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Jueves, 15 Noviembre 2012 07:39

Bloquear la transición y frustrar la alternancia

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En una “transición bloqueada”, las bases populares sienten la discontinuidad y se decepcionan con la falta de cambios. Por eso piden el cambio, “Somos un pueblo de extraordinaria polivalencia cultural. Pero nos falta la experiencia de pruebas cruciales, como las que conocieron otros pueblos cuya supervivencia llegó a ser amenazada”. El enfrentamiento de pruebas cruciales define el destino del país y refuerza su identidad básica, la actual crisis política y moral representa una prueba crucial para el gobierno. Para hacer justicia al gobierno utiliza una categoría interpretativa fecunda, la de la transición de paradigma.

¿La transición es de donde y hacia dónde? De un Estado neoliberal, privatizador, inserto como socio menor en el proyecto-mundo hacia un Estado republicano que ubica lo social como el objetivo central, incentiva los microcréditos para consumidores y pequeños inversores y especialmente organiza programas, junto con otras iniciativas sociales que los acompañan. Además, la deuda pública heredada es de tal magnitud que exige un superávit primario. Este hecho obliga a una drástica restricción de los gastos del Estado, de lo contrario la deuda no parará de crecer.

Tal vez la crisis política obligue a acercarse cada vez más a los movimientos sociales. Para congraciarse con ellos contra una eventual parálisis, necesita aliviar el carácter neoliberal de la economía y buscar una transición económica que sea el soporte para una política social que atienda los reclamos de cambio de los movimientos sociales.

La administración que inició el pasado primero de octubre, enfrenta una serie de resistencias que advierte la intención del anterior gobierno de “imponer criterios” y provocar la sobrevivencia de “temas” que benefician a quienes fueron “leales” a la pasada gestión, Morelos tiene condiciones singulares que frustran las inversiones, provocan el deterioro en la calidad de vida y afectan otros temas, un asunto que el nuevo gobierno reconoció como prioritario es el transporte público de pasajeros.

La revisión de la relación que los “barones del transporte en Morelos” han tenido con las autoridades de todos los gobiernos de las últimas tres décadas, confirman la “corruptibilidad” de los empleados públicos, en las últimas semanas se inició un “escándalo” que apenas expone la “punta del iceberg” de toda la red de componendas que existieron entre los actuales transportistas y los pasados funcionarios del gobierno que “institucionalizó” la corrupción.

Lo expuesto por los funcionarios del nuevo gobierno y las expresiones de los “nuevos representantes populares” que son “viejos empleados de gobierno”, deben observarse como llamadas de alerta en relación a la situación que se vive en un sector cuyo objetivo último es dar un servicio de “calidad y calidez” a los usuarios o pasajeros que diariamente transportan por toda la entidad.

En el 2004 se realizó el Diagnóstico General del Transporte en la Región Centro se México, investigación de la Coordinación de Economía de los Transportes y Desarrollo Regional del Instituto Mexicano del Transporte por Víctor Islas Rivera, Salvador Hernández García y Silvia Blancas Ramírez. Ahí quedó establecido que en Morelos, la infraestructura carretera es de las entidades más pequeñas del país, por lo que es de esperarse una gran densidad carretera en su territorio. Lo que confirma que es un asunto que se “descuidó” durante varios gobiernos.

 

Comunicaciones Incomunicadas

 

En el año 2000 contó con una red carretera de dos mil un kilómetros, lo que representó apenas el 0.65% de la red carretera nacional. Sin embargo, posee la característica de que gran parte de la infraestructura carretera estatal es de buena calidad, ya que cerca del 76% está compuesta por carreteras pavimentadas y el resto (24%) son caminos revestidos. Dentro de las carreteras pavimentadas sobresale la proporción de carreteras pavimentadas de dos carriles, éstas representaron el 66.6% de la red carretera de este Estado.

La longitud de vías férreas en Morelos es pequeña con relación al total nacional, ya que en el año 2000 contaba con una extensión de tan sólo 259 kilómetros, lo que representó poco menos de 1% de la red ferroviaria nacional. La mayor parte de la red ferroviaria estatal estuvo compuesta de vías troncales y ramales que representaron cerca de 88%. Sin embargo, con la concesión del servicio ferroviaria a particulares, se tiene la preocupación de que se haya limitado la cobertura al Estado de Morelos y su participación en el movimiento de carga y pasaje sea prácticamente nula.

