Es decir: los ciudadanos no tienen confianza en los órganos jurisdiccionales encargados de procurar e impartir justicia, ni tampoco los respetan. El problema de la inseguridad pública es la percepción de la gente. Se siente desvalida e indefensa. No acude al Ministerio Público porque no sabe lo que le sucederá. Así es su desconfianza. Por otro lado, agregó Sotelo Salgado, “tenemos el conflicto que representa para los ciudadanos la sensación de que no pasa nada”. Dicho de diferente manera: el predominio de la impunidad, la ineficacia de la procuración y administración de justicia y la corrupción policíaca.
2.- La impunidad se origina porque la población tiene desconfianza. La falta de confianza de los ciudadanos en sus autoridades provoca que la mayor parte de los delitos se desconozca. Pero lo anterior genera además el desprecio por la legalidad. Cipriano Sotelo Salgado hizo referencia a una investigación de Sergio López Ayllón y Héctor Fix Fierro, titulada “¡Tan cerca, tan lejos! Estado de derecho y cambio jurídico en México”, auspiciada por la Asociación Mexicana de Derecho Comparado. En el capítulo siete, dedicado a la cultura jurídica mexicana, los autores transcribieron parte del resultado de una encuesta nacional llevada a cabo a comienzos de los años noventa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a otra auspiciada en 1995 por la Secretaría de Gobernación. Ambas coincidieron en cuanto a las opiniones y actitudes de la población hacia el estado de derecho, los valores jurídicos y la corrupción. Indudablemente que los resultados del muestreo siguen vigentes hasta hoy. Y los recordaré tomando como base la información difundida este jueves por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al presentar el libro digital “Violencia en Morelos, Atlas de la seguridad y la violencia versión 2015”. Ahí se indicó que el 92.7 por ciento de los delitos que se cometen en esta entidad no se denuncian.
3.- Me parece, pues, que debido a esa condición de impunidad, a la mayoría de la gente no le importa violar la ley. Las dos encuestas citadas en el numeral dos arrojaron respuestas todavía latentes en la actualidad. Desde mi particular punto de vista el escenario sigue siendo el mismo. Un número significativo de personas (65%) considera a la obediencia de la ley como un valor importante; 36% opinó que las personas deben obedecer siempre la ley, y 29% consideró que las personas pueden cambiar las leyes si éstas no les parecen bien. Sin embargo, 35% contestó que las personas pueden desobedecer las leyes si las juzgan injustas. Las instituciones obtuvieron altos niveles de aprobación para enunciados como los siguientes: “Violar la ley no es tan terrible; lo malo es ser sorprendido por las autoridades”: 62.2%; “si las autoridades no pueden proteger a los ciudadanos, éstos tienen el derecho de tomar la ley en sus manos y hacerse justicia”: 66.6%; “es aceptable aprovecharse de cargos oficiales, siempre que no exageren y se compartan los beneficios”: 71%; y “debemos obedecer solamente las leyes que sean razonables y justas”: 35%. En respuesta a otra pregunta (“¿qué cree usted que sería mejor….?”), 7% respondió que manejarse por las reglas informales, 32% que manejarse por las leyes y reglas no escritas, y 61% que manejarse por ambas. ¿Cuál es su opinión, gentiles lectores? ¿Estamos igual que antes, hemos mejorado o empeorado?
4.- Cambiemos de frecuencia. Tal como lo señalé, esta semana la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso le dedicó tiempo al polémico caso de la administración municipal de Jantetelco, donde el alcalde Romualdo Fuentes fue acusado de falsificar firmas de los regidores y el síndico para dar por aprobadas las finanzas del ayuntamiento, lo que a más de uno le lleva a pensar en la nada remota posibilidad de que sean indebidos los manejos del dinero público en aquella municipalidad. Para tratar este tema, el jueves por la mañana se reunieron los diputados Julio Espín, José Manuel Tablas y Jesús Escamilla con representantes de Jantetelco, y como resultado de ello por la noche en la sesión plenaria se aprobó que se audite toda la gestión de Romualdo por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a cargo de Vicente Loredo y donde uno de los jefazos es Francisco Rendón, diputado suplente de Espín. A ver.
5.- Causó sorpresa que en la pasada sesión plenaria del Congreso fuera presentada una iniciativa para crear una Comisión de la diversidad sexual, por parte del aliancista Julio Espín. Si noticia es aquello que sale de lo ordinario, esta propuesta lo fue para los espectadores de la reunión de la Asamblea legislativa, que fueron muchos considerando el también inusual horario que los diputados, por segunda ocasión consecutiva, eligieron para sesionar. Pero si entramos a conocer qué motivó al legislador representante de los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla a presentar esta propuesta, encontramos que poco tiene de raro atendiendo a la modernidad y actualidad de nuestro marco jurídico: Dijo Espín: “El pasado mes de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis jurisprudencial que declara inconstitucionales los códigos civiles de aquellos estados donde el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación. Dicha jurisprudencia se creó a partir de todos los fallos en los que los ministros resolvieron en favor de los derechos de la población homosexual. Coincidimos en que este criterio de la Corte representa un avance histórico para proteger los derechos humanos de los miembros de la comunidad de la diversidad sexual, lo que a su juicio justifica crear en el Congreso una comisión específica para los asuntos de esta comunidad”.
6.- Los diputados dotaron de base jurídica al Fondo de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal que les ha valido varias y severas críticas porque se presume ad hoc para sacar raja política y económica sobre el manejo de recursos públicos. El Fondo operará 81 millones de pesos que representan una tercera parte de los recursos que el propio Congreso resolvió quitar al Fondo Morelense de Seguridad Pública Municipal, el cual operaba con el 5% de las participaciones federales de los municipios, cifra reducida hasta el 2%. Los 812 millones son el 1% de esas participaciones federales y se conciben como el “moche” –en su versión pública- obtenido por los diputados por sus buenos oficios de aprobar sin oposición el paquete económico 2016. Los diputados intervendrán en la selección de las obras públicas que se efectuarán en los municipios con esos recursos, asegurando ganancias en el terreno político electoral, y eventualmente también en lo económico, a trasmano, al determinar cuáles constructoras realizarán las obras, aunque esto último, claro, es mera especulación de las calenturientas mentes de los detractores de nuestros ínclitos diputados.
