Publicado en Radiografia del Poder Viernes, 06 Octubre 2017 06:15

Nueva ley laboral Se habla de cambios profundos

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Municipios: otro moche

La mayoría de las reformas estructurales promovidas por la actual administración federal de gobierno, ya están vigentes, sin embargo hay algunas que venían en proceso de conclusión, una de ellas, la laboral, pero todo indica que sólo falta la aprobación del Senado de la República para que entre en vigor, dado que la Cámara Baja ya habría dado su visto bueno.

Conforme a lo que se tiene a la mano, sí hay en el contenido actual cambios profundos que pudieran despertar reacciones masivas de parte del sector obrero, porque de entrada, se estarían perdiendo los contratos colectivos a partir de que las contrataciones se darán de manera individual y directa con el patrón.

Con base en un breve legajo del contenido general y si el texto se conserva tal cual, obliga a modificaciones en las leyes del ISSSTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de que quienes sean contratados bajo los nuevos esquemas, difícilmente alcanzarían la jubilación, porque para tal efecto se requeriría laborar algo así como 50 años.

Incluso se anticipa de la pérdida de la autonomía sindical, porque se reitera, la parte patronal acordará términos y condiciones directamente con el empleado e incluso genera todas las condiciones a fin de rescindir el contrato cuando así sea necesario, sin ninguna consecuencia legal en materia de liquidaciones o remuneraciones por antigüedad.

En caso de personal técnico o profesional se ofrecerán contrataciones de seis meses a manera de prueba y en lo que toca al trabajador común, de un mes. Del mismo modo, para personal calificado la capacitación puede ser también de medio año, pero la del obrero sólo tres o cuatro semanas y si a juicio del centro de trabajo no hay la respuesta y el rendimiento esperado, se puede terminar esa relación. Otro punto crucial es que el salario mínimo desaparece y el pago puede incluso ser menor a esa cantidad hoy prevista en la Ley Federal del Trabajo.  La norma no considera ya salarios caídos en el caso del despido.

Se califica a ésta como una reforma muy agresiva, porque estaría despojando de conquistas laborales históricas al sector obrero y dejándolo prácticamente en la indefensión. Del tema se especula que se ha buscado aprovechar la distracción popular que subsiste a partir del sismo del pasado 19 de septiembre, para que no provoque reacciones fuertes en la clase trabajadora.

En efecto, buena parte de la sociedad sigue conectada al tema del desastre provocado por el temblor, a tal grado, que el mismo proceso electoral puesto en marcha hace ya cerca de un mes, se hizo a un lado para dedicarle todo el tiempo posible al asunto del apoyo a los damnificados.

Éste distractor bien pudiera seguir siendo alimentado todavía un buen tiempo, de tal manera que para cuando la mayoría de quienes se consideren afectados por la reforma sepan del alcance de los cambios, ya será tema superado por las autoridades que lo impulsaron.

Como la mayor parte de esas reformas estructurales, la laboral obedece a instrucciones de las centros de control de la economía en el mundo y mientras el gobierno mexicano forme parte de bloques de países como los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene que acatar “sugerencias”, que más que eso, son órdenes no sujetas a discusión.

Se trata de un costo que hay que pagar si se desea recibir beneficios de naciones poderosas económicamente, sobre todo en lo relacionado a la inversión de capitales externos para fortalecer la planta productiva y la generación de empleos y México necesita mucho de ambos factores.

                                                                                              

MUNICIPIOS

 

En otro asunto, dadas las proporciones del daño causado por el sismo, los tres niveles de gobierno deben actuar en coordinación y armonía para poder responder lo más rápido posible a las necesidades de los damnificados y por lo tanto cada uno tendrá que poner algo de su parte para que eso suceda y de ello no están exentos los municipios.

La mayoría de ellos viene padeciendo escasez de recursos presupuestales, sobre todo a causa de una pesada deuda acumulada por años a consecuencia de laudos laborales millonarios derivados de despidos injustificados, que amenazan incluso con destituciones al interior de los cabildos.

En busca de una solución duradera al conflicto, el Congreso del estado emitió un acuerdo, mediante el cual se creó un fondo de rescate, pero con base en la aportación del 2% de las participaciones de los mismos ayuntamientos y eso los limitó en la disponibilidad de dinero a ejercer.

Pero ahora con lo ocurrido tras el temblor, se avanza en la propuesta de que recursos de algunos programas federales que venían siendo entregados a las alcaldías para acciones muy concretas a favor de los ciudadanos  sean orientados al apoyo del rescate a las familias que perdieron el patrimonio a fin de mejorar los alcances de la reconstrucción.

Ya incluso se tomó protesta a quienes forman parte del consejo de administración de esos fondos, cuyo monto se calcula en este momento en 300 millones de pesos, aunque el objetivo es llegar mucho más allá de eso. Muy limitados presupuestalmente van a acabar los ayuntamientos.

Son muy pocos los que tienen posibilidades de atender necesidades populares urgentes, sobre todo en obra pública y prestación de servicios; hay un rezago creciente en todos los sentidos, por eso priva cierta inconformidad popular, ya que no se ve por ningún lado la presencia de esas autoridades.

Pero además, el tiempo se acorta y si algunos presidentes municipales quieren buscar otro cargo de elección popular en la justa del año entrante, deberán pedir licencia a inicio del segundo trienio del 2018, lo que indica que sólo tienen unos seis meses para cumplir metas y compromisos contraídos con los electores.

Por lo que sobre el tema se ha dicho desde el gobierno estatal, es que la mayoría de los 33 ediles ya están de acuerdo con sacrificarse a fin de atender lo más urgente; habrá que ver si no se dan reacciones en contra, como cuando se impulsó aquello del fondo de rescate municipal. Pero a pesar de que así sea, difícilmente prosperarían sus quejas, su fortaleza es limitada y de ahí que se considere como un hecho consumado.

 

 

 

 

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