Publicado en Radiografia del Poder Sábado, 08 Julio 2017 05:57

Justicia laboral Justicia laboral Pasos de tortuga

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Al igual que ocurrió con el nuevo sistema de justicia adversarial, en materia laboral se camina hacia un esquema diferente: a partir de febrero del año que viene, lo que hoy se conoce como Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje deberán ya estar funcionando como tribunales o juzgados laborales.

Sin embargo y a pesar de que ya constitucionalmente el Artículo 123 constitucional lo prevé, en Morelos ese tema se encuentra en pañales.

La reforma en la materia ya se encuentra aprobada, sin embargo las entidades federativas tienen la obligación de armonizarse con la Federación y desarrollar los cambios necesarios, tanto en lo relacionado a las leyes orgánicas, como de sus reglamentos, a fin de caminar en la misma dirección.  Pero en lo que se refiere al estado, no se tienen medidos los alcances en materia económica, por ejemplo, porque esas transformaciones requerirán de estructura para echarse a caminar.

Polémico y crítico como siempre, el abogado laboralista Juan Juárez Rivas dijo sobre el tema, “hay una serie de indefiniciones al respecto, los tres poderes están obligados a actuar de manera conjunta para darle forma al nuevo esquema, pero no hay nada firme”.  Y luego recordó que “en su oportunidad advertimos que eso del sistema de justicia penal adversarial, no cumpliría con las promesas oficiales de mejorar la impartición de la justicia como se llegó a decir; el fracaso ya es reconocido por muchas instancias gubernamentales y así como vamos, puede pasar lo mismo en el caso de la justicia laboral”.

Desde el punto de vista de los abogados laboralistas, las administraciones públicas federal y estatal siguen teniendo una deuda con los trabajadores, porque no se ha podido reducir el tiempo que establece la ley para resolver un conflicto laboral en esos tribunales. Lo congruente es que en un término de seis meses se cuente ya con una definición, sin embargo, a decir de Juárez Rivas, hay casos en los que los procesos llegan a cuatro o cinco años, no se diga si son de carácter federal.

No estamos muy lejos ya del plazo concedido por la ley para que se constituyan las nuevas estructuras de impartición de justicia laboral, escasos siete meses y los avances son mínimos. Conforme a los esquemas dispuestos, se creará un Instituto Nacional de Conciliación, que debe tener réplicas en cada uno de los estados. Son instancias que demandan de una base presupuestal, que en el caso nuestro, tendrá que ser aprobada por el Poder Legislativo, en acuerdo con el Ejecutivo, que son los que pueden disponer de fondos económicos.

Hay dudas pues respecto a la viabilidad del nuevo esquema de impartición de justicia en ese rubro, sin embargo, también algunos aspectos positivos, reconocidos por los juristas, como aquello de que será obligación de cualquier organización, sindicato o agrupación de trabajadores estar perfectamente registrados ante los juzgados o tribunales laborales y eso estaría operando en contra de la existencia de contratos ficticios, de falsos líderes gremiales, que carecen de base social.

El sistema actual permite toda clase de vicios, porque no se dispone de normas y reglas claras, de tal manera que todavía hay “coyotes” que viven a partir del tráfico de influencias, ofreciendo protección y gestión a trabajadores que llegan a necesitar de algún apoyo legal. Desde luego que no resuelven nada, pero sí extorsionan a aquellos que llegan a confiarles sus problemas, eso podría ser combatido a partir de las reformas en proceso.

Sólo que se vive en medio de una transición que advierte ya de nuevas reglas, pero que sólo existen en el escritorio, en la realidad hay una total indefinición que afecta el desarrollo de los procesos en los tribunales. Contrariamente a lo que establece la norma, cualquier denuncia por despido injustificado o incumplimiento de compromisos entre patrones y trabajadores, puede prolongarse por años, por el enorme rezago que hay en ese aspecto.

La esperanza, sobre todo de los litigantes, es que una vez que funcionen los juzgados laborales, que dependerán ahora del Poder Judicial, se combatan también una serie de necesidades que impiden la agilización de conflictos. Es decir, insuficiencia de personal, tanto en número como en capacidad y profesionalismo, bajos salarios, deficiente equipo tecnológico y de operación, porque se adolece de unidades para la notificación a las audiencias.

Hace unos meses, integrantes del Consejo Ciudadano Laboral buscaron acercamiento con algunos legisladores locales para pedirles que valoraran la posibilidad de mejorar el presupuesto de las juntas y tribunales al respecto, pero aquello sólo quedó en un veremos, jamás se hizo nada por dar respuesta al reclamo.  Se señala que el próximo 13 de julio, o sea, finales de la semana entrante, dicho consejo sesionará y deberá contar con la presencia del secretario del Trabajo, de un representante del Tribunal Superior de Justicia y del Congreso.

Se preparan algunas propuestas a fin de que se asuman definiciones específicas en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia laboral, porque a juicio de quienes prestan sus servicios profesionales a empresarios y trabajadores, es de urgente necesidad ponerle un poco de atención al asunto, estimando que la falta de interés oficial puede derivar en problemas diversos, que abonan en la inestabilidad e ingobernabilidad.

Pero la mayor inquietud ronda en relación a que la reforma no logre realmente ofrecer soluciones concretas que abonen en la mejora integral del esquema de impartición de justicia y subsistan las mismas deficiencias, sobre todo por falta de recursos, que parece ser el mayor obstáculo a lo largo de la historia.  Hace cerca de un año que se empezaron a dar los primeros pasos hacia la transformación de las juntas locales en juzgados laborales; no hay avances, el sexenio comienza a ver su final, la atención pública se orienta hacia otro tipo de intereses, se corre el riesgo de que todo eso se quede a medio camino y en la indefinición.

Más aún, tanto la Federación como algunos estados, caso específico Morelos, han iniciado el cierre administrativo, porque hay que poner todas las cosas en regla para la entrega-recepción, pero como que se agota el tiempo para acciones de tanta trascendencia como la del tema que nos ocupa.

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