La justificación social para que Jorge Carrillo Olea presentara al Congreso del estado la solicitud de licencia al cargo de gobernador, fue el inicio violento de la fractura del tejido social, a consecuencia del incremento de actos delictivos, fundamentalmente el secuestro en contra de los morelenses.

A partir de junio de 1998, en la percepción de la sociedad la violencia disminuyó, sin embargo la “mejoría” no logró impactar en el ánimo de los votantes, quienes en julio del 2000 determinaron que la titularidad del Poder Ejecutivo fuera para el candidato de un partido diferente al que gobernó la entidad durante las siete décadas anteriores.

En el 2012 la sociedad dio la oportunidad a una tercera fuerza política ante lo que se consideró el fracaso en materia de seguridad del gobierno 2006-2012, en 2009 el mensaje en las urnas fue claro, la respuesta gubernamental ante las detenciones de los altos mandos policiacos involucrados con organizaciones delictivas y la “guerra contra la “delincuencia” provocaron la descalificación electoral.

El gobierno 2006-2012 desatendió los temas más relevantes de la agenda social, algunos han sido expuestos en este espacio, la expresión violenta del rompimiento del tejido social, sólo desde la percepción de consecuencia por la desatención de los programas educativos, de atención a la salud, de generación de empleos y de deterioro de los recursos naturales, la evasión de internos de un “Centro de Reinserción Social”, los cambios en el gabinete gubernamental encargado de la seguridad pública y el deceso violento del evadido recapturado, le otorgan al tema una consideración individual.

El incremento de la violencia es un fenómeno mundial, nacional y regional, en dos penales del sur del país (Guerrero y Morelos), se registraron hechos violentos antes de que se cumpliera la primera semana de 2014. En las dos entidades se advierte la revisión inmediata y simple de las causas por las cuales se dan estos acontecimientos, “culpando” a los actuales gobiernos de forma “exclusiva y total” en eventos que son consecuencia de deficiencias históricas, que presentan su responsabilidad más inmediata en la señalada “guerra contra el crimen organizado” que desarrolló de forma unilateral el gobierno federal anterior.

Hoy la sociedad con acceso a tecnologías que incluyen las redes sociales, envía y recibe mensajes que están sustituyendo la comunicación social por mensajes cercanos a lo irracional. El pasado miércoles se difundieron en las redes sociales, una serie de mensajes en los que se “sentenció socialmente” a la actriz y cantante Lucero de mata-animales, esto provocó que muchos preguntaran qué “hizo” la ex esposa de Mijares para merecer tal señalamiento. Y resultó que en las “redes sociales” ella misma difundió una imagen, donde dicen que participó en una cacería al lado de su actual esposo.

Los “usuarios” de las redes sociales se han adjudicado en esos espacios la “libertad” de juzgar, sentenciar y cumplir sentencias contra quien desde su óptica “se equivoque”, sin que tengan que responder ante la ley por ello. La cacería que es la actividad primaria del hombre aun anterior a la agricultura, en el Siglo XXI es legal cuando se cumple con los ordenamientos jurídicos de las áreas en donde sociedades y gobiernos han acordado que pueda desarrollarse de forma controlada, sigue siendo una actividad que convoca a un importante número de participantes de todo el planeta, entre ellos el propio rey de España.

En México también está reglamentada, sin embargo quienes desarrollan una vida virtual más intensa que la cotidiana, fue contundente que la actriz que alcanzó la fama desde la infancia no “está autorizada” para involucrarse en esa actividad.

Los pobladores de los “espacios virtuales” limitan su capacidad de discernir, la cacería como actividad humana a realizado aportaciones importantes, fue en relación a esta actividad que se organizaron las primeras sociedades, los más destacados fueron líderes de sus comunidades, la necesidad de lograr presas de diversas especies provocaron avances tecnológicos entre los que destaca el arco y la flecha.

En los siglos recientes fue una actividad que convocó a los gobernantes, con ello se mejoró la crianza de algunas razas de animales que colaboraron con el hombre en aquel deporte, entre estos se encuentran los caballos y los perros.

En las redes sociales no se discutió la legalidad o legitimidad de la cacería en la que afirman participó la actriz, solamente se expuso que para ella “está socialmente prohibido” involucrarse en esas actividades, si “desea conservar la simpatía del público que sigue su carrera desde sus inicios”.

Los analistas y especialistas de los temas virtuales reconocen dos temas de la pasada elección presidencial como los fundamentales desde la óptica de los participantes de las redes sociales, los senos de la edecán que “sirvió de escenario” en el primer debate de los candidatos presidencias fue el primero y el segundo la desafortunada respuesta del candidato priista Enrique Peña Nieto en una exposición literaria, así como la reacción en las redes de su hija.

