Raro sería que un proceso de esta naturaleza pudiera llamarse exitoso por transparente y porque dejara a todos satisfechos, pero es difícil que existiendo recursos económicos finitos se pudieran satisfacer las demandas de más presupuesto planteadas por todas las instancias gubernamentales cuyas necesidades son expuestas cada fin de año en el ánimo de sensibilizar a los diputados y que las más de las veces no rinden frutos. A final de cuentas el presupuesto causará lágrimas y risas en unos y otros. Lo malo es la sospecha de que quienes lo aprueban en realidad se carcajean; una sospecha no derivada de la imaginación popular, pues ha sido expuesta como fundada hasta por el propio gobernador Graco Ramírez, quien llegando a su cargo denunció que en otro tiempo, otras autoridades, otros diputados, practicaban el pago por evento, existiendo personajes bien identificados que se encargaban de llevarle las maletas a los legisladores.
2.- Previo a la aprobación del Presupuesto 2016 durante una sesión que podría haberse prolongado hasta la madrugada de hoy, diputados de las comisiones de Transporte y de Hacienda, presididas, respectivamente, por el panista Alberto Mojica y el perredista Ricardo Calvo, tuvieron una tarde activa, obligados a dedicar tiempo a dirigentes de transportistas de toda la entidad que desde temprano se apostaron frente al Congreso y mantuvieron bloqueada la calle de Matamoros. La demanda de los transportistas era reducir hasta en un 90 por ciento los cobros por concepto de renovación de concesiones, expedición de licencias y otros derechos y servicios; la oferta del Gobierno, puesta en la mesa a través de legisladores como el citado junto con el aliancista Francisco Santillán, el priísta Alberto Martínez y Jaime Álvarez, de Movimiento Ciudadano, entre otros, era otorgar un descuento de hasta el 50 por ciento que hasta mediodía no lograba el consenso de los quejosos, pero finalmente lo obtuvo cerca de las 14 horas cuando la parte oficial cedió a la presión y accedió a dar un descuento de 60 por ciento; con el logro en la bolsa, los ruteros regresaron a la zona sur y oriente, no sin antes vitorear como héroe al perredista Calvo Huerta.
3.- Además del descuento al transporte -contrario a los ingresos gubernamentales- el paquete económico solo habría tenido modificaciones importantes en cuanto a una mejora de 25 millones al presupuesto para el campo, lo cual lo llevaría a 110 millones para 2016, y en disminución de 10 millones al presupuesto del Impepac más otros 10 al del Tribunal Electoral, en ambos casos con relación al 2015 y debido a que el año próximo no es electoral. En términos generales no habría cambios a la propuesta del gobernador Graco Ramírez, que contempla un presupuesto de poco más de 20 mil millones de pesos. El hecho de que la iniciativa oficial se apruebe sin cambios podría implicar el surgimiento de nuevos frentes de inconformidad. Espero equivocarme, pero tarde o temprano le van a brotar al Ejecutivo o al Congreso. Uno de ellos fue señalado esta semana por la diputada aliancista Edith Beltrán, quien advirtió que el Gobierno no presupuestó los recursos necesarios para hacer frente al incremento salarial anual del magisterio, cuyo monto debería ascender, al menos, a un cuatro por ciento frente al índice inflacionario, aplicable a alrededor de 25 mil trabajadores de la educación en nuestro empobrecido estado.
4.- El escenario financiero que encontrarán los 33 presidentes municipales de Morelos allende la frontera del 1 de enero de 2016 será de precariedad. Hacia donde volteemos hay pobreza, gigantescas deudas a proveedores y por laudos laborales, así como la inequitativa distribución del ingreso, la proliferación de cinturones de miseria, desempleo, delincuencia común y organizada, etcétera. Además, a este caldo de cultivo se agrega otro factor de precariedad: la parálisis de todos los municipios, cuya principal característica es la dependencia absoluta del gobierno federal y el gobierno estatal, así como la falta de fondos para satisfacer las necesidades sociales en ese segmento que demagógicamente se denomina “la célula básica del sistema político mexicano”. Conforme nos acercamos a la toma de protesta de las nuevas autoridades municipales, más comprobamos dicho escenario. Y en tales condiciones de empobrecimiento todavía hay quienes ansían formar parte de los ayuntamientos; algunos porque tienen la virtud del servicio social, pero la mayoría anhela disfrutar de las magras canonjías municipales, a pesar de todo y tope lo que tope. Abundan quienes se dicen expertos en la administración dentro de ese orden de gobierno, pero no tienen todavía la mínima idea sobre lo que les espera. Y es que no solo se trata de recoger la basura, poner gasolina a los vehículos automotores al servicio de las comunas, abastecer de agua potable y alcantarillado a las colonias, sino de cómo construir un mejor Morelos hacia el futuro.
5.- Por todos lados se perciben los rezagos históricos a nivel municipal. Pero el colmo es que no sólo se están quedando a la zaga los municipios, sino también la Federación y el gobierno estatal, de suyo afectado por la disminución generalizada de ingresos. Tal escenario revela la evidente descoordinación entre los tres niveles de gobierno. El escenario que viene es predecible. Los municipios experimentarán ingobernabilidad, porque no podrán cumplir sus compromisos básicos, como el pago de nóminas y servicios. A corto plazo, los alcaldes comenzarán a paralizarse debido a que no tienen ni para el pago del servicio de limpia (algunos no tienen siquiera dónde tirar la basura). Aquí les va un dato por demás alarmante en torno al precarismo del ayuntamiento de Cuernavaca: hoy subsiste gracias a los alrededor de 120 mil pesos diarios que le ingresan por multas de tránsito. No disponen de más recursos, debido a que el grueso de las participaciones está comprometido para pagar los empréstitos de las administraciones anteriores. Los pasivos municipales siguen recayendo sobre dos principales rubros: préstamos con instituciones financieras y laudos laborales.En este último aspecto (los laudos), dichos pasivos serían mayores a los 800 millones de pesos. No en vano se escuchó la advertencia de la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Morelos, Gabriela Gómez Orihuela: con fuero o sin él, los presidentes municipales (entrantes) tendrán que enfrentar el pago de laudos ejecutoriados. Esperemos para ver y después diremos.
