Publicado en Radiografia del Poder Jueves, 06 Julio 2017 05:58

¿Y a Colín cuándo?

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Razones para llamar a cuentas a la mayoría de quienes ejercieron el cargo de presidentes municipales en el trienio anterior sobran, sin embargo,  sólo se ha procedido en contra de uno o dos, entre ellos el ex edil de Cuautla, Jesús González Otero, que está nuevamente tras las rejas.

Habría que valorar cual es el criterio que se aplica contra aquellos “servidores públicos” que cometen actos de corrupción y se roban el dinero del pueblo, porque en lo que corresponde a la Heroica, más o menos los mismos atracos hizo otro ex edil, Sergio Valdespín Pérez.

A éste personaje, por tantas atrocidades, desde el Congreso se le inició un proceso de juicio político, sin embargo, llegado el momento fue exonerado, a pesar del cúmulo de evidencias y reclamos populares surgidos en aquel municipio y que revelaban sucesos desafortunados que merecían igualmente una sanción similar a la que se le sigue a González Otero.

Ese es el problema, que la ley no se aplica, más bien se actúa conforme a acuerdos políticos y es precisamente en el recinto legislativo donde los grupos parlamentarios que representan a cada partido político, deciden, conforme a sus intereses de ese momento, el destino de aquellos que han infringido la Ley, pero a los que se les ofrece impunidad.

Por esos motivos padecemos en este momento un desencanto popular contra casi todo lo que tiene que ver con la actividad política y de gobierno. La omisión de la autoridad en el cumplimiento de su deber a fin de mantener el orden, la ética y el buen desempeño de quienes gobiernan, alimenta la deshonestidad y propicia la corrupción que es el signo visible de aquellos que conducen las instituciones en los tres niveles de gobierno.

Otro caso de escándalo y robo abierto de las arcas públicas lo representó Miguel Ángel Colín Nava, como alcalde de Temixco, en el periodo 2012-2015. Mucho se pensó que sería el primero en ser llevado al banquillo de los acusados, pero todo indica que pudo salvar el cuero, tal vez con un buen “padrino” y aunque fue detenido, lo liberaron casi de inmediato.

El hombre se excedió en muchos aspectos, no sólo permitió que la delincuencia se apoderara de los principales mandos del ayuntamiento, sino que desvió recursos procedentes de programas de la Federación, lo que lo hace presumiblemente responsable de peculado.  Se espera que vuelva a ser requerido, pero existe ese temor de que todo quede en un pacto de grupos políticos que así suelen resolver este tipo de arbitrariedades.

Ese municipio pasa por los peores escenarios, consecuencia del quebranto en sus finanzas públicas, de cuyos efectos no escapa en este momento, porque la alcaldesa Irma Camacho García, por cuestiones de salud, ha dejado de atender el cargo y la mitad de la comuna, que es la que ella “controla”, no funciona desde hace unos dos meses.

Más por la fuerza que por voluntad propia, se viene logrando medio resolver el serio conflicto que padecen la mayor parte de presidentes municipales con el tema de los laudos. El Congreso local y el gobierno estatal les impusieron una baja del 2% de sus participaciones mensuales para crear un fondo de rescate, del que ya se beneficiaron unos diez ediles.

Era la única manera de evitar mayores problemas y hasta parálisis funcional y de riesgo de ingobernabilidad, porque ya muchos estaban siendo amenazados por los tribunales laborales de ser destituidos junto con algunos otros miembros del cabildo y funcionarios del área administrativa. Pero el comportamiento de la mayoría de ellos es el mismo de siempre. Lo que desde otras trincheras se advierte es que volverán a provocar desajustes antes de que dejen su responsabilidad, porque ellos no están dispuestos a sacrificarse y continúan metiendo mano a todo lo que es dinero público.

Y no obstante que sí hay manera de meterlos al orden, desde las instancias competentes en esa materia no hay voluntad para hacerlo. Es el Poder Legislativo el que tiene la posibilidad de generar normas y reglas para eliminar lagunas legales que permiten a los cabildos tomar decisiones que frecuentemente, sólo buscan beneficiar a quienes son parte de la autoridad municipal.

Nominalmente, buena parte de los alcaldes ganan más que el gobernador, es decir arriba de los 100 mil pesos, a partir de acuerdos legaloides, porque conforme al marco legal actual, cuentan con esas facultades, por eso resulta urgente que se les impongan limitaciones, sólo que a nadie le interesa, porque se actúa de espaldas a la sociedad.

Ha sido una constante que  quienes ocupan alguna representación popular en el Congreso local, al siguiente trienio aspiran a ser alcaldes de su municipio natal y no quieren establecer candados que a la postre les impida hacer lo mismo que sus antecesores.  Ese es realmente el motivo por el que no se genera un tabulador salarial, por ejemplo.

Por lo tanto, las señales que se nos envían a los ciudadanos van en el sentido de que el robo a las arcas públicas continuará de manera indefinida, así que tendremos que continuar soportando a una mayoría de políticos vividores del erario que sin resultados reales en su desempeño, se conceden privilegios y abonan en los niveles de empobrecimiento, ya que el poco dinero que se recauda por todo tipo de impuestos y prestación de servicios públicos, no es devuelto a la comunidad mediante obras e inversiones que ayuden a generar progreso y desarrollo.

Los signos del rezago son observables en todos lados, los pueblos, comunidades y ciudades enfrentan una grave crisis de deterioro en su infraestructura, las calles están a obscuras por falta de mantenimiento en las redes de alumbrado; las banquetas y la vialidad destruidas, con agujeros por todos lados; el servicio de recolección de basura es deficiente, el suministro de agua potable cada vez más escaso, pero los impuestos siguen creciendo porque los representantes y servidores públicos nos cuestan cada vez más, ninguna suma es suficiente como para satisfacer sus exquisitos gustos, viajes de placer y acumulación de capital.

Y eso que todavía viene lo más preocupante, el proceso electoral del 2018, para el cual se destinan carretadas de dinero, con el único fin de hacerles el cargo gordo a esos enemigos del pueblo, porque no les puede llamar de otra manera a muchos de ellos.

 

 

 

 

 

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