Por su anonimato las redes sociales no son el espacio donde pueda analizarse sin “contaminarse de ocurrencias” las propuestas para atender la necesidad de recuperar la paz social, ni tampoco puede la razón por la cual se realice esta revisión, son como lo fue el exceso que autoridades policiacas cometieron contra una pasajera de una línea aérea, a quien pretendieron responsabilizar de participar en el “tráfico de drogas” un elemento más y no determinante para la exposición y revisión del tema.

En aquella ocasión desde las redes sociales arribó a un periódico, la radio y la televisión y fue en los medios de comunicación masiva en donde las autoridades dieron respuesta a aquel señalamiento, el propio procurador general de la república respondió en un noticiero nocturno de televisión abierta.

 

LA PREVENCIÓN DEL DELITO

 

El gasto público destinado a financiar las corporaciones policiacas se ha incrementado en Morelos desde finales del siglo pasado, en la medida en la que la delincuencia se ha incrementado, hasta la década de los noventas el área encargada de inhibir las intenciones de algunos por cometer un delito era una dirección de seguridad pública, al frente de la misma se ubicaron policías y abogados básicamente.

La municipalización de las policías fue un proceso complejo, primero se les entregó el “mando” de las corporaciones y luego se integró a los presupuestos municipales la nómina de los responsables. En ese proceso incluso algunos ayuntamiento tenían “corporaciones” cuyos elementos carecían de las garantías laborales mínimas, a muchos no se les cubrió incluso el servicio de salud o se les inscribió en algún plan de seguridad social, su nómina se “distrajo” para atender otras “prioridades” durante varias administraciones al cierre de cada año y de cada gestión las manifestaciones de los elementos eran constantes, reclamando que se cubrieran adeudos en el pago de sus salarios.

Este es uno de los argumentos que utilizan algunos para determinar las causas por las que en la última década, un importante número de elementos y mandos policiacos estatales y municipales, entre los que se incluyen ex secretarios, fueron consignados ante las autoridades judiciales por “brindar protección” a las “bandas delincuenciales” que cometen actos ilícitos en la entidad.

Puede ser este uno de los factores que impactan, sin embargo el “fracaso” en los programas y proyectos dedicados a la prevención del delito, son de origen multidisciplinario. La extinción del concepto tradicional de familia es otro tema que han utilizado algunos como causa primaria del incremento de las estadísticas de primo-delincuentes, la frustración por la ausencia de la figura paterna o materna, influye en algunos casos, sin embargo en otros en los que “se guardaron las apariencias, como era la tradición”, provocó que la violencia familiar que sirvió de ejemplo, impulsara los actos violentos de otros jóvenes.

Una responsabilidad gubernamental no reconocida y disminuida desde la autoridad en su impacto en la descomposición social, es el fracaso de los proyectos educativos de las últimas tres décadas, la desaparición de materias que promovieron los sentimientos de identidad, pertenencia y el concepto de soberanía impactaron, como también la disminución y degradación en la calidad de la educación a consecuencia de la manipulación política y laboral de todo ese gremio.

Hasta la década de los setentas los profesores de educación básica eran considerados, sobre todo en las zonas suburbanas y rurales, bajo la imagen de “apóstoles de la educación”, llegaban a cumplir incluso funciones conciliatorias en las diferencias familiares y sociales. A su llegada a las escuelas comunitarias, eran considerados por los dirigentes de las comunidades de todo el territorio nacional, formaban parte del proceso de “civilización” de aquellas sociedades.

La imposición de un liderazgo sindical a “modo del gobierno” en 1989, cuando se designó desde la presidencia de la república y sin consultar a los educadores a Elba Esther Gordillo como “lideresa”, la degradación de la calidad de la educación fue tal, que en 25 años el gobierno perdió el control total del proceso educativo.

Los resultados de la desatención de ese importante sector son impactantes, en Morelos cuentan a partir del presente año escolar con Beca Salario poco más de 110 mil jóvenes integrados al sistema educativo de nivel medio superior y superior. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI) en Morelos habitan carca de 500 mil hombres y mujeres con edades de 15 a 29 años, el porcentaje de quienes al no estar matriculados en un plantel educativo no tienen acceso a ese apoyo gubernamental es superior al de quienes sí lo reciben.

Aun así existen autoridades municipales que insisten en continuar la “tradición panista” de “satanizar a los jóvenes”.

Cuando aparecieron media docena de cadáveres de jóvenes en el interior de un vehículo abandonado en Temixco y se identificó a éstos, la oficina de comunicación social del entonces gobernador y ex catedrático preparatoriano Marco Antonio Adame Castillo aseguró: “que probablemente estaban involucrados en el consumo de sustancias tóxicas o de conductas al margen de la ley”. Los exámenes toxicológicos realizados por las autoridades policiacas panistas dieron negativo el examen toxicológico y sus familiares expusieron documentos que confirmaban que desarrollaban actividades académicas como cualquier joven con la oportunidad de hacerlo.

