En la semana que concluye se llevó a cabo la octava reunión de la Conferencia de las Partes (COP8) del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, en Suiza, en donde más de mil representantes de alrededor de 180 países discutieron aspectos de relevantes para el control del tabaco, en favor de la salud de la población.

Lo anterior, siendo el máximo órgano de decisión en materia de control de tabaco, en el que representantes de países, no solamente autoridades sino también ONGs, organizaciones intergubernamentales e internacionales de la sociedad civil, discuten temas como el combate al tabaquismo, el daño ambiental, los efectos de los pesticidas y la explotación infantil en el cultivo de hoja de tabaco, entre otros.

Según datos de la OMS, el tabaco mata cada año a más de siete millones de personas, de las que más de seis millones son consumidores del producto y alrededor de 890 mil son no fumadores, expuestos al humo de tabaco ajeno; además, casi el 80 por ciento de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios, siendo el tabaco una de las principales causas de defunción, empobrecimiento y enfermedad.

El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública, ya que los consumidores que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, aumentan el costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo económico; de igual modo, en algunos países, los niños de los hogares pobres trabajan con frecuencia en el cultivo de tabaco, para aumentar los ingresos familiares, y son especialmente vulnerables a la enfermedad del tabaco verde, producida por la nicotina que absorbe la piel cuando se manipulan las hojas de tabaco húmedas.

Pese a todas estas cuestiones adversas, sólo uno de cada tres países -que representan un tercio de la población mundial- hace un seguimiento del consumo de tabaco, para lo cual realizan, cada cinco años, encuestas representativas entre jóvenes y adultos de todo el país.

También es necesario destacar que el humo del tabaco contiene más de cuatro mil productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos y más de 50 causan cáncer; tampoco hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno, que en los adultos causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón.

El humo de tabaco ajeno causa alrededor de 890 mil muertes prematuras cada año, además de que casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos (en el 2004, los niños representaron el 28 por ciento de las defunciones atribuibles al humo de tabaco ajeno).

Más de mil 300 millones de personas, es decir, el 18 por ciento de la población mundial, están protegidas por leyes nacionales integrales sobre espacios sin humo, pero sólo 24 países, que representan el 15 por ciento de la población mundial, disponen de servicios nacionales integrales para ayudar a los consumidores a dejar de fumar; tampoco hay ningún tipo de asistencia para dejar de fumar en una cuarta parte de los países de bajos ingresos.

Diversos estudios muestran que pocas personas comprenden los riesgos específicos para la salud que significa el consumo de tabaco, aunque la mayoría de los fumadores que conocen los peligros del tabaco desean dejarlo, por lo que la asesoría y la medicación pueden incrementar la probabilidad de que un fumador que desea abandonar el tabaco lo consiga.

Por otro lado, las advertencias textuales y gráficas impactantes (en especial las que incluyen imágenes) permiten reducir el número de niños que empiezan a fumar y aumentar el número de fumadores que dejan el tabaco; así mismo, la prohibición general de todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco permitiría reducir el consumo de tabaco en un siete por ciento, aproximadamente, como media, si bien en algunos países se podría lograr una disminución de hasta el 16 por ciento.

Sólo 29 países, que representan el 12 por ciento de la población mundial, han prohibido completamente todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.

También los impuestos al tabaco son un medio eficaz para reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes y los pobres; a pesar de ello, establecer impuestos altos al tabaco es una medida poco frecuente, ya que solamente 33 países, que representan el 10 por ciento de la población mundial, tienen impuestos sobre el tabaco que superan el 75 por ciento del precio al por menor.

Otra cuestión importante es que debe detenerse el comercio ilícito de productos de tabaco, ya que se estima que uno de cada 10 cigarrillos y demás productos de tabaco que se consumen, a nivel mundial, es de origen ilícito: un mercado que cuenta con el respaldo que va desde pequeños vendedores ambulantes hasta redes involucradas en el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación.

Entre las medidas implementadas para combatir estas cuestiones está el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, política esencial de regulación de la oferta para reducir el consumo de tabaco y sus consecuencias sanitarias y económicas; además, el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, para promover la salud pública, entró en vigor en febrero de 2005 y en la actualidad hay 180 Partes suscritas, que representan más del 90 por ciento de la población mundial.

Y es que en el panorama general del "Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas, 2018" también se pone de manifiesto que las medidas de control de tabaco están teniendo impacto en la disminución del consumo de tabaco, destacando que el 95.3 por ciento de la población de las Américas está cubierta por al menos una política de control de tabaco en su nivel más alto de aplicación, de acuerdo con los criterios de la OMS; sin embargo, 12 países aún no han implementado ni siquiera una de las medidas a dicho nivel.

Dicho informe resume el avance reportado hasta el 31 de diciembre del 2017, en las seis principales medidas para el control del tabaco a las que da prioridad la herramienta MPOWER (por sus siglas en inglés): vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención (M), proteger a la población del humo de tabaco (P), ofrecer ayuda para el abandono del tabaco (O), advertir de los peligros del tabaco (W), hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (E) y aumentar los impuestos al tabaco (R), para proveer una imagen regional que detalla no solamente los avances sino aquellas medidas que requieren impulsarse.

El informe destaca la amenaza expuesta por la interferencia de la industria tabacalera, así como la entrada en el mercado de nuevos productos de tabaco que presentan nuevos retos para la región, y detalla las acciones que se están tomando para hacerles frente: el combate al tabaquismo ya no está centrado únicamente en el cigarro y el hábito convencional de fumar, sino en productos como los cigarrillos electrónicos o Sistemas Electrónicos Administradores de Nicotina (SEAN), que pueden ser con o sin tal químico.

Sobre este tema, la OMS ha señalado que actualmente no hay pruebas que demuestren que dichos productos son menos nocivos que los tradicionales.

