Viernes, 27 Diciembre 2013 01:35

La vocación gubernamental por la ilegalidad y la alternancia frustrada

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El 2013 para Morelos será recordado como el periodo de la consolidación de la democracia sin resultados, la evolución de las reformas federales realizadas dentro del Pacto por México, justificaron la inmovilidad estatal para atender temas locales que requieren de una voluntad política inexistente entre partidos “desahuciados”.

El tema que permite advertir como ejemplo la ausencia de acuerdos gubernamentales que atiendan los históricos reclamos sociales existentes, es el reordenamiento del transporte público de pasajeros y carga en los 33 municipios de la entidad, por una parte todos pretenden “tomar la parte que les corresponde” del mercado metropolitano, y todos abandonan a su suerte las áreas rurales que es donde más se requiere su servicio.
Lauro Ortega Martínez intentó disciplinar a quienes se dio a conocer durante su administración como “el pulpo camionero”, sus resultados se limitaron a la conclusión de su gestión, el gobierno de Antonio Riva Palacio, a ese y otros temas determinó no darles continuidad, para así dar cumplimiento a una tradición priista, “no preservar los aciertos de antecesor y exaltar sus desaciertos para legitimar su gobierno”.
Durante ese gobierno, el naciente partido de la revolución democrática impulsó la creación de un servicio con afiliados de su organización, tuvo cierto éxito en las áreas ajenas a la zona metropolitana, fundamentalmente en la región sur y oriente de la entidad, se identificaban portando en las portezuelas las siglas de la organización y su emblema, y cobraban una cuota inferior a la de los taxistas “regularizados”.
Atendieron sobre todo las zonas a donde se han negado históricamente a dar servicio quienes fueron “regularizados”, el argumento por décadas es el mismo, no recorren las áreas rurales, por el bajo poder adquisitivo de los pobladores, y lo accidentado de las vías de comunicación que argumentan, generan un deterioro mayor de sus unidades.
El gobierno es por ley el responsable de la explotación de las concesiones, dispone de un área administrativa que se encarga de regular la forma como son “explotadas” esas autorizaciones, durante el gobierno de Lauro Ortega se advirtió que formaban parte del proyecto económico y social para establecer esquemas de un reparto equitativo de la riqueza, a través de la satisfacción de las necesidades primarias de la familias partiendo del esfuerzo de los integrantes de la misma.
Por ello, se determinó que cada concesión debía ser “explotada” por los propietarios de las unidades que debían ser los choferes de las mismas, con ello se estableció la posibilidad de establecer un ingreso “decoroso” para el mayor número de morelenses, y reprimir la concentración de la explotación de la riqueza al conservar la mayoría de las concesiones en las manos del reducido grupo de los integrantes del entonces llamado “pulpo camionero”.
Influyeron en aquellas determinaciones las inconformidades y denuncias de los usuarios y sobre todo de los “liderazgos estudiantiles” que exigieron al inicio de los 80 que aquí se aplicaran medidas ya vigentes en otras entidades, entre las que destacó el descuento del 50 por ciento en el cobro del pasaje a todos los estudiantes en todos los transportes y a todas horas, en Morelos como en otros estados, los “estudiantes o porros” llegaron incluso a incendiar unidades para “presionar” a las autoridades a aplicar aquellas medidas.
Al concluir aquel gobierno, la fuerza del “pulpo” disminuyó considerablemente.
El gobierno de Antonio Riva Palacio se caracterizó en materia de transporte por los escándalos, incluso se llego intervenir y sellar “la caja de seguridad de la dirección del transporte”, cuando fue cesado el director Ignacio Avila Piña, señalado por los propios transportistas de actos de corrupción.
Fue un “escándalo” en su momento si se considera que en aquella época de gobiernos hegemónicos cuando se confirmaba el “desempeño sospechoso” de algún funcionario, el mismo era retirado del cargo sin que trascendiera en los medios de comunicación las razones del relevo, simplemente se advertía de “una renuncia por motivos de salud”.