Hoy algunos funcionarios municipales aseguran que algunos jóvenes que reciben los recursos del programa Beca Salario, están destinando ese dinero al consumo “indiscriminado de bebidas embriagantes y posteriormente escandalizan en la vía pública, las autoridades policiacas al aplicar el Bando de Policía y Buen Gobierno los remiten al DIF por ser menores de edad”, por ello piden a los padres que vigilen la conducta de sus hijos.

Esos mismos funcionarios desechan la responsabilidad de la autoridad actual, el comercio de embriagantes es una actividad regulada desde el Bando de Policía y Buen Gobierno, por disposición federal está prohibido que se venda como servicio en algún establecimiento o en depósito cerrado bebidas embriagantes a menores de edad.

Está demostrado que en los 33 municipios de la entidad existen comercios con y sin registro que sin restricción de horario venden bebidas embriagantes a quienes cuenten con los recursos necesarios para cubrir el costo de los mismos, en pocos lugares les es negado el servicio y la venta en envase cerrado a menores de edad, a esa peculiaridad en donde existe la omisión gubernamental, los declarantes no ponen atención y sí se involucran en las reuniones de cabildo, en las que se continúan autorizando negocios que vendan bebidas embriagantes en toda la entidad. Un ejemplo de la autorización indiscriminada es el crucero de la avenida Teopanzolco y Río Mayo, donde funcionan dos tiendas de conveniencia y media docena de restaurantes donde se comercializan legalmente bebidas embriagantes, todo en un área de un radio menor a los 500 metros, partiendo del crucero.

Las últimas administraciones municipales de todo el Estado han autorizado de manera indiscriminada espacios donde se comercializan bebidas etílicas y no existe supervisión alguna para obligarlos a cumplir con lo que mandata la ley, en relación a la negativa de venta a menores de edad.

Desde hace varios años, la revisión de documentos de todos esos establecimientos se da sólo cuando en las puertas o el interior de los mismos, suceden hechos violentos que llegan a costar la vida de algunos de los ahí presentes.

La crisis de gobernabilidad confirmada en esa omisión también impacta en las estadísticas de violencia, el gobierno debe reconocer que las pasadas administraciones dejaron de invertir en espacios recreativos y para actividades deportivas por los recursos para la prevención del delito se destinaron para la persecución de sospechosos de estar involucrados en delitos ya consumados, no conocieron en la década pasada la diferencia entre inhibir la intención delictiva y la persecución de sospechosos de estar involucrados en delitos ya consumados.

El consumo de sustancias tóxicas fue considerado un tema de salud pública hasta la década de los setentas. A partir de los ochentas el consumo y la distribución de sustancias tóxicas, unificaron criterios en torno a la consideración de que se trata de un asunto prioritario de seguridad nacional y como tal debe ser perseguido con toda la fuerza del Estado.

Una generación completa de mexicanos sabe que es delito el consumo de drogas y no fue informada que deben ser atendidos desde la óptica de un fenómeno de salud pública en instituciones especializadas  y ajenas al concepto de pena corporal por la comisión de delitos.

 

LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

 

Durante la “crisis delictiva de finales de los noventas”, desde el gobierno se propuso y aprobó que el procurador del estado de Morelos sea nombrado desde el Congreso del estado, en donde se analiza la terna que envía el titular del Poder Ejecutivo. El primer Congreso que aplicó esta modificación fue la legislatura 1997-2000, en la que la representación de todas las fuerzas políticas obligó a la construcción de acuerdos desde la extinción de la gran comisión que se sustituyó por una autoridad colegiada integrada por los coordinadores de todas las fuerzas.

De todas las modificaciones constitucionales y reglamentarias que se han realizado desde el Congreso a partir de 1997, la que ha arrojado los resultados que más perjudicaron la recuperación de la paz social, fue la aprobación desde el Legislativo del nombramiento de procurador.

Esa designación se ha complicado al inicio de los tres gobiernos que la han aplicado, el último proceso partidizado fue el de 2013, para lograr la elección del actual titular, los enfrentamientos entre las organizaciones de abogados, los integrantes de todas las fuerzas políticas y la frustración gubernamental de no poder designar a un funcionario de toda la confianza del mandatario en turno, es una de las causas por las cuales ningún procurador ha logrado cumplir con las expectativas sociales que se advirtieron a su arribo.

Todos los procuradores concluyeron sus respectivas gestiones distanciados del gobernador con el cual “colaboraron”.

La Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos ejemplifica para la realización de cualquier estudio sobre excesos de la democracia y la imposición de la demagogia, en todas las legislaturas la aprobación del nuevo responsable correspondía más a temas coyunturales, entre los que destacan la cercanía de los procesos electorales que al impulso de un proyecto que lograra concretar el compromiso primario de modificación del nombramiento de procurador y que fue lograr que la sociedad directamente determinara quién cuenta con los “atributos necesarios” para desempeñar tan alta responsabilidad.

Al inicio del actual gobierno se externó la posibilidad de realizar una “revisión de fondo” de aquella institución, para dar paso a una estructura más acorde con las necesidades sociales detectadas durante la pasada campaña electoral, los primeros trazos de cómo se construirá la “futura fiscalía” todavía son sometidos a la “acuciosa revisión de los proyectistas”, en tanto los integrantes de la dependencia gubernamental afirman que carecen de los recursos mínimos para cumplir con el mandato legal que tienen, esperan que se apruebe la anunciada “reforma” para iniciar ya “los trabajos en serio”.

 

LA IMPARTICIÓN

 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) puede funcionar de manera legal, sus sentencias pueden cumplir con el mandato constitucional, sin embargo la designación de sus integrantes avanza más a través de rutas judicializadas que por procesos legales o legítimos, las diferencias entre los integrantes del poder público encargado de la conciliación de las diferencias entre los gobernados y entre éstos y la autoridad, en el pleno se “ventilan a golpes”. En el 2013 un magistrado agredió físicamente a otro magistrado y el hecho trascendió en los medios de comunicación nacionales.

Las atribuciones del Consejo de la Judicatura son consideradas por algunos especialistas en Derecho, como parte de la intromisión entre poderes que por una “singular interpretación” de los reclamos de mayor democracia social han realizado los legisladores, impulsados por iniciativas enviadas desde el Poder Ejecutivo.

El Poder Judicial Estatal tiene limitada su responsabilidad de impartición pronta y expedita de justicia porque se ha disuelto la “línea que define la separación de poderes”, en tanto no se recupere la plena facultad del Poder Judicial para cumplir con su función, los poderes Ejecutivo y Legislativo continuarán “mezclando funciones”, sin que exista una autoridad capaz de obligarlos a cumplir los mandatos constitucionales.

Las limitaciones que “justifican las omisiones” en el Poder Judicial, son consecuencia de determinaciones legislativas y ejecutivas de las últimas dos décadas, un considerable porcentaje de presidentes del TSJ fueron removidos del cargo inmersos en “escándalos más propios de revistas del corazón” que por temas que involucren el desempeño primario de su función pública de impartición de justicia.

Un ex presidente fue removido del cargo antes de que concluyera su gestión y entre las causas de su salida destacó la exhibición pública de una serie de facturas que comprobaban elevados consumos en restaurantes de lujo, la adquisición de presentes para algunas colaboradoras, incluidas piezas de lencería.

Otro salió porque al recibir el nombramiento y el apoyo para su designación desde los integrantes del Congreso militantes de un partido político diferente al del gobernador, “se negó” a cumplir “sugerencias que desde el Ejecutivo afirman le fueron planteadas”, lo que provocó la resolución de sentencias que afectaban los intereses de algunos “cercanos” al Ejecutivo.

En el presente año, este poder público debe revisar la permanencia o sustitución de un importante número de funcionarios, reemplazo que puede realizarse bajo los criterios que se aplicaron en la administración anterior, lo que “daría continuidad” a los aciertos y desaciertos que desde ahí se cometen.

La prevención del delito, la procuración y la impartición de justicia enfrentan carencias que “justifican” parte de las causas por las que Morelos se ubica dentro de los primeros lugares en la comisión de actos delictivos, la sobre exposición de este tema, incluso ha desplazado de la agenda informativa logros importantes que sociedad y gobierno han obtenido en los últimos meses, entre los que destaca el cuestionado proyecto de la Beca-Salario, los que están vinculados al desarrollo científico y tecnológico, las actividades deportivas y la implementación ciudadanizada de los temas del desarrollo sustentable y los derechos humanos.

Por ello, algunos especialistas recomiendan que al enviarse desde el Ejecutivo la propuesta de modificación legal, para generar las condiciones que permitan nombrar legalmente al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, más que “construir un traje a la medida” como el realizado en el 2000 para designar como secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua al hoy diputado panista Javier Bolaños Aguilar, se realice una revisión de fondo de todo el tema de seguridad pública y de procuración de justicia.

Ningún costo electoral es superior al fracaso en las urnas a consecuencia de la omisión de temas “sensibles y de alto impacto”, como es la descomposición histórica de la estructura encargada de garantizar los derechos de todos los morelenses. Concluyen los especialistas.