Esta semana se llevó a cabo el 73° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU.

Los representantes de los 193 Estados Miembros se reúnen cada año, en septiembre y durante la sesión anual, la cual tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York; durante sus primeros días se realiza un debate general, en el que participan jefes de Estado y se debaten temas relacionados con la juventud, el cambio climático, los derechos humanos, refugiados e igualdad de género, entre otros.

Este año también se informó acerca del lanzamiento de la Iniciativa Spotlight, mediante la que la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas comienzan una nueva iniciativa global y plurianual, orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas; tal violencia se produce en todo el mundo y afecta a todas las generaciones, nacionalidades, comunidades y esferas de nuestras sociedades, con independencia de la edad, la etnia, la discapacidad u otros aspectos.

Dicha iniciativa se llama "spotlight" porque llama la atención sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes en el mundo, para sacarla a la luz pública y convertirla en el centro de los esfuerzos encaminados a hacer realidad la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; el nombre también recuerda que, a menudo, la violencia tiene lugar en la oscuridad, se niega o se oculta y no puede sobrevivir a plena luz.

En este espacio hemos comentado acerca del tema en varias ocasiones, resaltando que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, además de la persistencia de desigualdades por razón de género; dichas agresiones también afectan e impiden el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la procuración de la paz y la seguridad.

La prevención es uno de los factores relevantes para acabar con las principales causas de la desigualdad de género, mientras que las estrategias clave incluyen diversas líneas de acción: mejores servicios para las sobrevivientes de violencia, tales como líneas telefónicas de asistencia, refugios, consejo legal, acceso a la justicia, asesoramiento, protección policial y servicios sanitarios; índices de denuncia más precisos, una mejor recopilación de datos y un análisis más riguroso sobre los factores de riesgo y prevalencia; incluso mayor asistencia a las organizaciones de mujeres, una de las primeras líneas de ayuda.

Y es que muchos países han incorporado leyes para prohibir, penalizar y prevenir la violencia contra las mujeres, pero su aplicación y cumplimiento no son adecuados: los índices de denuncia de casos de violencia siguen siendo bajos y la impunidad de los agresores, muy alta; la violencia contra la mujer continúa siendo una pandemia global, pero la violencia contra las mujeres y las niñas se podría evitar: la prevención es esencial, recordemos que debemos actuar y ser agentes de cambio, día a día.

Respecto a la Iniciativa Spotlight se dio a conocer que se realizarán inversiones específicas, a gran escala, en Asia, África, América Latina, el Pacífico y el Caribe, con el fin de mejorar considerablemente las vidas de las mujeres y las niñas, proyectándose una inversión inicial de 500 millones de euros, en la que la Unión Europea será el principal contribuyente; también se busca invitar a otros donantes y asociados a que se sumen a la iniciativa, para ampliar su alcance y magnitud, y para efectuarla se empleará un fondo fiduciario de múltiples interesados de las Naciones Unidas, administrado por la Oficina de los Fondos.

Según datos de las Naciones Unidas, catorce de los veinticinco países con las tasas más altas de feminicio en el mundo están en América Latina, además de que el 98 por ciento de los homicidios de este tipo no son procesados; es por ello que, en este contexto, la Unión Europea y la ONU anunciaron una inversión de 50 millones de euros para poner fin al feminicidio en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

En una entrevista concedida a la AFP, la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima, quien trabajaba para el diario El Espectador cuando fue secuestrada por un grupo paramilitar sobre el que investigaba, y quien es ahora una de muchas activistas que han decidido romper su silencio para ayudar a otras mujeres, explicó: "Como mujer, es difícil hablar cuando se ha vivido una violencia física semejante. Pero ver a tanta gente interesarse por este tema me da una fuerza increíble. Es algo que no había sentido antes. Es una fuerza que viene del fondo del corazón y se alimenta de la sed de justicia". Coincidimos.

Este viernes 21 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Paz. No sería acertado escribir que “se celebró”; faltaríamos a la verdad si en realidad creyéramos que se puede celebrar en estos momentos a la paz. Y es que tal como ha señalado el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, debemos actuar “juntos para promover y defender los derechos humanos para todos, en aras de una paz duradera para todos”.

El Día Internacional de la Paz se estableció en 1981, por la resolución 36/67 de la Asamblea General de la ONU; dicha fecha se eligió para que coincidiera con la sesión de apertura de dicha Asamblea, que se celebra anualmente el tercer martes de septiembre. La primera vez que se conmemoró el Día de la Paz fue en el año de 1982.

Posteriormente y en el 2001, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 55/282 que estableció el 21 de septiembre como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial: la ONU invita entonces a todas las naciones a que cumplan con un cese de hostilidades durante ese día y a que se refuercen los ideales de la paz en todos los pueblos del mundo.

En este 2018, el tema del Día Internacional de la Paz es la Conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que marca un hito en la historia.

Dicha declaración fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones; es el documento más traducido del mundo, disponible en más de 500 idiomas y que debería tener aún más relevancia hoy en día como la fecha en la que se proclamó.

Es interesante señalar que la ONU ha seleccionado personalidades que se han distinguido en los campos de las artes, la literatura, la música y los deportes, o en otras áreas de la vida pública, y que ayudan a enfocar la atención del mundo en la labor de las Naciones Unidas: se denominan como Mensajeros de la Paz o Embajadores de Buena Voluntad  de Naciones Unidas.

Y aunque es verdad que las personalidades elegidas tienen la posibilidad de comunicar un mensaje de paz a millones de personas, intentando apelar a la conciencia de los grandes líderes por un futuro mejor, somos todos nosotros los responsables de dar tal mensaje en el día a día.

