sus egresos”.

Y luego manifestó que “todo deriva de la falta de respeto a las normas y a la Constitución, si los munícipes cumplieran con aquello de estabilidad en el trabajo, se evitarían muchos dolores de cabeza, porque cuando deciden despedir a alguien, hay que liquidarlo conforme a derecho y los laudos serían inexistentes, pero desde ahí se comienza a violar el estado de derecho”.

Por supuesto que quienes encabezan hoy las administraciones municipales en las 33 presidencias recibieron en muy malas condiciones la administración, sin embargo, tampoco –en una gran mayoría- han hecho un esfuerzo real por cambiar las cosas, sigue la práctica de toda clase de vicios y componendas.

Sobran testimonios y relatos en relación a que los mismos alcaldes dan rienda suelta a la corrupción. La obra pública es asignada a empresas relacionadas con ellos, que desde luego tienen que entrarle con la clásica “mochada” y eso en el mejor de los casos, porque se menciona que no pocos ediles tienen sus propias empresas para quedarse con los contratos.

Qué decir de lo que ocurre en la asignación de cargos, sobre todo aquellos relacionados con el manejo del dinero, la tesorería y el área de finanzas. Generalmente se trata de personajes directamente ligados, familiarmente, al jefe superior y desde ahí se echa mano de dinero al gusto y medida del que manda.

Eso sigue siendo posible porque, como decía Juárez Rivas, no hay esquemas verdaderos de fiscalización, los que existen son una farsa y también sirven a intereses muy concretos y a monopolios de poder, de eso están conscientes los presidentes municipales, por eso se ríen de las circunstancias.

Hace falta seriedad y compromiso en todos los niveles de gobierno para evitar el saqueo que cada vez es más descarado y ofensivo, porque todo mundo se entera de  ello y no parece haber un poder capaz de frenar los abusos que llegan a los extremos, porque las instituciones gubernamentales ya no aguantan más.

Ahí radica el meollo de las dificultades, nadie está dispuesto a sacrificarse en su calidad de servidor público y la absoluta mayoría de quienes ocupan cargos gubernamentales van por ambiciones personales y llegan vaciando las cuentas y desviando cantidades exageradas para rubros que nada tienen que ver con las necesidades sociales.

Parece un cuento de nunca acabar, lo vivimos en cada trienio, los instrumentos  -que son muchos- encargados de vigilar en buen uso del presupuesto, son manejados por integrantes de grupos de poder internos en las administraciones y más bien están ahí para cuidarle las espaldas a sus superiores y si el de arriba roba, por qué ellos no, así que lo poco que llega acaba siendo insuficiente para satisfacer a los sacrificados funcionarios y servidores públicos.