En infraestructura aeroportuaria cuenta con un aeropuerto nacional en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado, el cual en 2001 atendió a 113 mil 966 pasajeros y cuatro mil 659 operaciones en vuelos comerciales. En los últimos años se ha presentado un enorme crecimiento en el tráfico de este aeropuerto.

En el año 2000 el Estado de Morelos no registró terminales centrales de autotransporte de pasajeros (no existe ninguna en 2012). Sin embargo, la cantidad de terminales individuales de pasajeros registradas se ubicó en 16. Asimismo, cabe señalar que para el mismo año no registraba ni una terminal exclusiva de carga.

Algunos indicadores del desarrollo de la infraestructura de transporte como el indicador de densidad carretera pavimentada por kilómetro cuadrado de superficie, el Estado de Morelos pasó de 0.28 kilómetros por kilómetro cuadrado en 1990 a 0.31 kilómetros por kilómetro cuadrado en el año 2000, permaneciendo en el segundo lugar a nivel nacional.

El encontrarse entre los estados con mayor cantidad de kilómetros de carretera pavimentada por kilómetro cuadrado de superficie, se debe principalmente a que el estado de Morelos ha mantenido un sostenido crecimiento en la construcción de este tipo de caminos y al hecho de que Morelos es uno de los estados más pequeños de la república, ya que ocupa el lugar 30 en superficie a nivel nacional sólo por arriba de Tlaxcala y el Distrito Federal.

En cuanto al indicador de kilómetros de carreteras pavimentadas por cada mil habitantes, el Estado de Morelos mostró una reducción al pasar de 1.17 kilómetros en 1990 a 0.99 kilómetros en el año 2000, pasando del lugar 19 al lugar 25 en el ámbito nacional.

Al igual que otros estados de la región Centro (como en los casos del Distrito Federal, México, Puebla), Morelos también se encuentra entre los últimos lugares en este indicador, ya que el crecimiento de la infraestructura carretera no ha sido tan rápido como el de su población.

En ese estudio se establece que además de su importancia política, la gran concentración de población, producción y complejidad de relaciones entre el Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) y sus ciudades vecinas, hace inevitable implementar acciones regionales coordinadas para la integración eficiente de actividades y flujos en la región.

El desarrollo del conjunto que forman la infraestructura y los servicios de transporte han condicionado o permitido la conformación de un patrón de flujos en forma radial a partir de la ciudad de México. Claramente, esto se ha dado por la prioridad otorgada a la comunicación entre la capital de la república y las capitales de los estados que la rodean. De esta forma, la mayor concentración de flujo vehicular en el país se presenta en los corredores radiales a la ciudad de México.

El transporte aéreo al interior de la región Centro es mínimo, tanto en carga como pasajeros, debido a las cortas distancias que se cubren entre ciudades de la región. Por el contrario, en el Aeropuerto de la Ciudad de México históricamente se han concentrado los flujos interregionales. Por su parte la presencia del ferrocarril se concentra en el movimiento de abasto, desde otras regiones, de materias primas y granos para el AMCM, en general bienes de bajo valor agregado, aunque en los últimos años los flujos contenerizados han ganado participación. De esta forma, la red carretera se presenta como eje regulador de los flujos internos de la región.

No resulta evidente la posibilidad de que una mayor dotación de infraestructura y servicios de transporte pudiera facilitar automáticamente la interrelación directa entre los estados de dicha región Centro. Dicho en otras palabras, no se puede afirmar que la región Centro del país no esté integrada, pues lo hace teniendo como referencia central a la Ciudad de México, pero tampoco hay pruebas de que ésta sea la mejor o la única forma de integrarse espacialmente.

La dotación de infraestructura y servicios de transporte en la Región Centro es bastante desigual, ya sea que se considere la comparación entre estados o al interior de éstos, al respecto cabe notar que se repite el mismo esquema de concentración de infraestructura y servicios de transporte en las ciudades capitales con una formación concéntrica a partir de ellas.