Tal vez no tengamos los medios para llegar a la radio, la televisión, las revistas o los periódicos con nuestro propio mensaje de paz, pero son infinitos los actos positivos que podemos enviar al mundo, a través de cosas simples; la sonrisa es una herramienta poderosa: un regalo que puede ayudar a iniciar y mantener la paz a través de una expresión de comprensión, humildad y gentileza.

Gestos sencillos pueden causar un impacto enorme en la vida de las personas, en el momento oportuno.

Por supuesto: si antes no encontramos la paz en nosotros mismos, ¿cómo podemos exigirla para los demás? Después pensemos de cuántas maneras tan simples podemos brindar todos los días un pequeño mensaje de paz a otra persona que desconozcamos... o que incluso conozcamos. Pensemos como este mensaje repercute y se transmite a otros.

Mientras el secretario general de la ONU exhorta a todos los pueblos y naciones a que "actúen en consonancia con lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconocen la dignidad inherente y los derechos igualitarios e inalienables de todas las personas", evitemos que sucedan injusticias en nuestro entorno, adoptando un enfoque no violento para la resolución de problemas pero, al mismo tiempo, reivindicando los derechos humanos de otras personas.

Las pequeñas acciones ayudan a crear grandes cambios.

En la semana que concluye comenzaron las negociaciones para iniciar un Tratado Global de los Océanos, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU); actualmente, las aguas internacionales, más allá de las fronteras nacionales, cubren aproximadamente dos tercios del planeta y casi están completamente desprotegidos, ya que hay varios tratados y organizaciones para realizar gestiones en el alta mar, pero principalmente para explotar y no para proteger.

Con dicho tratado global -al cual los científicos llaman "la última oportunidad para los océanos"- se busca cambiar esta tendencia y crear una gran red de santuarios a través de los océanos del mundo, protegiendo al menos el 30 por ciento de ellos para el año 2030; es una oportunidad histórica, y activistas como los que integran "Greenpeace" han luchado por este tratado histórico durante muchos años.

En este espacio hemos comentado en diversas ocasiones acerca del tema de los océanos, señalando que se ha comparado a los océanos como el corazón de nuestro planeta, ya que regulan el clima, alimentan a millones de personas, producen oxígeno, son el hábitat de una gran variedad de seres vivos y proporcionan numerosos recursos; por eso es indispensable informar a la opinión pública de las consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de los océanos y su gestión sostenible, respetando su belleza, riqueza y potencial.

Y es que nuestra existencia depende de los océanos: la muerte de ellos sería el fin de nuestra forma de vida, y la educación sobre cómo usar los recursos ambientales de manera eficiente es la clave para proteger nuestro planeta.

Pero actualmente la vida marina corre gran peligro con la pesca industrial, la contaminación e incluso el aumento de la minería del fondo marino; millones de toneladas de peces, tortugas, tiburones y delfines quedan atrapados en redes, y alrededor de ocho millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año; además, los efectos del cambio climático hacen que la protección de los océanos sea urgente, y que existan "santuarios oceánicos" que estén fuera de los límites de actividades extractivas y destructivas.

Callum Roberts, profesor de Conservación Marina en la Universidad de York, destaca que las aguas internacionales "están sujetas a una intensa actividad pesquera escasamente controlada que está causando un daño inmenso a las especies objetivo, como el atún, y a los animales que simplemente se cruzan en su camino"; refiere también que en los mares de Costa Rica los métodos de pesca causan un indecible daño colateral, como los de sedales del arte de palangre, "que suelen tener una longitud de varias decenas de kilómetros y están jalonados por miles de anzuelos".

Al respecto y según registró un estudio, apunta Roberts como ejemplo que "para capturar 211 dorados nada más, engancharon también 468 tortugas golfinas, 20 tortugas verdes, 408 rayas-látigo violeta, 47 mantas mobula, 413 tiburones sedosos, 24 peces zorro, 13 tiburones martillo lisos, seis tiburones cocodrilo, cuatro tiburones oceánicos, 68 peces vela del Pacífico, 34 marlines rayados, 32 rabiles, 22 agujas azules, 11 petos, ocho peces espada y cuatro peces luna. Eso no es pesca, es aniquilación a destajo".

Según ha anotado la bióloga ambiental Pilar Marcos, activista de Greenpeace, la comunidad científica pide que al menos el 30 por ciento de los océanos del mundo estén protegidos en 2030, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, ya que ahora sólo el uno por ciento de los océanos mundiales tienen protección; es por ello la necesidad de una red completa de santuarios marinos en todo el mundo, lo que el Tratado Global del Océano haría posible, a través de sus Estados miembros.

Las negociaciones durarán hasta 2020 y a lo largo de los próximos dos años se celebrarán cuatro conferencias intergubernamentales para negociar y concluir el tratado; la primera tuvo lugar esta semana, en Nueva York, y la Conferencia del Océano que celebrará la ONU será en 2020, organizada por Portugal y Kenia, en Lisboa.

Por su parte, Isabella Lövin, viceprimera ministra de Suecia y copresidenta del grupo Friends of Ocean Action, ha indicado en un artículo para EFEverde que "se trata de una oportunidad única en toda una generación para invertir el deterioro de la salud del océano, impulsar nuestra lucha contra el cambio climático y detener la dilapidación no regulada de los tesoros naturales que compartimos. Todo el mundo debería seguir muy de cerca esta historia del océano, porque podría marcar el punto de inflexión hacia un futuro más sostenible".

Lövin añade que culminar con éxito un tratado sólido y jurídicamente vinculante sobre la alta mar "puede permitir que se extiendan los esfuerzos de gestión integral, aplicable y real a los dos tercios del océano que caen fuera de toda jurisdicción nacional, y que se encuentran actualmente a merced de múltiples amenazas de origen humano"; significará "que todo el océano esté amparado por reglas integrales, actualizadas e inapelables (...) una vez que el océano entero esté sujeto a la gestión y la protección holísticas que requiere, podremos abordar los retos que le afectan en su totalidad, tales como la sobrepesca y la contaminación por plásticos, que no entienden de fronteras.

