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Desde 2010 a 2019 fueron encontradas 40 fosas clandestinas en el estado, principalmente en los municipios de Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Tlaltizapán, Amacuzac y Jiutepec, según una investigación independiente realizada por los periodistas Carlos Quintero y Wendy Selene Pérez (ésta última ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2019).
Las fosas clandestinas comenzaron a proliferar tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, líder del grupo criminal de los hermanos Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, en Cuernavaca, y en medio de la pugna por el territorio entre sus colaboradores Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, y Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, detenidos en 2010.
La mayoría de las fosas fueron halladas en los años 2010, 2011 y 2014, entre ellas las de Puente de Ixtla. Tan sólo en 2010 fueron desenterrados 36 cuerpos de tumbas clandestinas y los cadáveres exhumados fueron repartidos en los tres Semefo de la Fiscalía de Morelos. Estos, junto con las tres mil 445 víctimas de homicidios, saturaron las tres morgues del estado. Ninguna se dio abasto.
Para tratar de solucionar la saturación, el 28 de marzo de 2014, la directora general de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, Ana Lilia Guerrero Moreira, ordenó que todos los cadáveres no identificados que permanecían en las morgues de la entidad fueran enterrados.
Un total de 119 cuerpos fueron enviados a fosas comunes, incluidos siete que sí habían sido identificados por sus familiares, pero que también fueron desalojados porque -argumentó Guerrero- las cámaras frigoríficas “debían estar limpias”.
Entre los cuerpos iba el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven de 31 años que el 3 de junio de 2013 fue hallado muerto y después fue identificado por su familia. Sin embargo, la autoridad ministerial optó por mantenerlo en la morgue hasta obtener una orden de aprehensión contra los responsables. En la espera fue desalojado con el resto y enterrado en un terreno baldío en la comunidad de Tetelcingo. “Fosa clandestina”, acusaron ONGs y el padre Solalinde; “fosa oficial sobre un panteón irregular”, declaró en aquel momento el gobierno.
María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver, obligaron a las autoridades a abrir las fosas para sacar el cuerpo de su familiar, y grabaron aquella polémica escena donde se veía un altero de cuerpos enterrados. Su video –además de provocar un escándalo que llegó hasta las cadenas de televisión norteamericanas- movilizó a familiares de personas desaparecidas de Morelos y de otros estados del país que presionaron hasta que se abrieran esas fosas ilegales.
En agosto de 2016, tras 12 días de exhumaciones en el que integrantes de colectivos de víctimas supervisaban los hallazgos, se descubrió que el Estado –gobernado entonces por Graco Ramírez- había enterrado 119 cadáveres fuera de cementerios: 34 sin investigación penal de su homicidio y 13 sin necropsia. Tres eran cuerpos de niñas.
Pronto se supo que las irregularidades no sólo ocurrieron en Tetelcingo, también en Jojutla. En marzo de 2016 en dos fosas de Jojutla fueron enterrados 84 cuerpos en las mismas condiciones. Los trabajos de exhumación nunca se completaron. Sólo dos exfuncionarios han sido vinculados a proceso, ninguno de sus superiores ha sido procesado.
En 2016, pese a las protestas de las familias de víctimas, seguían las prácticas deficientes y los errores. Ese año la agente del Ministerio Público Monserrat Castañeda encabezó un equipo especial - integrado por peritos en identificación humana, medicina, antropología, odontología forense, criminalística, química y fotografía de la Fiscalía Regional Oriente, y con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)- para hacer un inventario de cuerpos.
Al revisar la morgue de Cuautla, el grupo especial encontró cuatro cadáveres desconocidos que no tenían registro oficial, entre ellos un esqueleto anónimo dentro de una bolsa naranja y la leyenda “PGR SIEDO”. Descubrieron que en cada plancha metálica, con cupo para un cuerpo, habían sido acomodados cuatro de costado para aprovechar el espacio. Otros cadáveres estaban apilados en el piso de la misma cámara de nueve metros cuadrados.
Durante seis años el cadáver de la bolsa color naranja había permanecido en “el limbo”, abandonado en la cámara frigorífica de Cuautla, hasta que el 17 de febrero de 2016, la agente del MP Monserrat Castañeda Delgado lo descubrió y comenzó a hacer las investigaciones para saber cómo había llegado hasta ahí.
Fue así como arribaron a la conclusión de que ese cuerpo era uno de los que se habían encontrado en una fosa clandestina en un campo de cultivo denominado ‘Paraje Alto’, ubicado a cinco kilómetros al norte de la carretera federal Puente de Ixtla-Amacuzac, el 8 de septiembre de 2010.
En aquella ocasión, todo el operativo lo organizó la extinta Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), pero tras la exhumación de los cadáveres éstos fueron repartidos en diferentes anfiteatros, y uno de éstos simplemente “se les perdió”.
El “cadáver olvidado por la PGR”, resultó ser Julio N, un veinteañero con dos hijos que trabajaba en el área de Servicios Generales del Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román”.
Julio salió ese día (16 de noviembre de 2009) a las cuatro de la tarde, dijo a su esposa que al rato regresaba pero ya nunca volvió. La madre confirmó que Julio llegó a su casa, “de entrada por salida”, después abordó su vehículo. Pronto ella se preocupó, y en su denuncia diría: “Le marcaba a su celular, sonaba y me mandaba al buzón, esto fue durante dos días”.
Una semana después, el 23 de noviembre de 2009, presentó la denuncia por su desaparición ante la Fiscalía de la Región Sur Poniente.
Un agente del Ministerio Público integró el expediente de desaparición con la declaración de la esposa y la madre de Julio. En ocho años, ninguna autoridad, estatal o federal, realizó a la familia una prueba para tener su perfil genético. La madre y la nuera emprendieron la búsqueda sin obtener respuesta de la Fiscalía.
En los años de espera doña Martha –nombre ficticio- buscó a su hijo Julio hasta que enfermó de diabetes y perdió la vista. En un último esfuerzo, el 9 de junio de 2018, acudió a la fiscalía de Jojutla tras enterarse de la exhumación de 84 cadáveres de las fosas del gobierno. Tenía la esperanza de hallarlo entre los cuerpos.
Presentó una segunda denuncia ante un agente del Ministerio Público y éste ordenó que le tomaran una muestra biológica para confrontarla con los datos de cuerpos no identificados desenterrados de Tetelcingo y Jojutla, y los ingresados en el inventario de 2016.
El 4 de diciembre de 2018 la fiscalía confirmó mediante confrontas de ADN que aquel cadáver olvidado del que ninguna fiscalía quiso hacerse cargo, era Julio, el hombre desaparecido una década atrás y que su esposa y su madre habían buscado en todas las instituciones de procuración de justicia.
Cinco meses después de hallar los restos de Julio, la madre de 60 años falleció víctima de covid-19 sin conocer la justicia, ni por el asesinato de su hijo, ni tampoco por la negligencia de las autoridades que tenían la obligación de buscarlo.
Ningún servidor público estatal o federal ha sido investigado pese a que por las irregularidades en la custodia del cuerpo de su hijo se abrió la carpeta de investigación CT-UIDD-C/1773/2016.
Lo anterior es un resumen del reportaje de investigación realizado por Carlos Quintero y publicado en diversos medios nacionales bajo el título de “De fosa en fosa, de anfiteatro en anfiteatro, las fiscalías se desentienden de sus cadáveres”.
