La batalla por el control de espacios de poder entre partidos políticos y figuras del quehacer público está en sus primeros preparativos; cada uno de los interesados y de las organizaciones echa mano de recursos a su alcance para salir a la calle a enfrentar a los adversarios en una contienda sin contemplaciones.

Es precisamente en momentos electorales, cuando afloran toda clase de campañas de denostación y de desprestigio entre actores de la política, pero son señalamientos que suelen adolecer de los elementos probatorios para poder proceder de manera legal y una vez superada la contienda, quedan ahí para el recuerdo o la anécdota.

Eso sucede recurrentemente durante cada proceso de elección, sin embargo, sí hay evidencias de que en muchos de los casos relacionados con ex servidores públicos, a los que se les ha señalado como responsables de diversas irregularidades, existen todas las agravantes como para proceder con todo el rigor de la ley.

Al respecto hay bastantes personajes que en el desempeño de sus actividades frente a los ciudadanos hicieron uso indebido, del dinero púbico y a partir de ello, las instancias competentes en la materia prometían ejercer la ley en su contra, pero la omisión ha sido el factor reiterado en cada uno de esos casos.

Los cargos en los que se han presentado recurrentemente casos hasta de escándalo, en lo que se refiere a la corrupción, es el de las alcaldías y ahí seguimos, como gobernados afectados, esperando que las instituciones cumplan con su responsabilidad, pero pareciera que el tiempo es la mejor defensa de esos delincuentes de cuello blanco.

Hay hechos de alta notoriedad, como en lo referente al ex presidente municipal de Temixco, Miguel Ángel Colín Nava, a quien se le hicieron severas acusaciones por presuntos delitos en el uso de recursos estatales y federales. Incluso fue objeto de detención, pero sólo permaneció unas cuantas horas en Atlacholoaya, ya que por insuficiencia de pruebas quedó inmediatamente en libertad.

Lo mismo sucedió con el ex alcalde de Cuautla Jesús González Otero; en ese mismo municipio con Sergio Valdespín Pérez, por citar a algunos porque la lista es bastante larga, sólo que esos asuntos fueron litigados en los medios de información y hasta ahí llegó la cosa.

Hacemos mención de lo anterior, porque ya estamos inmersos en el proceso electoral que culminará en junio del 2018 y el riesgo es que esos delincuentes de cuello blanco se queden sin castigo, porque estas coyunturas son muy propicias para dejar en el pasado asuntos sin resolver.

Incluso, el terremoto obligó a hacer a un lado casi todos los temas regulares, tanto en la agenda política, social o de impartición de justicia, a fin de atender la contingencia y algunos asuntos ya no serán retomados. Existe el fundado temor de que entre ellos, estén los relacionados a la aplicación de la ley por actos de rapiña contra las instituciones gubernamentales.

El principal problema que padecemos los mexicanos es que a esas acciones condenables se les dé un trato político, porque es casi seguro que todo acabará en señalamientos públicos que no pasan de ahí, dado que derivan de choques de fuerzas antagónicas que de esa manera cobran facturas y que a pesar de haber delito que sancionar, tienen arreglo bajo la mesa.

Lo referente a Colín Nava es bastante grave, porque no sólo habría cometido delitos como peculado, fraude o robo a las arcas municipales, sino que permitió que grupos del delito organizado cogobernaran con él, sumándose al saqueo y a la rapiña en detrimento de los ciudadanos.

Cuántas cosas no se dijeron en relación al ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, pero el hombre ya anda en busca de otro cargo de elección popular, porque nunca le dieron cabal seguimiento a su expediente y mientras no le prueben nada, tiene todo el derecho a continuar buscando regresar al ejercicio de la política.

El caso es que cuando se trata de conflictos de índole electoral nunca se tiene la certeza de lo que se señala es real, o producto de difamaciones de enemigos en esa lucha descarnada por el control de espacios de representación popular. En lo relacionado a Manuel, aquello se registró precisamente cuando se venía la designación de candidatos a la gubernatura del estado en las elecciones del 2012.

Él había desarrollado un trabajo preelectoral bastante intenso; quería ser el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargo la decisión fue a favor de Amado Orihuela, que a decir verdad, traía menos peso social que Garrigós. Tampoco significa que fuera inocente de algo de lo que se le señalaba, porque sí dejó en quiebra el Ayuntamiento, con una pesada deuda que hasta la fecha no se logra superar; no obstante, a estas alturas podemos sostener que el señor puede dormir tranquilamente y si cayó en delitos no serán castigados.

Eso pareciera que sucederá con Colín o González Otero, porque además aquellos interesados en continuar los procesos pronto serán relevados de sus cargos y a quienes vengan seguro que no les interesará hurgar en el pasado, porque no fue su momento, de ahí que difícilmente se llegue a castigar como compete a quienes roban al pueblo de manera descarada.

Los partidos políticos se asemejan mucho a los sindicatos; son instancias de protección que generan impunidad y como la política se basa mucho en negociaciones y acuerdos, se cubren mutuamente. Lo que vemos en este momento entre partidos y gobierno a nivel nacional, es un fenómeno similar, pero mayúsculo.

Ello es así por la disputa anticipada del control del poder y también porque en casos de abierta corrupción, finalmente los agraviados no son los partidos ni las instituciones sino los ciudadanos, así que no hay el interés requerido como para llegar al fondo de cada uno de los casos.

Y cuando observamos sucesos como el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, no es por decidida voluntad de combatir la corrupción, sino por traiciones políticas, dado que en ese terreno las deslealtades sí son imperdonables. El señor operó contrariamente a los intereses del PRI en las elecciones de gobernador y está pagando caro, más aún que le apostó al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.