De ahí la necesidad de cumplir el plazo de 2020 y asegurar la salud del océano entero, que no se puede posponer más ya que es el paso más importante para mitigar el cambio climático.

Tal como lo refiere Lövin, "el océano ha absorbido el 40 por ciento de nuestras emisiones de carbono y el 90 por ciento del calor adicional que éstas han producido desde la revolución industrial. Un océano expoliado y contaminado no podrá ejercer esa función de amortiguación frente a los peores impactos del cambio climático. Tenemos que proteger el océano para protegernos nosotros (...) en este año con máximos históricos de calor, incendios e inundaciones, todos hemos atisbado las dolorosas consecuencias". Coincidimos.

El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; desde el año 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó dicha fecha luego de que el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la Resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación ante el incremento de las desapariciones forzadas o involuntarias, en todo el mundo.

En la Resolución A/RES/65/209 se apunta que “las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”: la desaparición forzada constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad.

Es importante destacar que tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 2006, establecen que, cuando como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una “desaparición forzada” ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá; se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.

Y es que las víctimas de desaparición forzada, al haber sido separadas del "ámbito protector de la ley" y al haber "desaparecido" de la sociedad, se encuentran privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Las desapariciones forzadas violan con regularidad el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad y seguridad de la persona; a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; a una identidad; a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; a un recurso efectivo, con reparación e indemnización, entre otros.

Al respecto de este tema, este año la ONU señaló que la desaparición forzada se ha convertido "en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes".

Y agrega que preocupa especialmente el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

Por su parte y en el informe anual de actividades del 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refiere que Veracruz fue el estado del cual se recibió el mayor número de reportes de personas desaparecidas, seguido de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas, mientras que los estados de los que se recibió el menor número de reportes fueron Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Sonora, y las entidades federativas de las que no se recibió reporte de desaparición fueron Aguascalientes, Campeche, Colima, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Cabe indicar que sobre estos datos, el organismo nacional refirió que corresponden al número de reportes recibidos para coadyuvar en la búsqueda y localización de personas y no reflejan el número real de personas desaparecidas en cada entidad federativa: la llamada "cifra negra".

En dicho informe, la CNDH también destacó que "la desaparición de personas en México constituye una dolorosa e indignante realidad que confronta y cuestiona. Confronta porque el tiempo sigue pasando y todavía no se han generado las condiciones adecuadas para dar la debida atención a esta problemática, lo cual refleja, en los hechos, falta de voluntad de diversas autoridades de los distintos órdenes de gobierno, particularmente de las entidades federativas, para atender los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad (...) Cuestiona, porque la falta de una respuesta adecuada ante este flagelo parecería implicar que existe una actitud indiferente ante el sufrimiento y dolor de las víctimas y de sus familiares".

Mientras que en este 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)  informó que, a la fecha, en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) se tienen inscritas dos mil 795 personas por el delito de desaparición y mil 394 por el de desaparición forzada; la mayor parte se concentra en los estados de Guerrero, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato.

Según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Es conveniente difundir el contenido de algunos artículos de esta Convención: “Nadie será sometido a una desaparición forzada” y “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”. También, “cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal”: “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas”.

Respecto a las noticias locales, en la semana que concluye y sobre el tema que nos ocupa en este domingo, el jueves pasado activistas se manifestaron para reclamar justicia; al respecto, José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), refirió que hay al menos 500 personas desaparecidas en Morelos -más de 200 mujeres y 300 hombres-, cuando menos desde el 2008 a la fecha, de acuerdo con cifras proporcionadas por la autoridad estatal; Martínez Cruz también agregó que hay muchos casos de desaparecidos que no están incluidos dentro de las cifras oficiales.

Cabe recordar, finalmente y en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la batalla personal del poeta y periodista argentino Juan Gelman Burichson, quien en 1976 estaba en Roma cuando llegó la dictadura militar a Argentina, lucha sobre la cual comentamos en el espacio de Panóptico Rojo del 30 de agosto del año 2015, titulado “¿Olvido verdadero?”.

Gelman, quien murió en México el 14 de enero de 2014, nos legó un ejemplo de vida que consiste en no desistir en la lucha por conocer y superar un hecho violento, trascendiendo a la injusticia. Recordemos entonces, y no sólo hoy, a todos los hombres y mujeres que fueron desaparecidos y de los cuales aún se desconoce su paradero.

Cedemos las palabras finales de este espacio a Gelman Burichson: "Las heridas no están aún cerradas, su único tratamiento es la verdad y luego la justicia; solo así es posible el olvido verdadero (...) Hay periodos de la historia, como el que atravesamos, donde las expectativas de cambio retroceden a zonas pantanosas. Pero la misma historia demuestra que hay flujos y reflujos y que la expectativa vuelve. Todo esto tiene que ver con la utopía. La utopía jamás se cumple, fracasa, pero deja una renovación y la idea imperiosa de retomarla”. Coincidimos.

El primer Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo se celebró por primera vez, en la semana que concluye, instaurado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para honrar a las víctimas y sobrevivientes de estos actos, además de generar conciencia para sumar esfuerzos y proteger sus derechos humanos.

En las resoluciones A/RES/66/282, A/RES/68/276 y A/RES/72/284 de la Asamblea General, establecidas como resultado del Examen de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, se destaca el papel de las víctimas y sus familiares en la lucha contra el terrorismo y la prevención del extremismo violento.

En dichas resoluciones además se establece que, mediante la provisión de apoyo adecuado, inmediatamente después de un ataque y en el largo plazo, las víctimas pueden sobrellevar, sanar y recuperarse más rápidamente luego de un ataque.