Una tendencia perceptible es la incipiente formación de un anillo alrededor, pero alejado de la Ciudad de México, de flujos e infraestructura de transporte (en especial carreteras de cada vez mejores especificaciones), que tratan de unir las siguientes pares de ciudades: Pachuca-Toluca (conectándose con la autopista a Querétaro), Pachuca–Tlaxcala–Puebla, Puebla-Cuernavaca y Cuernavaca-Toluca. Una mayor interrelación se logrará cuando se consigan proyectos como el denominado “Proyecto de gran visión” que ya está en marcha.

El Estado de Morelos pretende mejorar sus comunicaciones con el resto del territorio nacional desde hace varias décadas, la última “gran obra carretera” estatal fue la de Cañón de Lobos durante el gobierno de Lauro Ortega. Los siguientes gobernadores no lograron impulsar un proyecto que superara aquel tramo carretero, durante este periodo otras entidades han logrado impulsar regiones de sus propios territorios a través de obras carreteras acordes con las nuevas tecnologías, ejemplo de ello son las realizadas en los últimos años en el Estado de México.

 

Transportes Estancados

 

La zona de influencia del AMCM, incluye a los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Queretaro y Morelos que rodean al Distrito Federal, todas estas entidades cuentan en sus capitales con centrales de autobuses, donde dan servicio todas las concesiones federales y ahí “entregan” al transporte local a los pasajeros, pero Morelos no tiene central de autobuses.

Sus más importantes rutas interestatales, siguen llegando como antes del terremoto de 1985, al patio de maniobras del Mercado Adolfo López Mateos, que se inauguró en la década de los sesentas, durante las últimas décadas la “degradación” del servicio público es manifiesto y confirma la inmovilidad gubernamental, para poner en practica proyectos que eleven la calidad de vida de los pobladores, pese al mandato popular de transición y alternancia política.

El transporte público de pasajeros es un tema que se partidizó desde el gobierno de Antonio Rivapalacio López, cuando en 1991 y previo a la elección de aquel año, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) crearon un servicio de taxis identificado con su organización, que en protesta por las elevadas tarifas de los pocos taxis existentes en aquella época cobraban el 50 por ciento de la tarifa.

En 1988, en la elección federal, el FDN-PRD superó en 100 mil votos al PRI, la posibilidad de que se repitiera aquel resultado fue una de las causas de la “primer liberación de concesiones” que realizó un gobierno, luego de que el mandatario anterior las negara. Desde aquella “liberación”, al final de su gestión cada gobernante entrega permisos de transporte al final de su administración como agradecimiento a sus incondicionales, la entrega que dicen hizo la pasada administración está hoy en revisión.

La evolución de la vida política está vinculada a temas prácticos, el transporte en algunas entidades del país es un factor de “control político”, uno de los transportistas con mayor influencia en el territorio nacional, lo es el ex gobernador priista de Durango José Ramírez Romero, otro es el ex gobernador priista de Guerrero Rubén Figueroa, heredero de otro ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa. En Morelos el liderazgo en el transporte es pluripartidista, PRI, PAN y PRD han logrado construir su estructura en este sector.

El tema del transporte no es un asunto menor, impacta sobre toda la población y sus efectos colaterales son regionales, la eficiencia en la prestación de este servicio que realizan concesionarios particulares que son “vigilados por el gobierno”, es un tema que la sociedad incluye en la calificación de eficiencia que otorga al desempeño de la burocracia, sin embargo, en una entidad donde se careció de proyecto durante las últimas dos décadas, la improvisación gubernamental generó condiciones para la avaricia de los usufructuarios de las autorizaciones propiedad del gobierno.

 

Abusos Electoreros

 

El gobierno estatal publicó el decreto por el que autorizó el incremento a la tarifa del transporte público de 5.50 pesos a 6.50 pesos, el pasado 7 de septiembre,

El alza, expone el gobierno, es para que los concesionarios del transporte estén en condiciones financieras adecuadas para seguir prestando el servicio, "ante los incrementos en los precios de los insumos básicos y refacciones que se requieren y puedan continuar dando cumplimiento al Programa de Modernización de las Unidades Automotrices".