El transporte, un ejemplo de ilegalidad
Ahí surgieron los herederos de la tradición del “pulpo”, “las agrupaciones” que en lo personal se integraron con los “sobrevivientes” del pulpo y algunos integrantes que incrementaron el control personal de concesiones impulsados por funcionarios gubernamentales, en cada sexenio han existido “agrupaciones” que se fortalecen por sus vínculos con la administración en turno.
Aquel gobierno concluyó su gestión y el servicio público de transporte continuó deteriorándose, las concesiones que en un principio se autorizaron para rutas con itinerario fijo para unidades de nueve pasajeros (combis), “evolucionaron” hasta convertirse hoy en unidades de 40 pasajeros, que hoy congestionan las principales vías de comunicación de la zona metropolitana, Plan de Ayala, de oriente a poniente y avenida Morelos, Alvaro Obregón y Emiliano Zapata de norte a sur.
En el gobierno de Jorge Carrillo Olea, la dirección del transporte se trasladó de la Secretaría de Gobierno a la de Desarrollo Económico, como parte del Gobierno de la Gran Alianza, que pretendió darle así una definición coincidente con el planteamiento del doctor Ortega Martínez, de que a cada conductor fuera el propietario de la unidad y de las placas.
El promedio de duración de los responsables de supervisar el transporte es de dos años, periodo durante el cual “la convocatoria de las agrupaciones” supera los objetivos planteados durante la designación del nuevo titular.
Los dos sexenios panistas fueron “sometidos” por los intereses de las “agrupaciones”, y el servicio de transporte público de pasajeros y carga terminó por deteriorarse a un nivel que formó parte de los principales reclamos durante la campaña gubernamental del 2012.
Los estudiantes reclaman que se impongan en su favor un descuento del 50 por ciento en las tarifas, los ciudadanos con habilidades especiales que se les conceda como en todo el mundo el transporte gratuito; los permisionarios, que se incrementen las tarifas.
Aunque existe un “supuesto consejo consultivo del transporte” en el cual participan los prestadores del servicio, las autoridades gubernamentales y los usuarios, en la práctica ese espacio solo ha justificado los “acuerdos que en lo obscurito”, continuamente establecen prestadores y autoridades, nunca se ha tomado en cuenta las necesidades de los usuarios.
El presente periodo vacacional permite confirmar el deterioro que a la economía de la entidad, le genera el desorden y la anarquía del transporte que es considerado como uno de los peores de todo el país superando hoy áreas tan conflictivas como los son las fronteras sur del territorio nacional.
Los vehículos de carga y pasajeros que se encuentran registrados ante las autoridades estatales, son suficientes para atender las necesidades de transporte de toda la población y de todas las actividades económicas, así como la red de comunicaciones que existen. Morelos desde hace varias décadas es una de las entidades con una red de carreteras interiores de diversas especificaciones, suficientes para atender las necesidades locales.
Lo que ha resultado insuficiente desde que se intentó “extinguir la plaga del “pulpo camionero” fue el gobierno, la complicidad de todos los funcionarios que han estado al frente de esa dependencia se manifiesta en la “inextirpable anarquía” que hoy someten a la entidad, los gobernadores de todas las ideologías “firmaron pactos y decretaron leyes” para que se cumpliera la justa demanda de los estudiantes de que se otorgue el 50 por ciento de descuento en el pasaje, “los barones del transporte” incumplieron, se aprobó una ley para reconocer los derechos para las personas con capacidades especiales en la cual se estableció que todo el transporte debe prestar su servicio de manera gratuita a quienes están integrados en ese sector, “los barones” lo incumplieron.
En el transporte público de pasajeros es donde se realiza un importante número de asaltos, en los de carga en los de pasajeros con y sin itinerario fijo, se han propuesto un importante número de posibles soluciones que incluyen la colaboración de los prestadores de ese servicio, entre las que destacan la obligatoriedad de una carta de no antecedentes penales, exámenes toxicológicos y psicológicos y otras medidas preventivas acordes con la responsabilidad de transportar de manera segura a personas de un punto a otro dentro de la entidad.
La “enciclopedia mexicana de pretextos” es el documento con el cual los transportistas sustentan sus argumentos para aceptar cumplir cualquier medida. Todas están soportadas en un tema, el cumplimiento de cualquiera encarece el servicio y tendrían que absorber su costo los usuarios, con lo que frustran las intenciones gubernamentales de someterlos al “imperio de la ley”.
En los últimos bloqueos que con el pretexto de una retención excesiva de impuestos en el pago de aguinaldos en el municipio de Jiutepec, organizado por una organización sindical “multidisciplinaria”, participaron de manera activa concesionarios del transporte público de carga y de pasajeros, “respaldando a sus compañeros”, la obligación del gobierno de acuerdo a lo que establece la ley, es que las unidades sean retiradas de la vía pública, se revisen los expedientes de los responsables y se cancelen las concesiones de quienes así lo establezca la propia norma, el gobierno fue omiso en el tema, la omisión es considerada también una falta a la ley.