Es el 21 de agosto la fecha proclamada como Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo, reconociendo que la protección de los derechos humanos y el estado de derecho en el ámbito nacional e internacional son esenciales para prevenir y combatir ese flagelo.

La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006, señala que la deshumanización de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones genera un ambiente propicio para la propagación de éste, por lo que seguir fortaleciendo la labor del organismo internacional para la prevención de conflictos, la negociación, la mediación, y el mantenimiento y la consolidación de la paz, es una forma de luchar contra el terrorismo y respetar la dignidad humana.

En este espacio hemos comentado sobre el tema del terrorismo en diversas ocasiones. Desde la ocasión en la que #JeSuisCharlie se convirtió en uno de los ‘hashtags’ más difundidos en la historia de Twitter, al ser replicado por personas en diversos países con acceso a la red social, en solidaridad con los periodistas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, cuando doce personas fueron asesinadas durante un ataque terrorista a la redacción de la revista, en Francia, pasando por el caso de los periodistas estadounidenses Jim Foley y Steven Sotloff, además de los colaboradores humanitarios de origen británico, David Haines y Alan Henning, cuyas ‘decapitaciones’ y muertes, llevadas a cabo por una ‘agrupación fundamentalista’ en un lapso poco mayor a un mes, fueron grabadas y colocadas en sitios de internet.

Tristemente, estos son únicamente dos ejemplos de una larga lista de atentados terroristas que han ocurrido en los últimos años. Cabe agregar que aunque el número de países afectados por el terrorismo va en aumento, la mayor cantidad de víctimas se concentra en un pequeño grupo de Estados Miembros de la ONU: únicamente en el 2017, casi tres cuartas partes de todas las muertes causadas por el terrorismo se produjeron en cinco países: Afganistán, Iraq, Nigeria, Somalia y Siria.

Sin embargo, tal como lo ha señalado el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su mensaje 2018 al respecto del tema, "el terrorismo es una de las cuestiones más complejas de nuestro tiempo y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. De Tayikistán al Reino Unido, de Bagdad a Barcelona, ataques despiadados nos han conmocionado a todos. Ningún país puede creerse inmune; casi todas las nacionalidades del mundo han sido víctimas de atentados terroristas".

Guterres también destaca que, después de los atentados terroristas, rara vez se toca el tema de nuevo de los muertos o de los heridos: personas que se dedicaban a sus quehaceres cotidianos cuando sus vidas cambiaron para siempre, además de los familiares y amigos que les sobreviven y que deben aprender a vivir con la carga del terrorismo durante el resto de sus vidas.

Por ello es importante escuchar a las víctimas y a los supervivientes del terrorismo, aprender de sus experiencias, amplificar sus voces y, por supuesto, que se les proporcione asistencia a largo plazo, en particular de tipo financiero, jurídico, médico y psicosocial.

Como también ya se ha comentado en este espacio, “diversos académicos han señalado que, en la actualidad, el terrorismo puede entenderse más fácilmente si lo estudiamos desde una primera óptica relacionada con la comunicación, en lugar de referirlo a una óptica de violencia: el éxito relativo del terrorista se medirá entonces no por el número de bajas o el daño material que logre, sino por la atención mediática que reciba. (…) Cabría en este momento hacernos la pregunta: ¿Qué papel estamos jugando, entonces, como observadores de estas acciones violentas?” (en ‘Panóptico Rojo’, “Terrorismo y cobertura mediática”).

Salustiano Del Campo, en “Terrorismo y sociedad democrática” afirma que “el terrorismo va dirigido contra la gente que mira, no contra las víctimas; su función es claramente comunicativa”. No hay que perder de vista que el terrorismo es, en esencia, un arma psicológica y un generador de efectos, entre los que podemos mencionar la destrucción de los valores comunitarios o el simple hecho de inhibir la responsabilidad ciudadana, como resultado secundario al temor generado.

De igual modo hemos mencionado a uno de los pocos filósofos occidentales que estudiaba y denunciaba el fenómeno del terrorismo mundial, André Glucksmann. En una entrevista concedida al diario francés Le Figaro, el 14 de septiembre del 2001, Glucksmann reflexionaba lo siguiente: “Aquel que vive días apacibles, si no felices, vive el pensamiento de la no-guerra. Cada quien se construye un loft mental prohibiéndose pensar en las amenazas verdaderas: la desdicha es ajena, la enfermedad es para otros. Tanto el europeo como el estadunidense parecen salir de la escena chejoviana de El Jardín de los cerezos: se habla, se ama, se detesta entre nosotros, se lleva una vida “refinada”, mientras afuera las hachas asestan sus pesados golpes”.

Y continuaba: “Desde hace una década critiqué las teorías de la guerra sin muertos y del fin de la historia, que también hicieron estragos en la comunidad europea. Al salir de la Guerra Fría reivindiqué un décimo primer mandamiento: no cerrar jamás los ojos ante la inhumanidad violenta del siglo". Coincidimos.

Este mes de agosto, como cada año en este espacio, difundimos algunos de los antecedentes respecto a la labor de los bomberos en nuestro país. Y es que la próxima semana se conmemora en México el “Día del Bombero”, mismo que inicialmente se celebraba el primero de julio pero en el año de 1956 se hizo el cambio oficial al 22 de agosto, fecha en la que se fundó el primer Cuerpo de Bomberos en la República Mexicana, el primero y el más antiguo a nivel nacional, en el puerto de Veracruz y en el año de 1873.

En la capital de Morelos y como parte de las celebraciones por la fecha, se inauguró en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca la exposición "Soy Bombero", a través de la cual se rinde un merecido homenaje a los llamados "héroes anónimos"; además de obras artísticas, en las que se destaca el valor y la abnegación de los bomberos al llevar a cabo su labor, se exhiben elementos como el característico uniforme, mangueras y distintas herramientas.