La medida alcista fue propalada hace unas cinco semanas y ello provocó manifestaciones de estudiantes universitarios, colonos organizados y líderes sociales que criticaron la demanda de los concesionarios del transporte porque –dijeron- las unidades que prestan el servicio están en pésimas condiciones.

En su decreto publicado el miércoles en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el gobierno "estima necesario autorizar y fijar un nuevo monto en las tarifas" para impulsar el desarrollo económico a favor de quienes trabajan en relación a la prestación del servicio público de transporte en sus diversas modalidades, "para efectos de elevar la calidad de vida de las familias morelenses que de una u otra manera viven de la prestación de este servicio".

El decreto establece que en los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros con itinerario fijo, deberán viajar sin cobro de pasaje o tarifa los menores de tres años de edad y las personas con capacidades diferentes, en tanto que las personas adultas mayores pagarán el 50% de la tarifa autorizada. Los descuentos deberán ser exhibidos en los camiones de pasajeros.

El incremento a la tarifa entra en vigor el lunes de la siguiente semana. De acuerdo con el decreto, la tarifa del transporte público no había registrado ninguna modificación desde julio de 2009. Luego de la anterior jornada electoral, lo que confirma que las “presiones y chantajes” los transportistas se incrementan durante los periodos electoreros.

Así concluyó un sexenio de complicidades y acuerdos en lo “oscurito” entre el último gobierno panista y una estructura de transportistas que se ha “fortalecido” en las últimas décadas. Cabe recordar que esa dependencia también fue parte del “ajuste de cuentas” entre Jorge Carrillo Olea y Antonio Rivapalacio López, cuando por órdenes del militar se realizó una auditoría a aquella dependencia y se “detectó” que el último director Pedro Luis Benítez había “sustraído miles de permisos para su propio beneficio”. Posteriormente, el ex funcionario fue absuelto de los cargos y fue magistrado de tribunal electoral en dos periodos y luego consejero jurídico del Gobierno y procurador de justicia.

En todos los gobierno se han dado escándalos por excesos de los directores de Transporte, la consecuencia es que políticamente Morelos es ejemplo de participación ciudadana, las movilizaciones lograron empujar la solicitud de licencia de un gobernador, fue aquí donde se realizó el primer proceso electoral ciudadanizado, aquí ya gobernaron las tres fuerzas políticas con mayor presencia nacional, PRI, PAN y hoy el PRD.

Económicamente la planta productiva está “quebrada”, en entidades vecinas aterrizan inversiones de varios cientos de millones de dólares, como la armadora automotriz que se instala ya en Puebla, los capitales que pueden darle impulso a la entidad han dejado de buscar alternativas por los desmanes de grupos sindicales que controlan transportes de carga de materiales y la corrupción con impunidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje, local y federal.

Socialmente existe una “fractura” difícil de remontar en los próximos meses entre todos los habitantes, la desconfianza y la decepción hacia el gobierno se han extendido entre sectores, por ello la participación ciudadana ha disminuido hasta en los eventos cotidianos, hay que revisar por ejemplo la convocatoria para algunos eventos deportivos, que en años anteriores provocaban una importante derrama económica, hoy apenas logran cubrir sus gastos.

Este martes la compañera Ana Lilia Mata publicó en La Unión de Morelos: Acusan a jefes de la Secretaría de Transportes de acosar a los empleados, donde advierte que: Las acusaciones penales contra tres trabajadores son “una farsa” para encubrir los problemas que enfrenta el secretario David Gómez Basilio.

Trabajadores de la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno estatal se quejaron de abusos y maltratos de parte de las nuevas autoridades y dijeron tener temor de ser víctimas de acusaciones “falsas”, como el robo de archivos.

Es que dieron a conocer que lo sucedido el pasado jueves 8 de noviembre, fue una “cortina de humo” que generó el secretario de Movilidad y Transporte David Gómez Basilio, ante presuntos actos irregulares que involucran al funcionario estatal.

Los servidores públicos que prefirieron mantenerse en el anonimato ante el temor de que haya represalias en su contra, afirmaron que sus tres compañeros nunca intentaron llevarse ningún documento oficial del archivo, como acusó el secretario David Gómez Basilio.

Los trabajadores afirmaron que los expedientes que supuestamente serían robados, eran del año 2005 y 2007, por lo que no tenían ninguna validez, como se afirmó.