Vocación por el desorden
En mayor o menor medida los conflictos financieros existen en todos los municipios, en algunos los empleados de confianza “acordaron con los patrones” como un gesto solidario cobrar su aguinaldo a principios de 2014.
Cuando se construye la ley de ingresos y el proyecto de egresos en cada uno de los 33 municipios, se estable de forma detallada la nómina gubernamental del siguiente año, incluye, el número de empleados que colaborarán en el municipio, el monto de salario que de forma anualizada les será cubierto y los montos mensuales y prestaciones a que tienen derecho, cuando el poder legislativo lo aprueba, los hace por la cifra precisa en cada uno de los rubros.
Este 2013 como en años anteriores, las autoridades municipales “reasignaron o dispusieron” de recursos destinados a las nóminas al cumplimiento de compromisos adquiridos y no previstos y menos autorizados por el Congreso, ahí es donde se genera la incapacidad de las autoridades municipales para cumplir con el pago del aguinaldo que en Morelos significa la estratosférica cifra de tres meses.
Esta medida populista generó el empobrecimiento de los trabajadores gubernamentales, sus salarios anualizados en la mayoría de los casos son similares a los de sus pares en otras entidades, sin embargo aquí se distribuyen en 15 pagos iguales, 11 reducidos y uno que significa en un periodo de 30 días tres veces más de lo cotidiano, lo que también generó un fondo mayor del cual pueden disponer temporalmente sin control los ayuntamientos.
Este fenómeno no es nuevo, un presidente municipal consumió un porcentaje alto del presupuesto de su localidad en la realización de una feria regional que incluyó la realización de un control remoto en vivo de un programa nocturno de transmisión internacional, aseguró que eso colocó a su “pueblo” en el mapa turístico mundial, al final de aquel año, acudió a la tesorería estatal a “solicitar” apoyo de las autoridades estatales para poder pagar el aguinaldo de los empleados, ya que el faltante se destino a la “internacionalización” de su localidad.
En reparar accesos a sus domicilios particulares, a satisfacer los requerimiento de quienes desarrollan afectos sentimentales con los funcionarios en turno y al apoyo del “posicionamiento propio y de la estructura del partido”, se “aplican” parte importante de los recursos desviados desde la nómina municipal, estatal y federal, a diferencia de épocas pasadas, hoy existen gobiernos donde están representadas todas las fuerzas políticas, lo que ha impulsado la disminución de la opacidad, la transparencia sigue siendo un tema pendiente en todos los ámbitos de gobierno.

Alineación, actitud y acción
Al concluir el 2013, se confirma que los gobiernos de todos los partidos políticos, en los ámbitos federal, estatales y municipales, dejaron de lado la indispensable alineación de sus objetivos, (democracia, transparencia y reconstrucción de la paz social) dicha omisión se advierte en la actitud “dispersa” de las autoridades ejecutivas, los representantes legislativos y los integrantes del poder judicial, que continúan posicionándose mediante el escándalo y las ocurrencias sin exponer y realizar un proyecto que cumpla con los objetivos para los cuales les fue confiado temporalmente el poder público, las acciones que realizan se duplican, son autoritarias, incrementan la opacidad y generan violencia entre los diversos actores de la sociedad, los partidos políticos, son las estructuras que mayor desconfianza generan a la sociedad mexicana.
El 2014 según las expresiones del propio Presidente de la República Enrique Peña Nieto, será un ciclo de “eficiencia”, Morelos enfrenta en lo real el primer año de un gobierno estatal de un partido diferente al federal, en el 2013, lo cobijo a la entidad y a sus autoridades El Pacto Por México, se anunciaron inversiones federales por cifras nunca antes consideradas, los incrementos se otorgaron a partir de las aprobaciones a las reformas estructurales realizadas entre las que destaca la ultima la energética, en este caso todos los legisladores federales del sol azteca por Morelos, (2 senadores y 6 diputados federales), votaron en contra, a nivel federal Morelos cuenta con una senadora y una diputada federal, militantes del partido del presidente, a esta estructura se vinculan la mayoría de las más de 50 delegaciones federales, a partir del primero de enero, inicia la cuenta regresiva legítima rumbo a la elección del 2015, la primera que abre la posibilidad de la reelección para los diputados federal, en el congreso morelense, la iniciativa de Reforma Energética quedó fuera de la agenda y no fue necesaria su aprobación.
La oración de la serenidad dice: Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia”, los gobiernos continúan con su tradición de pretender “inventar municipios, estados y al país en cada cambio de administración". Es responsabilidad de la sociedad, establecer como compromiso del 2014, que se consoliden la democracia la transparencia y se logre la reconstrucción de la paz social, fracturada desde las ocurrencias gubernamentales.
En el 2014, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.
 

Víctor Hugo Bolaños

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