Desde tiempos pasados y como parte de una mezcla de creencias míticas y religiosas, el fenómeno del fuego ha sido considerado incluso como un instrumento de castigo divino a los hombres; tal era el arraigo de dicha convicción que los grupos que se dedicaban a sofocar incendios eligieron el día 17 de febrero para celebrar a su santo patrono, San Antonio Abad, el primer fraile que acudió a los incendios a orar para que el fuego se apagara. A partir del siglo XVII se perdió dicha costumbre.

Históricamente, uno de los antecedentes más lejanos que hace referencia al Cuerpo de Bomberos en nuestro país es un grupo destinado a combatir los incendios en la Nueva España, en los años 1526 y 1527, que estaba integrado por los mismos indígenas que acudían al lugar del siniestro, bajo las órdenes de un soldado español.

En el año de 1842, la forma de avisar a la población respecto a la existencia de un incendio “era por medio de 100 toques precipitados de campana de la Iglesia más cercana, y la alarma de una esquila (campana pequeña) en el lugar donde se requiriera el auxilio. Sin duda, las campanas más utilizadas para dar la alarma de incendio eran las de la Catedral de la Ciudad de México. Estas disposiciones refuerzan la tradición todavía hoy vigente de la campana, en los vehículos de bomberos”.

Es también interesante lo que señalaba un bando publicado en México el 20 de septiembre de 1862, del que destacan dos artículos. El primero indica que “será obligación del Comandante de Bomberos considerar la magnitud del incendio: salvar a toda costa en primer lugar a las personas; segundo lugar, a los animales; tercer lugar, a los papeles o documentos de importancia; cuarto, las alhajas u objetos preciosos; quinto, los muebles y sexto, el edificio”. Mientras que en el segundo se lee que “la salvación de las personas se verificará en el orden siguiente: primero, los niños; segundo, los ancianos; tercero, los enfermos e imposibilitados; cuarto, las demás personas”.

En la época moderna, uno de los incendios que se recuerda con mayor insistencia y tristeza es el que tuvo lugar un 28 de noviembre de 1948, cuando se recibió la llamada de alarma de que el edificio de la ferretería "La Sirena", ubicada en las calles de Palma y 16 de Septiembre del centro de la ciudad de México, ardía entre llamas; acudió al llamado el segundo comandante José Saavedra del Raso, junto con 60 elementos. Las maniobras para controlar el siniestro no fueron suficientes y una de las paredes frontales del edificio se derrumbó, sepultando a 12 elementos.

A partir de ese momento y en reconocimiento a la lucha desesperada por salvar las vidas humanas aún a costa de la propia, se habla de un “Heroico Cuerpo de Bomberos”.

Un decálogo es un conjunto de diez principios cuyo cumplimiento se considera básico para poder llevar a cabo el ejercicio de una actividad concreta; en el caso de los bomberos fue el coronel Evodio Alarcón García -quien combatió más de seis mil incendios durante un periodo de 53 años en el Distrito Federal- el responsable de formular en 1957 el “Decálogo del Bombero”, mismo que se reproduce a continuación: “I.- Son sus normas: La abnegación, el valor y el sacrificio. II.- Protector del pobre o del rico, del débil o del fuerte. III.- Sin banderías políticas o religiosas. IV.- Amigo de la niñez y la juventud. V.- Respetuoso y comedido con el anciano. VI.- Caballeroso y cortés con la mujer. VII.- Duro para el combate y fuerte para el peligro. VIII.- Leal para sus superiores y considerado con sus compañeros. IX.- Hombre gallardo y humilde, incansable en el trabajo. X.- El servicio a la Patria y a la Humanidad son las razones de su vida”.

En la página del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal es posible leer una descripción sobre lo que es un Bombero, quien “tiene la mente despierta de un niño y la serenidad de un hombre maduro; que nunca olvida la emoción que se siente al escuchar el ulular de las sirenas, el trabajo realizado en los incendios y los miles de peligros vividos con el paso de los años; un ser humano con más bondad y humildad que el común de la gente (…) Un hombre que no guarda rencores, que no agita banderas, ni vocifera obscenidades, que honra la memoria de los compañeros caídos; el Bombero es un ser humano que no habla de la hermandad entre los hombres… ¡la vive!”.

En el pasado -aunque ahora cada vez con menor frecuencia, por desgracia-, si un adulto le preguntaba a un niño ¿qué quieres ser cuando seas grande?, muchos pequeños respondían: bombero. Ellos guardan corazones heroicos y son guerreros que deberían ser reconocidos no sólo durante homenajes por deceso al cumplir con su labor o en una fecha específica: lo que otros llaman ser un héroe, los bomberos lo llaman hacer su trabajo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cinco estados con los índices más altos de discriminación son Puebla, con 28.4 por ciento; Colima, 25.6; Guerrero, 25.1; Oaxaca, 24.9 y Morelos, 24.4 por ciento; mientras que los menores porcentajes de la población de 18 años o más que declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal se registraron en Nayarit, con 13.1 por ciento; Zacatecas, 13.7; Nuevo León, 14; San Luis Potosí, 14.4 y Durango, 15.4 por ciento.

En la encuesta del INEGI también se anota que uno de cada cinco mexicanos mayores de 18 años ha sido objeto de discriminación: para las mujeres, la apariencia física es el principal motivo de discriminación, seguida de las creencias religiosas y el género; para los hombres, las causas son la apariencia física, la manera de hablar y la edad.

Cabe señalar que negar de manera injustificada un derecho, directa o indirectamente, de igual modo vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas; al respecto, en la encuesta del INEGI de referencia se indica que el 23.3 por ciento de la población de 18 años y más señaló que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente algún derecho.