Por lo anterior, los quejosos dijeron tener temor de lo que podría pasarles, pues además de ser víctimas de abusos y maltratos por parte de la gente que llegó con la nueva administración estatal, existe el riesgo de que también se les responsabilice de actos irregulares sin cometerlos.

“Ya no sabemos qué hacer. Por eso les decimos que todo nos lo pidan por oficio, para que no nos vaya a pasar lo mismo. No sabemos si agarrar un expediente o no, porque hasta a Atlacholoaya vayamos a parar”, dijo uno de los servidores públicos.

Afirmaron que han trabajado por 20, diez y hasta ocho años en el área de transportes y en ninguna administración habían recibido el trato que actualmente les dan las nuevas autoridades.

“Dicen que tienen sensibilidad, pero no sé a qué. Lástima del cargo que están ocupando”, añadieron.

Los empleados de la Secretaría de Movilidad y Transporte informaron que actualmente, el secretario David Gómez Basilio ha colocado a gente cercana para realizar labores sin ningún nombramiento oficial.

Por lo anterior, los trabajadores determinaron dar a conocer lo que viven en la dependencia estatal, ante lo que podría sucederles, pues afirmaron que se sienten amenazados, como fue el viernes pasado, cuando durante todo el día permanecieron encerrados en el auditorio de las oficinas de la secretaría, tras haberse dado a conocer la supuesta sustracción de expedientes.

 

Frustrar la Alternancia

 

La irresponsabilidad y los excesos con los que se conducen transportistas en Morelos ante la incapacidad gubernamental, generan condiciones para que quienes pretenden “ajustar cuentas” utilicen cualquier tema para exponer sus intenciones, el pasado fin de semana el diputado local priista Matías Nazario se presentó junto con el presidente del PRD en Morelos, Juan Ignacio Suárez Huape, para externar su “supuesta inconformidad” en el tema de la ampliación carretera que pasa por el municipio de Tepoztlán.

En 1994, Matías Nazario fue el encargado de administrar los recursos públicos de la Coordinación de Comunicación Social, al inicio del gobierno de Jorge Carrillo Olea, Juan Ignacio Suárez Huape fue uno de los más activos participantes en las protestas contra la construcción del Club de Golf el Tepozteco, al cual también se opuso el actual gobernador Graco Ramírez.

En aquella década, Suárez Huape y Nazario se enfrentaron en el terreno político, con actitudes que advertían en aquella época que “nunca podrían coincidir en algún tema. En el 2008, cuando el conflicto magisterial en Morelos, Matías Nazario se involucró a través del Comité Nacional del SNTE y Suárez Huape apoyó a los maestros disidentes que ocuparon el zócalo de la ciudad durante varios meses.

Hoy participan en diferentes posiciones los muchos actores públicos que estuvieron involucrados en los “grandes cambios para Morelos”. Graco Ramírez es gobernador, Matías Nazario es diputado de oposición, Suárez Huape cuestiona a un gobierno emanado del partido que ayudó a fundar. Y la mayoría de los reporteros que hoy cubren estas actividades tienen menos de 30 años y no conocieron la intensa participación de los mismos protagonistas en diferentes foros.

La alternancia se impulsó para consolidar el cumplimiento del sufragio efectivo, por el que se peleó esta nación hace un siglo para evitar la reelección y con ello el establecimiento de “cacicazgos”. Fueron más de 800 mil votantes los que en Morelos maniataron la actual composición política, a ellos prometieron gobernar y representar quienes hoy se desempeñan en diversos puestos. Sin embargo las actitudes de las primeras semanas advierten la intención de priistas y panistas de dar continuidad al “sabotaje político” que impulsaron por primera ocasión priistas y perredistas en el 2000. Hoy con otros instrumentos pretenden “interpretar la misma pieza”, “frustrar la transición y bloquear la alternancia”, Huexca, Tepoztlán, gasoducto, termoeléctrica, la modernización del transporte, los programas sociales, todos son instrumentos para que la decepción por la democracia sea responsabilidad de los democratizadores.

El gran riesgo es que se construya una “muralla” que proteja los desvíos y la impunidad en relación a los actos de corrupción del anterior gobierno.

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