Ayer, la oficina de Comunicación Social del Gobierno estatal emitió un comunicado para informar que durante la madrugada de este sábado 19 de julio, se registró un allanamiento en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
Agrega el comunicado que, durante el incidente, un guardia de seguridad fue agredido por personas desconocidas por lo que recibió atención médica de inmediato y, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.
“Las autoridades confirmaron que se accedió de forma indebida a diversas áreas de la dependencia, donde se revisaron espacios y documentos. Si bien no se sustrajeron bienes de valor, este hecho representa una situación delicada que ya está siendo atendida por las instancias correspondientes”, apunta.
Finalmente, refiere que el Poder Ejecutivo ha presentado una denuncia (suponemos que de hechos porque no se advierte qué delito se pueda configurar), y avisa que los servicios que brinda la Secretaría de Desarrollo Sustentable no se verán afectados y operan con normalidad.
Dos horas después, la Fiscalía General del Estado que encabeza Edgar Maldonado Ceballos, emite su respectivo comunicado en el que anuncia que ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente. “El Ministerio Público, auxiliado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y especialistas de la Coordinación General de Servicios Periciales, recopilaron indicios en el lugar como parte de las indagatorias de campo y gabinete”, dice el escueto boletín.
“Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos agotará los procedimientos correspondientes y todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades, siempre respetando nuestro marco jurídico vigente”, advierte la institución. No podía ser de otra manera.
Y qué bueno que lo menciona el comunicado oficial de la FGE, porque una de las líneas de investigación que no se debe descartar es que se trata de un “autoallanamiento”.
Hasta ahora no se sabe cuántas personas y con qué armas fue sometido el elemento de seguridad, ya sea de PIBA o de una empresa de seguridad privada. Es el primero que debe ser sometido a interrogatorio.
Por otra parte, ¿de quién fue la idea de distribuir fotografías del allanamiento? Es como si en un hecho criminal, las víctimas de una casa recién robada invitan a los curiosos a que se acerquen a ver lo que ocurrió, cuando lo principal en una investigación es la secrecía de la misma.
El siguiente paso es citar a comparecer ante el Ministerio Público al titular de la dependencia, Alan Dupré Ramírez, para que aporte información sobre el tipo de documentos que guarda en esas oficinas y si existe algún caso que pudiera considerarse susceptible de una amenaza o acto de amedrentamiento.
Hay razones fundadas para sospechar que el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable es proclive a inventar este tipo de cosas (mitómanos les dicen) o de plano tiene muy mala suerte:
Tres semanas antes de la elección en la que resultó ganadora Margarita González Saravia, llegó a la casa de Campaña diciendo que lo habían “levantado” y que le habían quitado una camioneta Tiguan, así como su teléfono celular, por lo que el comandante Francisco Sánchez le asignó un par de escoltas.
Luego, ya cuando había asumido el cargo, dijo que unos desconocidos lo habían amenazado de muerte, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le asignó una camioneta blindada en la que se mueve para todos lados, incluso para actividades no relacionadas con su actividad en la administración pública.
Pero ¿quién es Alan Dupré Ramírez?
Su semblanza en la página oficial del gobierno del estado es de menos de 40 palabras:
“Es maestrante en Gestión Ambiental, se ha destacado por su amplia experiencia en temas de desarrollo sustentable; abordado los problemas ambientales desde sus causas socioeconómicas y culturales.
Tiene amplia experiencia en dirección y coordinación de proyectos ambientales dentro del servicio público”. Es todo.
El que lo conoce bien es Israel Reyes Medina, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), con quien participó en aquella trifulca en los Belenes, cuando la Junta de Gobierno estaba por definir la terna para elegir rector, en la que finalmente salió favorecido Gustavo Urquiza, en 2017.
Hay un documento en la Rectoría de la UAEM firmada por consejeros universitarios alumnos en el que piden la destitución de Israel Reyes Medina, José Armando Mejía Campos, Alan Dupré Ramírez y Miguel David Ramírez Fabián, presidente, secretario general, secretario ejecutivo y vicepresidente, respectivamente.
“Nos deslindamos y repudiamos el acto de violencia que se llevó a cabo el día 26 de octubre de 2017 durante la sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Somos conscientes de la problemática que atraviesa la Universidad y nuestro estado, sin embargo, estamos convencidos que este tipo de actos violentan el principio de democracia que debe regir nuestra vida universitaria”, dice el documento.
Ya sin la protección de Israel Reyes Medina (quien fracasó en dos ocasiones por conseguir un cargo de elección popular en su natal Tlayacapan), el estudiante de Administración encontró cobijo con Efraín Esaú Mondragón Corrales, hijo de un líder religioso ampliamente conocido en Cuernavaca, quien lo ocupó para que le cargara el portafolios, pero en cuanto pudo lo acomodó en el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Por cierto, encontramos un documento firmado de puño y letra de Alan Dupré como coordinador de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, fechado en el 2021, en el que se ostenta como “Lic.”, siendo que su cédula (12825821), tiene fecha de 2022, lo que supondría la comisión del delito tipificado como “usurpación de funciones”.
HASTA MAÑANA.