Este domingo hacemos referencia a esta encuesta del INEGI ya que en la semana que concluye se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que han buscado durante años el reconocimiento de su identidad, forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales; herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales, son más de cinco mil grupos distintos, en 90 países, y que hablan una gran mayoría de las aproximadamente siete mil lenguas del mundo.

En América Latina, alrededor del 40 por ciento de todos los pueblos indígenas viven en zonas urbanas, incluso el 80 por ciento en algunos países de la región; en México y según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, de acuerdo con su cultura, 21.5 por ciento del total de la población se autorreconoce indígena, de la cual el 48.7 por ciento son hombres y 51.3 por ciento son mujeres.

Además y con datos de la encuesta referida, se estima que 6.5 por ciento de la población de tres años y más de edad habla alguna lengua indígena, es decir 7.4 millones de personas: de ellas, poco más de 909 mil no hablan español y sólo se comunican en su lengua; la lengua más hablada es el náhuatl, con el 23.4 por ciento, seguida del maya y del tzeltal con el 11.6 y 7.5 por ciento, respectivamente.

Cabe destacar la importancia de las lenguas indígenas en los temas de diversidad cultural y diálogo intercultural sobre cuestiones de educación, medio ambiente, desarrollo científico y tecnológico, libertad de expresión, empleo e inclusión social; por ello, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y proclamó el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. 

Según datos de la ONU, los pueblos indígenas están constituidos por 370 millones de personas, aproximadamente, es decir, más del cinco por ciento de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas, vulnerables y perjudicadas del mundo, representando el 15 por ciento de los más pobres: destaca además el caso de los migrantes indígenas, quienes se enfrentan a muchos desafíos, incluida la discriminación.

Respecto de la conmemoración de este año 2018 del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, manifestó en su mensaje alusivo que es una oportunidad de crear conciencia sobre la situación precaria de las poblaciones autóctonas, además de centrarse en los factores de la migración y la movilidad, para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.

Lo anterior, ya que como resultado de la pérdida de su territorio y recursos, por el desarrollo y otras presiones, muchos pueblos indígenas migran a las zonas urbanas en busca de oportunidades, aunque también migran a través de las fronteras internacionales por desplazamiento o reubicación sin su consentimiento, y para escapar de la violencia, los conflictos armados, la persecución, la degradación ambiental y los impactos del cambio climático, sin olvidar la búsqueda de mejores perspectivas, educación y empleo para ellos y sus familias.

"La migración es una oportunidad pero también conlleva riesgos inherentes. Las tasas de trata y otras formas de violencia son desproporcionadamente elevadas entre las mujeres y las niñas indígenas", expresó en su mensaje António Guterres, y añadió que se espera que a finales de este año los Estados Miembros aprueben un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, "para maximizar los beneficios de la migración y prestar apoyo a los grupos de migrantes vulnerables, incluidos los pueblos indígenas. Es fundamental que se protejan los derechos y las identidades de los pueblos indígenas". Coincidimos.

En la semana que concluye, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció violaciones a los derechos de la periodista Lydia Cacho; cabe destacar que se trata de la primera resolución favorable de dicho comité, en un caso sobre agresiones contra una periodista en México.

Fue concretamente el 31 de julio pasado cuando dicho comité de la ONU emitió una resolución contra el Estado mexicano, derivado de la petición de la revisión del caso que en octubre de 2014 presentó la organización Article 19, en representación de la periodista Lydia Cacho, por las violaciones a los derechos humanos de la periodista.

Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) -organización fundada por Lydia, y dedicada a la protección y atención a víctimas de violencia sexual, con sede en Cancún- por un grupo de 10 personas, quienes la trasladaron a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, acompañada de agentes de la policía judicial de Quintana Roo.

La detención ahora ha sido calificada por el CDH de la ONU como arbitraria, debido a que derivó de un proceso instaurado contra Lydia con motivo de la publicación del libro “Los Demonios de Edén”, en el que se señalaba a altos empresarios y autoridades involucrados en la explotación sexual infantil.

Al respecto del caso, esta semana el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo en conferencia de prensa que "la impunidad es el denominador común de muchos problemas de derechos humanos en México. El caso de Lydia Cacho es uno de los primeros que llegó a la Fiscalía para Delitos contra la Libertad de Expresión y a pesar de ello tuvo que recurrir a instancias internacionales (...) ante el fallo de los órganos de procuración de justicia nacionales”.

Jarab destacó además que la violencia contra comunicadores "no sólo atenta contra la o el periodista, atenta contra la sociedad al privarla del acceso a la información".

Tras el análisis de los hechos llevado a cabo por el órgano de la ONU encargado de interpretar y velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité estableció que los hechos ocurridos en diciembre de 2005 son violatorios de los derechos humanos de Lydia; además, enfatizó que los tratos proferidos a la periodista tuvieron objetivo discriminatorio por razón del sexo, debido a los comentarios sexuales, el trato sexualizado y la violencia de género.

También se estableció que aunado a la violación específica de tales derechos humanos, el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables en un plazo razonable y tampoco garantizó el igual goce de los derechos de Lydia.

Es importante destacar que es la primera resolución favorable del CDH y, por lo tanto, la primera en la que se pronuncia sobre violencia por parte de las autoridades contra una mujer periodista; por tanto, existe ya un precedente histórico.

Es así como el dictamen del CDH es relevante porque se pronuncia a favor de la libertad de expresión, al referir que cualquier amenaza, detención arbitraria, tortura o agresiones similares a periodistas -como los acontecidos en agravio de Lydia- constituyen un ataque a su libertad de expresión; asimismo, tales conductas deben ser objeto de una activa y puntual investigación, sus autores deben ser sometidos a juicio y debe ofrecerse una reparación adecuada a las víctimas.

Finalmente, el CDH determinó que el Estado mexicano debe dar publicidad a dicha resolución, además de realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por la periodista; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsable de las violaciones cometidas; ofrecer compensación adecuada a Lydia y adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

Lo anterior, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.

