Este día, el cabildo de Temixco avanzará en el proceso relacionado con su obligación de iniciar los trámites legales para que se nombre a quien sustituirá en la presidencia a la maestra Irma Camacho García, fallecida hace unos días. El primer paso es notificar oficialmente al gobernador, que valorará la integración de una terna, la que a su vez enviará al Congreso local, donde se analizará, para que se nombre al nuevo alcalde.

Como ya es común en situaciones tan delicadas como ésta y, además, porque ahí mismo ya se vivió un suceso muy similar con la muerte de Gisela Mota Ocampo -quien sólo estuvo al frente de la comuna un día-, los diversos grupos interesados en apoderarse del mando deliberan respecto a la forma legal como deberá llevarse a cabo la sucesión. Unos advierten que, por recientes cambios en la materia, deberá ser el mandatario estatal el que decida sobre esa terna; otros insisten en que es facultad del cabildo integrarla.

Igualmente, algunas voces consideran que, para respetar la equidad de género, necesariamente deberá ser otra mujer, pero desde trincheras distintas se aclara que lo anterior no viene contemplado por el marco legal y que, por lo tanto, no es ninguna obligación ajustarse a tales reglas. O sea, cada bloque –se aprecian dos más o menos con cierto poder- interpretan la ley de acuerdo a los intereses que tienen, en una lucha que vuelve a generar inestabilidad en esa alcaldía, que por lo menos terminará su trienio con cuatro presidentes municipales –pueden ser cinco-,  a decir: Gisela Mota, Gerardo Hurtado de Mendoza (el síndico que ya estuvo a cargo un rato) Camacho García y quien sea ungido luego de este proceso.

Pero por encima de quienes logren imponer condiciones y control en los 23 meses que le restan a la administración, lo que se estima es que se tendrá que aplicar una profunda limpia, porque hay piezas que ya no se ajustan a esas estructuras, porque se extraviaron en el camino. Si bien es cierto que la anterior administración, encabezada por Miguel Ángel Colín Nava, heredó un desastre a la actual, no es menor el hecho de que, durante este año y medio, se observan sucesos igualmente preocupantes que tendrán que ser valorados por el edil en turno.

En primera instancia, el nombramiento del nuevo alcalde se hará respetando el derecho de silla, o sea, fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el que ganó la plaza en el 2015 y, por lo tanto, le asiste el derecho de asignar a uno de los suyos. Pero algunos de los que se sumaron al equipo inicial de trabajo de Gisela tomaron distancia de esa militancia y andan trabajando, desde hace unos meses, para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como en el caso de la oficial mayor Juana Jazmín Solano López y la tesorera Dariela Aguilar.

No obstante, tampoco sería la única razón por la que se tendría que valorar la permanencia de algunas cabezas en el equipo de trabajo de quien llegue; en lo que toca a Solano López, hay incluso denuncias ante la Contraloría municipal y del estado en su contra, porque indebidamente se desempeña en dos responsabilidades, que conforme a la ley, son incompatibles.

Ella, además de ser oficial mayor, se continúa ostentando como administradora del sistema de agua potable en la delegación Rubén Jaramillo, no obstante que, en una asamblea realizada el 17 de noviembre del 2015, fue desconocida como tal, porque en su lugar fue elegido José Alfredo Antonio Reyes, de cuyos resultados se informó oportunamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Desacatando la decisión popular y amparada en el cargo de oficial mayor, sigue ostentándose como tal, no obstante que como funcionaria pública está impedida para continuar en ambas posiciones. Lo extraño, decía Antonio Reyes, es que ni la contraloría municipal ni la estatal han dado alguna respuesta sobre el caso, lo que da margen a pensar que mantienen componenda con Solano López.

El procedimiento de responsabilidad administrativa, en este caso, se inició con fecha 15 de julio del 2016, bajo el número CM/TEM/PA/011/2016. Pero con anterioridad, el 22 de febrero del año pasado también se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de usurpación de funciones, en agravio de la asociación civil “Usuarios del Sistema Independiente de Agua Potable de la colonia Rubén Jaramillo”.

Lo anterior es sólo una parte de diversos sucesos más, que a juicio de muchos ciudadanos, merecen la toma de decisiones, para poder intentar enderezar el rumbo de un gobierno que, por los motivos que sean, sigue en deuda con sus gobernados, dado que no hay trabajo ni mucho menos obra que valide el desempeño de quienes gobiernan la localidad.

Algunos se siguen preguntando si toda aquella red de la delincuencia organizada que, durante el gobierno de Colín Nava, se adueñó de media docena de espacios de primer nivel en el ayuntamiento, ya fue desmantelada o sigue vigente, aprovechando la debilidad con la que se ha venido conduciendo el trienio en turno y, entonces, el que se haga cargo el tiempo que resta deberá analizar bajo qué condiciones asume tan delicada responsabilidad.

Hay otro aspecto a tomar en cuenta, ya no se dispone de tiempo como para que el nuevo edil logre consensos y reconocimiento popular, y difícilmente podrá sentarse bien en la silla, dado que estamos a dos o tres meses de que arranque el proceso electoral rumbo a la sucesión del 2018 y su presencia cobrará cada vez menos importancia, los ojos comenzarán a enfocarse en aquellos aspirantes que tengan posibilidades reales de ganar la justa.

Pero si se quiere dejar por lo menos alguna huella, lo menos que se deberá hacer es quitar de en medio a quienes han venido obrando mal y armar un pequeño equipo de colaboradores leales y comprometidos con el municipio, sólo de esa forma se podrá contar con márgenes para desarrollar un trabajo más o menos acorde a las necesidades de un pueblo que hace buen rato parece traer la suerte de espaldas. Claro, lo anterior es mucho pedir, la decisión se dará en función de intereses que nada tienen que ver con la sociedad, ojalá nos equivoquemos, pero por ahí vendrá la cosa, ya lo veremos.