En este espacio dominical hemos comentado que en la sociedad actual existe un individualismo exacerbado que conduce a la fragmentación social, de la cual no está exenta el gremio de la prensa. “Divide y vencerás”, se ha señalado a lo largo del tiempo. El espíritu de cuerpo, en cambio, consiste en fusionar intereses e ideales para buscar un bien superior; y es que cuando el sentido de pertenencia se destruye, también se destruye la lealtad, intercambiándola como medio para logros personales y ventajas propias.

En el Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia “Reforma al sistema de justicia penal a un año de vigencia: ¿qué falta y quién está en falta?”, llevado a cabo en mayo del 2015, los ponentes señalaron que no debíamos pensar que en junio de 2016, cuando se “terminara” la implementación de la reforma penal en todo el país, México cambiaría radicalmente. No, porque para ello se requiere un cambio de mentalidad y romper paradigmas en todos, no sólo por parte de quienes operan y administran la justicia, sino de la población en general.

Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para la democracia y para la libertad, y todo lo que se refiera a las investigaciones que se llevan a cabo respecto a los comunicadores debe entenderse como un deber jurídico propio. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

También es una responsabilidad de todos, en la medida de nuestras posibilidades. Si las fiscalías están obligadas a mostrar resultados que se sustenten en investigaciones profesionales y legales, integrales y transparentes, con mayor razón cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera particular, estamos obligados a involucrarnos y a exigir justicia con bases y fundamentos; en el caso de los ataques contra la libertad de expresión en México, solo así se podrá comenzar a poner fin a la impunidad.

Este 30 de julio se conmemora el “Día Mundial Contra la Trata de Personas”, con el fin de crear mayor conciencia sobre la situación de las víctimas de este delito que atenta contra la dignidad humana y que representa el tercer negocio ilícito más rentable, sólo después del tráfico de armas y drogas; según datos previos de la Organización de Estados Americanos (OEA), "genera una movilidad promedio de 6 mil 600 millones de dólares anuales tan sólo en América Latina, y en todo el mundo un promedio de 32 mil millones de dólares".

La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso; en esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual.

La trata de personas, la “esclavitud moderna”, es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, que incluyen el trabajo forzoso y el sexo; aproximadamente, un 30 por ciento de las víctimas de la trata son niños y un 70 por ciento son mujeres y niñas, según el reciente “Informe Mundial sobre la Trata de Personas”, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En el año de 2010, la Asamblea General adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, además de establecer un Fondo Voluntario Fiduciario para las víctimas del tráfico, especialmente mujeres y niños; el objetivo de dicho fondo es facilitar la asistencia y la protección efectivas y directas a las víctimas de la trata, mediante la subvención a organizaciones no gubernamentales especializadas.

Cabe destacar que también se ha dado a conocer que, en un futuro próximo, la intención respecto a dicho fondo es dar prioridad a las víctimas provenientes de conflictos armados o que forman parte de grandes corrientes migratorias o de refugiados; además, centrar la asistencia en las víctimas que han sido objeto de la trata para explotarlas sexualmente, extirparles órganos u obligarlas a la mendicidad y a la delincuencia.

Este año, la UNODC ha elegido “La respuesta a la trata de niños y jóvenes” como el tema central del "Día Mundial contra la Trata", con lo que se busca resaltar el hecho de que casi un tercio de las víctimas de la trata son niños, para fomentar posibles iniciativas de acción relacionadas con la protección y la garantía de la justicia para los niños víctimas.

Respecto a nuestro país, cabe anotar que México fue pionero al participar en una de las campañas más importantes para prevenir este delito, "Corazón Azul Contra la Trata de Personas", en el año 2010 y como parte de las acciones de cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus respectivos Protocolos, informando a más de 53 mil personas sobre esta problemática, durante el periodo 2010-2012; sin embargo, falta mucho camino por recorrer. 

Y es que la trata de personas vulnera los derechos fundamentales a través del engaño, sometimiento, coacción, abuso de poder, intimidación o amenaza, incluso en contra de la voluntad o viciando su consentimiento, equiparando, además, la condición de las personas a la de un objeto, aprovechado por el tratante para obtener beneficios ilícitos.  

Uno de los antecedentes históricos de la trata de personas se sitúa en el periodo medieval, concretamente durante la lucha entre musulmanes y cristianos, cuando las personas adquirían un “rango de mercancía”; en 1869, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el vocablo "trata" para referirse al "comercio de esclavos africanos"; en 1904, se firmó el primer acuerdo internacional para asegurar la protección eficaz contra el tráfico criminal denominado "trata de blancas": dicho término fue transformándose e incluyendo toda forma de explotación en contra de cualquier persona.

En fecha más reciente, en el año 2000, surgió el "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños", conocido como "Protocolo de Palermo"; un instrumento cuya finalidad es combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas, así como promover la cooperación entre los Estados parte, para combatir dicho delito de manera integral; dicho “Protocolo de Palermo” fue firmado por México en el año 2000.

“Los gobiernos no pueden cruzarse de brazos y esperar a que las víctimas se identifiquen; todo lo contrario, deben buscarlas de manera proactiva mediante investigación en los sectores de alto riesgo, observación de las poblaciones vulnerables y capacitación de los funcionarios públicos correspondientes”, señala el “Informe 2014 sobre Trata de Personas”, en cuya introducción el entonces embajador plenipotenciario para Vigilar y Combatir la Trata de Personas, Luis C. de Baca, apuntaba acertadamente: “la transición de víctima a sobreviviente es un camino que nadie debe recorrer solo”.

Seamos solidarios con los millones de víctimas de trata de personas, comprometidos en la medida de nuestras posibilidades y responsabilidades a devolverles lo que han perdido: la esperanza.